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Ovidio Orellana: incompetente de principio a fin

Kidon

Hace unos días, se eligió la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios y, esta semana se realizará la primera vuelta de la elección de magistrado a la Corte de Constitucionalidad que el citado colegio por mandato constitucional debe designar, con lo cual, inicia el principio del fin de la opaca gestión del presidente de la Junta Directiva, Ovidio Orellana, la cual será seguramente será recordada como una de las peores gestiones en la historia del Colegio.

Previo a reflexionar sobre todos los aspectos negativos que marcaron a dicha gestión, es importante señalar que el único logro de Ovidio podría ser, no reportar pérdidas económicas en los períodos de su gestión, cosa por demás fácil, debido a la gran cantidad de dinero que ingresa todos los días a las arcas del Colegio. Es de reconocer que, aunque era una obligación bastante sencilla de cumplir, los antecesores de esta Junta Directiva, incluyendo al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade (a quien parece que por donde pasa no le alcanza el dinero que no es suyo), reportaron continuamente pérdidas económicas para el Colegio, lo cual evidencia que estos personajes solo llegan a servirse de los puestos, a drenarle los fondos a la institución y a darse una vida de lujos y gastos que no se darían si fuere su dinero; todo ello, sin tener ninguna consecuencia al respecto.

En el caso de la gestión que culmina, vale señalar que durante estos dos últimos años ocurrieron en Guatemala algunos de los capítulos más oscuros de la justicia Constitucional, en los cuales, la nefasta Corte de Constitucionalidad, emitió una serie de fallos claramente cuestionables, contradictorios y por mucho, lejos de la imparcialidad y de la ciencia del derecho. Lamentablemente, el Colegio de Abogados, guardó silencio ante esos graves atropellos, dejando pasar cada una de las oportunidades para defender a los agremiados y al derecho mismo. Esa Junta Directiva optó, por callar o por emitir comunicados timoratos y ambiguos, evidenciando con ello, falta de valor de quienes tenían no solo la oportunidad, sino la obligación de defender el Estado de Derecho.

En su gestión, se continuaron con las “charlas, seminarios, diplomados” y demás oportunidades para hacer a costa del agremiado, campañas políticas que sumaran partidarios para los procesos electorales y, a cambio, el agremiado apolítico, que genera su sustento en los tribunales de justicia o en los despachos privados, recibió indiferencia y mayor burocracia. Lejos de ir adelante, el gremio retrocedió en cosas tan sencillas como el pago de colegiaciones e impresión de carné. Hoy, usted ya no recibe un carné de pvc o vinílico, sino de cartulina o de papel bond, con lo cual, el gremio retrocedió varias décadas, que me hacen recordar el tiempo de aquellas licencias de conducir de cartón que extendía la PN. Si esta Junta Directiva no pudo ni con los carnés, mucho menos podría con algo más.

Otra muestra de incapacidad que dio la saliente Junta Directiva se evidenció tras el fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía, ya que lejos de cumplir con su deber y convocar al proceso electoral, se escudó en el tema de la pandemia del COVID, para no convocar a votación y así, consentir ni más ni menos que la Corte de Constitucionalidad, no tuviese a un magistrado titular durante un buen tiempo. Todo ello, para congraciarse con sus pares políticos e ideológicos, nuevamente a costa del Estado de Derecho. Cuando finalmente fue obligado a convocar a elecciones, no pudo faltar el sello de la casa, pues, las elecciones fueron todo un desastre, denotando una vez más, incapacidad para realizar las tareas más sencillas y donde, allegados y contrarios de la Junta, coincidieron en calificar como un bochorno y de vergüenza, los procesos electorales realizados. La elección del doctor Mynor Moto, fue impugnada por los mismos grupos de poder que tanto daño le han hecho a Guatemala, y que quieren imponer una agenda ideológica marxista, y hoy en día, el Colegio de Abogados, no ha resuelto las impugnaciones presentadas, con lo cual, seguimos sin magistrado titular en la CC.

Por si lo anterior fuera poco, llegó el momento del evento electoral para la elección de una nueva Junta Directiva y Tribunal de Honor. Otro desastre en el mismo lugar (como que no entendió la magnitud del problema la primera vez), pues la elección se vio empañada por retrasos, poca transparencia en la asignación de las boletas por mesa, y un lugar que había demostrado no cumplir con los requerimientos de espacio para llevar a cabo tan importante evento.

Finalmente, para cerrar con broche de oro al licenciado Orellana, no se le ocurrió solicitar un espacio más grande como el Polideportivo de la zona trece o el Estado Nacional, para llevar a cabo el evento de las votaciones para la elección de magistrado de la Corte de Constitucionalidad que se llevará a cabo el veintiséis de febrero, pues, optó nuevamente por un lugar que limita el ejercicio electoral.

En conclusión, incapaz de principio a fin. Ojalá los agremiados guarden en su mente, con letras grandes el nombre de Ovidio Orellana y los que integraron la Junta Directiva con el, para que nunca más, otro incompetente ocupe un lugar tan prestigioso como la Presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

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