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Elecciones del CANG, por quienes no debemos votar

Kidon

Pocos días hacen falta para la elección de Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como de los diez magistrados que conformarán la Corte de Constitucionalidad por los próximos cinco años.

Por ello, vaticino una guerra judicial y mediática por parte de la izquierda radical del país, encaminada a no perder el control del Colegio ni de la CC, ante el evidente hartazgo de la sociedad guatemalteca por expulsar de una vez por todas a los que representan ese espectro ideológico.

Es por ello, que esta facción tiró al ruedo para la elección profesional al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quién para su información, está vinculado a proceso por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violencia contra la mujer. Ha sido señalado de efectuar investigaciones ilegales y fabricar casos amañados cuando laboró para el Ministerio Público y, además, por haber asumido como superintendente de la SAT, a través de un amparo, debido a que obtuvo la calificación más baja del sistema de oposición.

En su planilla vemos, al licenciado Rootman Estivens Pérez Alvarado, dentro de cuyos deméritos se encuentran el hecho de haber fungido como asesor jurídico de la Fundación Sobrevivientes y de la Fundación Myrna Mack, lo cual le valió para dirigir la Secretaría de Política Criminal en el Ministerio Público, en tiempo de la fugitiva Thelma Aldana y la facilitadora de documentación a migrantes ilegales Mayra Véliz. Rootman además, es sujeto de investigación en la fiscalía de asuntos internos y la fiscalía distrital por diversos hechos delictivos.

Siguiendo la lógica jurídica utilizada en elecciones recién pasadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y ratificada por la Corte de Constitucionalidad, ninguno de estos profesionales podría postularse para ocupar un cargo en el citado Colegio Profesional, pues debido a los señalamientos penales que los acompañan, carecen de los requisitos de idoneidad y capacidad.

Por otro lado, tenemos a la planilla integrada por los abogados Enrique Möller Sanchez y Julio Roberto García Merlos García, la cual aglutina a diversos abogados de diferentes universidades privadas del país y por ello, su emprendimiento y vocación de servicio debería estar orientado a la defensa del orden jurídico del país, la defensa de las garantías individuales y los valores conservadores de la sociedad, pero no es así.

Desafortunadamente, muchos de los colegas convenientemente olvidan los graves daños sociales y económicos ocasionados por el enfrentamiento armado que se libró en el país, donde diversos actores y sus descendientes pasaron de empuñar el fusil a defensores de derechos humanos y supuestos activistas de la sociedad civil y que a la fecha, continúan sangrando al Estado a través de resarcimientos ilegales, así como en la promoción de acciones jurídicas espurias destinadas a imponer un régimen socialista de miseria.

Dentro de ellos, podemos mencionar al abogado corporativo Julio Roberto García Merlos, quién olvidando los principios rectores de la UFM, trata a base de una serie de alianzas con diferentes personajes que constituyen un riesgo para la seguridad nacional, de ocupar un cargo gremial en el CANG, para con posterioridad utilizarlo como herramienta de persecución en contra de cualquier colegiado que no será afín a los intereses de sus patrones.

Por ello, estimado colega este martes nueve de febrero vamos todos a votar por quien con valentía garantice un respeto institucional y gremial. Por allí nos vemos.

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