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De la juristocracia a una grave crisis de institucionalidad

Barataria

Cuando se hablaba de que la judicialización de la política y de los actos administrativos del Presidente de la República de turno a través de resoluciones cuestionadas y cuestionables de los órganos de justicia, especialmente de la Corte de Constitucionalidad pocos avizoraban lo que en realidad se estaba disputando en Guatemala.  El abuso de la acción de amparo, instituida para garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, al cual se recurre para prácticamente cambiar todo tipo de resoluciones judiciales, ha sido el instrumento preferido de los grupos de poder modificar los actos e incluso aspectos puramente constitucionales. Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, alabadas por unos y reprochadas por otros, denotaban que nos estábamos encaminando a una disputa de un poder cuya importancia no se había advertido, debido a que las resoluciones de este tribunal se realizaban apegadas a los preceptos constitucionales y de ninguna manera “estiraban como hule” la interpretación constitucional como se acostumbró a realizar.  En algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se consideró que eran necesarias aunque no por eso eran jurídicamente correctas, dado que resultaban un abuso del poder de los jueces constitucionales el dictar resoluciones que significaban un verdadero abuso de poder.

El gobierno de los jueces instaurado a través de la utilización del amparo y las resoluciones finales de la Corte de Constitucionalidad puesto que, del resultado de que todas las resoluciones de amparo van en apelación a la Corte de Constitucionalidad hace que finalmente sean los magistrados constitucionales los que resuelvan todos estos casos y ello, sin que existan un deslinde de responsabilidad, ya que según interpretan los propios jueces constitucionales son irresponsables de las resoluciones que dicta, puesto que confunden  conscientemente lo que es una opinión con una resolución o sentencia judicial, siendo que no es lo mismo pero convenientemente asi lo han expuesto ellos mismos y con la ventaja de que cualquier antejuicio que se plantee en su contra pueden “autoampararse” por lo que los convierte en ciudadanos de categoría especial, puesto que ni los presidentes de los poderes del Estado tienen tanta ventaja de hacer lo que literalmente les de la gana y actuar con total irresponabilidad y no temer a ningún tipo de antejuicio puesto que con un amparo planteado por ellos o en favor de ellos, ellos mismos siendo juez y parte lo resuelven a su favor y allí va a terminar todo el asunto.

Esta forma de gobernar mediante resoluciones judiciales dictadas por la Corte de Constitucionalidad, hace que este tribunal resulte ser el verdadero poder y con la ventaja de no sujetarse a nada, ni nadie puesto que aún de la misma Constitución de la República se deslindan mediante sentencias que la contradicen, la han hecho nula y  han deteriorado la institucionalidad del país.  Asi, tenemos sentencias de la Corte de Constitucionalidad que anulan las facultades políticas del ejercicio del poder del Presidente de la República como Jefe de Estado, sentencias que anulan el ejercicio de la política exterior del gobernante, sentencias que anulan incluso artículos constitucionales haciéndolos infuncionales, y opiniones que extienden periodos constitucionales como los de la ilegitima Corte Suprema de Justicia y de los Magistrados de Salas.  Mediante sus resoluciones también han decidido asuntos como los que ahora tienen limitada la elección de las Cortes y que convenientemente la siniestra Junta Directiva del Congreso y sus aliados han aprovechado para retardar la elección de cortes hasta que tengan el momento político que esperan, o también otras resoluciones de amparos que permitieron que el actual gobernante llegar al poder mediante la descalificación de sus contendientes más fuertes.

Así las cosas, se permitió instaurar un gobierno de jueces, dirigido por la Corte de Constitucionalidad que decidía sobre cualquier asunto político y social que llegar a sus manos y que convenía a ciertos grupos de poder, mediante la vía del amparo para hacerles llegar el caso que conocieran diligentemente y resolvieran convenientemente.  Sin embargo, lo que se veía normal termino siendo nocivo y cuando muchos alzaron su voz criticando a la Corte de Constitucionalidad por sus resoluciones complacientes para ciertos grupos como el hecho de impedir la declaración de “non grato” de una persona que no era una institución, sobre un embajador, sobre una actividad minera (resolución que duró muchos meses y que de todos modos no resolvió nada), o de elección de las Cortes; se les tildó de enemigos de la democracia o miembro de un supuesto pacto de corruptos que en realidad tiene dos bandos y cada quien está “halando agua para su molino y quiere tener el control”.

Ahora mismo, la Corte de Constitucionalidad entró en la crisis institucional que ha provocado ya que es la que tiene que renovarse, deben ser electos los magistrados constitucionales, y los que actualmente se encuentran en el cargo están haciendo peregrinación para continuar por otro periodo más, quizá por temor a ya no “autoampararse” o porque quieren seguir sirviendo a aquellos intereses oscuros que les han llevado allí.  Iniciada la carrera para renovación de este que no es un poder del Estado Republicano que tiene tres, sino que resulta ser el verdadero y real poder sobre el Estado, ya han iniciado los conflictos para integrarse.  En efecto, se ha empezado los cuestionamientos de los candidatos como primera fase y en esta fase se ataca a unos y otros que pertenecen a uno y otro bando de la contienda, la siguiente fase ya se puso en marcha y es descalificar mediante acciones judiciales a unos y otros candidatos, aparte de ello tenemos los tres poderes del Estado coludidos y con ello Congreso de la República, Presidencia de la República y la Ilegitima Corte Suprema de Justicia parecen estar de acuerdo en que van a elegir a los tres titulares y tres suplentes siguiendo su propia agenda y garantizarse las resoluciones más controversiales como las que van a dictarse para las próximas elecciones.  Luego tenemos dos instituciones cooptadas, el Consejo Superior Universitario que desde hace ya muchos años sabemos que esta controlado por un grupo que pone rectores a su sabor y antojo y que el actual rector con todo y una orden de captura ya había avanzado en este tema y el Colegio de Abogados y Notarios que, precisamente no es una institución honorable no por sus miembros sino por las mafias que lo han cooptado desde hace muchos años y cuyo interés nunca ha sido los agremiados.

Así las cosas, estamos a las puertas de una grave crisis institucional puesto que se está corriendo el riesgo de que la Corte de Constitucionalidad no se logre integrar completamente y en especial por los procesos de elección del Colegio de Abogados y Consejo Superior Universitario.  Ya para el caso del Colegio de Abogados uno de los candidatos se encuentra pendiente de orden de captura y sí llegare a ganar tendrían que proceder como se hizo con el frustrado Licenciado Moto que no pudo ocupar su despacho en el tribunal pese a ser juramentado por el Congreso; en el caso del Consejo Superior pues a fuerza de amparo fueron incluidos unos mas al listado y la cosa parece que al igual que la otra institución los electos serán objeto de impugnaciones.  Ya no tenemos una Corte Suprema y Magistrados de Sala de Apelaciones legitimos puesto que su periodo constitucional terminó hace ya mas de un año, ahora vamos a tener un tribunal constitucional a medias o ilegitimo pero resolviendo como lo han hecho hasta ahora, según su criterio y apartado de toda hermenéutica jurídica y constitucional.  De esta cuenta, la crisis que se avecina va a ser mucho mas grave que la que creemos y no sabemos en realidad el rumbo que nuestro país tomara.  Lo triste de todo es que hay quienes gritan que hay un pacto de corruptos queriendo cooptar las instituciones, pero en realidad el pacto de corruptos en Guatemala tiene a los dos bandos enfrentados que son, en realidad los corruptores.

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