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Mafias tras la Corte de Constitucionalidad

Evolución

Sin duda, el precedente más importante que ha fijado la Corte de Constitucionalidad en su historia, para la vida jurídica y política del país, es haber sentado las bases para que quien la controle tenga el poder absoluto, legal y político en el país. Por supuesto que dichas bases son meramente legalistas, en el sentido que formalmente sus decisiones no son recurribles ante ninguna instancia superior, por muy ilegítimas que sean. Por lo que, sobre esa base, la Corte ha proferido impunemente una serie de decisiones que han llegado al extremo de contravenir la propia constitución y a convertirse en una verdadera usurpación de su poder jurisdiccional-constitucional que va mucho más allá de las atribuciones que la propia constitución le confiere. Y en cuanto se les denuncie por las ilegalidades y atropellos cometidos, la corte se ha auto proclamado impune, sobre la base de una tergiversada interpretación de la ley constitucional de amparo, de manera que ha garantizado para sus integrantes la irresponsabilidad absoluta en cuanto a cualquier ilegalidad que cometan en el ejercicio de sus cargos. Y para quienes osen desobedecer sus imposiciones, por más ilegítimas e ilegales que sean, no existe más que la persecución penal y la cárcel. Si ello fuera poco, tampoco existe un elemento básico de todo sistema republicano, consistente en un contrapeso efectivo, de manera que ese balance sirva para procurar que nadie, incluida la propia corte, abuse del poder depositado temporalmente en quienes la integran. La Corte se ha erigido a sí misma sobre un trono supraconstitucional desde el cual impera, luego de haberse auto coronado y auto proclamado poder supremo; infalible, incuestionable para quienes les interesa que así sea, que así siga.

Así, desde mafias disfrazadas de activistas y grupos de presión de “izquierda” que pretenden imponer su ideología a toda costa, pasando por intereses y sectores, particularmente económicos típicamente asociados con la “derecha” mercantilista y sus privilegios, hasta los más crasos integrantes del crimen organizado que a toda costa desean continuar con sus actividades delincuenciales y corruptas, se han enfrascado en una lucha descarada y sin precedentes por inclinar a su favor la balanza de poder que representa tener el control de la Corte de Constitucionalidad con sujetos subordinados o al menos afines a sus intereses. Desde descalificaciones, acusaciones, acciones judiciales, amparos y cuanta otra estrategia se les antoje, estas mafias buscan mantener la composición del poder, unos, o agenciarse del poder a como dé lugar, otros.  Todos, mafias por igual, independientemente que cada bando pretenda promoverse como “los buenos” contra los malos, cuando ello no es más que retórica, porque el objetivo para todos, sin duda, es el poder.

Y para sumar a nuestra desgracia, la discusión circense entre muchos analistas o formadores de opinión, carece de contenido sustancial y se reduce a hacer eco de las acusaciones o defensas oficiosas de los personajes o interesados, puesto que en muchos casos estos “expertos” no son otra cosa que operadores mediáticos, solapados a veces, descarados otras, de los intereses que les patrocinan y que defienden.

Para los demás, que no somos parte de esa lucha de poder, nos quedará entender que nada va a cambiar hasta que se reformen al menos dos aspectos de la constitución. El primero, la integración de las cortes, incluida la Corte de Constitucionalidad, buscando mecanismos para evitar que sus integrantes queden subordinados a intereses políticos. El segundo, implementar un contrapeso funcional a la Corte de Constitucionalidad que se pueda activar en circunstancias excepcionales, sobre la base de ciertos lineamientos que a su vez garanticen su independencia del poder político. En múltiples ocasiones he escrito sobre estos temas, habiendo desarrollado de forma más concreta las bases para estas reformas, por si le interesa.

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Alejandro Baldizón

Abogado y Notario, catedrático universitario y analista en las áreas de economía, política y derecho.

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