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Inminente postergación en la CC

Kidon

La Constitución Política de la República, establece el período de cinco años para llevar a cabo la renovación de la Corte de Constitucionalidad, a través del procedimiento de designación de un magistrado titular y suplente por parte de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, así como por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios y el Consejo Superior Universitario.

Los magistrados designados deberán tomar posesión de sus cargos el catorce de abril del año en curso, sustituyendo a los ya electos. Pero, existe un riesgo inminente de que los designados, de manera ilegal se vean en la necesidad de postergarse en el ejercicio de sus funciones, esto, debido a las malas intenciones de la izquierda radical enfocadas a no perder el control del tribunal constitucional.

Para ello, se han valido de diferentes acciones difamatorias, constitucionales y penales para evitar a toda costa la designación de magistrados independientes y objetivos. Las primeras, encaminadas a desprestigiar a cualquiera que no se ajuste a sus intereses, las segundas, a suspender el proceso de selección, mientras las terceras, a encarcelar a sus rivales políticos e ideológicos, mediante la aplicación del derecho penal de enemigo.

Así, tenemos el proceso electoral gremial el cual culminó con la bochornosa derrota de Francisco Rivas y Eduardo Mayora, dos de los alfiles de la izquierda, que sufrieron el rechazo popular, resultando ganador por amplia mayoría el magistrado Nester Vásquez, y el ex rector Estuardo Gálvez, en contra de quien convenientemente se giró una orden de aprehensión, para tratar de impedir su participación.

Desde luego, la orden de captura no tiene efecto alguno en el proceso electoral, pues tal y como lo regula el artículo 9 del Reglamento de Elecciones del CANG, la segunda vuelta electoral se llevará a cabo entre los dos candidatos o las dos planillas con mayor número de votos, de donde con toda seguridad los colegas ratificarán su voto por el doctor Nester Vásquez y Claudia Paniagua, quienes además contarán con el apoyo de los adeptos de Estuardo Gálvez.

Pero, conociendo las argucias de los enemigos de la libertad, seguramente trataran de conseguir un amparo a la medida que les permita posicionar al tercer lugar o en su caso tratar de suspender el proceso electoral, fundamentados en la orden de detención, lo cual, de conseguirse, traería la postergación en el cargo de Mynor Moto y María Cristina Fernández García.

Por su parte, en el Consejo Superior Universitario se vaticina un escenario similar primero, por la no inclusión de tres aspirantes que resultaran favorecidos mediante la obtención de un amparo, segundo, para impedir a toda costa la designación de Omar Barrios y tercero, por la no reelección de Gloria Porras, lo cual, daría continuidad a José Francisco de Mata Vela y Mynor Par Usen.

En el Congreso, también se oyen los tambores de amparos para impedir la designación de las magistradas Dina Ochoa y Silvia Patricia Valdés, o en su caso de dos diputados que ansían llegar al poder, con lo cual, se garantizaría la permanencia de Gloria Porras en el poder.

De igual forma en el Ejecutivo, donde pretende interrumpir el proceso de selección con miras a designar a Roberto Molina Barreto, atendiendo a una mala interpretación constitucional de publicidad en la elección, lo cual, originaría la extensión de la magistratura de Dina Ochoa.

Y, por último, en el Organismo Judicial, muy seguramente será electo el Magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, donde a la fecha no se prevé alguna interrupción.

De cumplirse con el escenario expuesto con anterioridad, se vendría a consumar un nuevo rompimiento del orden constitucional, suspensión que equipararía a la Corte de Constitucionalidad, con la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, lo cual, obligaría a las fuerzas de seguridad civil y al pueblo, buscar con la ley en la mano retomar el control de la legalidad.

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