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Mynor Moto: Goza de la prerrogativa de antejuicio (I parte)

Kidon

La Constitución Política de la República, regula que los jueces y magistrados del Organismo Judicial, gozan del derecho de antejuicio, lo cual no es más, que la prerrogativa que se otorga por razón del cargo que se ejerce, para no ser investigados o procesados sin que previamente la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa.

De la misma forma, la Ley en Materia de Antejuicio, establece que los funcionarios públicos que gozan de inmunidad como los jueces y magistrados, no podrán ser sujetos de persecución penal, mientras la autoridad superior no los despoje de la coraza de que están investidos.

El Código Penal, regula los delitos de infracción de privilegios, abuso de autoridad y violación a la Constitución, para todo aquel juez, fiscal o agente de la ley, que investigue, procese o aprehenda a un dignatario sujeto de este beneficio, o en su caso que allane una propiedad o morada que le pertenezca.

El Código Procesal Penal, contempla al antejuicio como un obstáculo al ejercicio de la acción penal, por virtud del cual debe agotarse previamente el procedimiento administrativo para luego en su caso, proceder a dictar una medida de coerción en contra del sujeto privilegiado.

La Corte de Constitucionalidad, ha emitido jurisprudencia de sobra en el sentido que es punible la investigación, procesamiento o captura de un funcionario que goce de este derecho, tomando en consideración que la prerrogativa no protege a la persona, sino al cargo que se ejerce, a efecto de evitar un procesamiento penal, por motivos políticos, espurios o ilegítimos.

La Ley de la Carrera Judicial, es decir la norma que rige los aspectos de la prestación del servicio, establece que los jueces y magistrados del Organismo Judicial, tanto en servicio activo como en situación de excedencia u otra causa de suspensión temporal de la relación laboral, como lactancia, licencia, vacaciones, etc, ostentan el cargo jurisdiccional y por ende conservan todos sus derechos y prerrogativas.

Por ello, la orden de aprehensión y allanamiento solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y autorizada por la juez Erika Aifán, carece de legalidad, por los siguientes motivos: 1. Porque el juez Moto, goza del derecho de antejuicio, por lo que la FECI debió presentar la solicitud de despojo de inmunidad ante la Corte Suprema de Justicia. 2. Porque el acto que se pretende reprochar al juez, es decir admitir para su trámite una simple solicitud de discrepancia asignada por sorteo a su juzgado, fue emitido dentro del ámbito de las atribuciones legales que el artículo 203 de la Constitución, facultan a un órgano jurisdiccional.

3. Porque, en todo caso debió iniciarse una nueva investigación con un nuevo control jurisdiccional y no conexarlo a un proceso judicial ya existente y menos ante un juzgado de mayor riesgo, a donde se llega luego de un largo proceso administrativo que inicia cuando la fiscalía encargada de la investigación verifica la existencia de un peligro para la vida e integridad de los sujetos procesales, y debido a ello, acude ante la Fiscal General, quien solicita a la Cámara Penal de la CSJ la asignación de un juzgado de mayor riesgo. La Cámara Penal, puede admitir la solicitud y asignar el juzgado solicitado o denegarla, caso en el cual, procederá el Recurso de Apelación ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia quien resolverá lo pertinente.  

4. Porque como usted recordará, el abogado Mynor Moto fue electo por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, habiendo incluso prestado juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso de la República, de donde deviene que el mismo por este motivo, también goza de la prerrogativa de antejuicio.

Y, 5. Porque, la sede de los juzgados por su naturaleza, no pueden ser objeto de allanamiento, inspección o registro, ni sus expedientes judiciales secuestrados o sacados del tribunal y mucho menos, proceder al cierre de sus instalaciones y dejar de atender las diferentes diligencias judiciales programadas.

En defensa de la institucionalidad, hago un llamado: a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, para que procedan a tutelar de forma inmediata al juez Mynor Moto, confiriéndole todas las prerrogativas inherentes a su cargo. A los tribunales de justicia que dirimen las acciones constitucionales y ordinarias presentadas, para que resuelvan con valor y hagan que se respete el imperio de la ley, garantizando la independencia judicial. A la Corte Suprema de Justicia, a rechazar las acciones de antejuicio promovidas en su contra por espurias; y, por último, a la Fiscal General, para que destituya inmediatamente al fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro y demás personal de esa institución, responsables de conculcar el Estado de derecho.

Consentir esa ilegalidad, no sólo nos hace responsables de la vulneración institucional, sino que, además, da pauta para que, en el futuro, esta misma fiscalía asociada ilegalmente con la juez prevaricadora, puedan ordenar la captura de otro juez, diputado, alcalde, ministro, incluso a la propia Fiscal General o al presidente de la República y cualquiera de sus secretarios que no se ajusten a los intereses de los patrones del fiscal Sandoval, los cuales son de generales conocidas. Piénselo.

Continuará…

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