Press "Enter" to skip to content

Elección de Magistrados a la Corte de Constitucionalidad

Antropos

Guatemala vive uno de sus momentos más trascendentes en torno a la consolidación del Estado de Derecho. Está en juego el proceso de elección de los magistrados que asumirán en el mes de abril, sus responsabilidades en la Corte de Constitucionalidad. Instancia central en la conducción justa, moral y adecuada de la justicia.

El poder ejecutivo tendrá que nombrar sus representantes, el Congreso de la República también, así como el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tremenda decisión ética, inteligente y recto nombramiento con trasparencia de los futuros magistrados.

La sociedad está atenta con los ojos de la conciencia, acerca de este proceso, porque, espera, tal y como lo que significa la palabra justicia, que los magistrados electos, deben de estar alejados idealmente, de los grupos de interés poco genuinos y de escasa legitimidad moral.

Habrá que tomar en cuenta que la elección de los magistrados a la Corte de Constitucional es hoy, más importante que nunca, porque es profunda la debilidad del sistema de justicia. No hay ninguna duda que existe una contundente penetración de la corrupción. Necesitamos un combate frontal a la impunidad en donde se da la transgresión de las normas morales y jurídicas evitando a toda costa los incentivos sociales que obran a favor de la inmoralidad. Lo más grave de este problema, es que quienes se acogen a estos vicios sociales, terminan saliéndose con la suya lo cual incide en desmoralizar a la población. Pareciera que hemos llegado a tal nivel, que ni siquiera existe censura pública contra la corrupción y la impunidad, porque quienes se benefician de estas acciones gozan con tranquilidad los frutos de sus inequidades. Y esto es lo que refleja el estado actual de la administración de justicia.

Interesa destacar en torno a la justicia, la flaqueza del poder judicial para una adecuada administración de la misma, que se manifiesta entre otros rasgos en los endebles y viciosos aparatos judiciales, en la casi inexistencia de áreas de trabajo a nivel nacional, en la incapacidad o falta de voluntad de cumplir con un precepto básico del Estado democrático de derecho como lo es la justicia pronta, junto al complejo y profundo problema de la violencia homicida que se ha incrustado de forma dramática en el seno de nuestra sociedad y el cual, el Estado no ha logrado detener.

Por otro lado, también es importante destacar de cómo el Estado democrático de derecho se debilita, por el hecho que no se le da el justo y objetivo valor de independencia al poder judicial, sino al contrario, este es influido de manera directa o indirecta por los otros poderes del Estado. Debemos recordar que “la justicia es el rasgo básico, necesario y suficiente que debe presentar una relación humana o un régimen social para resultar satisfactorio a sus participantes, dado que ésta constituye el requisito primero de una coexistencia pacífica, puesto que, si hay justicia, cada cual verá sus intereses apropiadamente tratados y obtendrá lo que le corresponde de acuerdo con sus actos, aporte y situación”.

Significa en términos prácticos que en toda sociedad existen normas que organizan la vida social y quienes las quebrantan deben de ser sancionados, por ello, el Estado debe impartir justicia cuando se vulnera la legalidad en el marco de la moralidad, lo que se traduce en la justicia penal, como una de las dimensiones de la misma, particularmente en una sociedad donde la criminalidad se manifiesta de una manera brutal, violenta, perversa y siniestra.

Obviamente, en el caso de nuestro país, tal y como lo explica el Informe Nacional de Desarrollo Humano del 2010, se han hecho múltiples esfuerzos en torno al fortalecimiento de la justicia, entre lo que se destaca, la búsqueda de la independencia del poder judicial, el nombramiento de los magistrados de acuerdo a la Constitución de 1985, la creación de la Corte de Constitucionalidad, las reformas al proceso penal y aprobación del Código Procesal Penal, la creación de la carrera judicial, el fortalecimiento institucional, una mayor inversión presupuestaria, y el inicio del reconocimiento del derecho consuetudinario y pluralismo jurídico.

Estas consideraciones me parecen pertinentes, para entender la importancia de la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. De los electos dependerá en gran parte, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la oxigenación moral de un sistema de justicia maltrecho.

Area de Opinión
Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor:

%d bloggers like this: