Kidon
Como ustedes sabrán, se llevó a cabo la nominación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte de los cinco organismos que postulan titular y suplente por el período de cinco años, con lo cual, se empieza a ver la luz al final del túnel en materia de certeza jurídica y estabilidad social.
La nominación de cuatro de los cinco magistrados obedece con toda claridad al hartazgo, frustración y fatiga de la sociedad guatemalteca, debido a los diferentes fallos ilegales, ilegítimos y sesgados que durante estos cinco años se emitieron en la Corte de Constitucionalidad.
Así, gobernantes y gobernados festejamos el renuevo de la Corte, pues estamos convencidos que los cuatro designados llegaran a terminar con la dictadura inconstitucional a la que nos sometieron los tiraros ideológicos, así como con las malas prácticas de los auto amparos para evitar ser investigados, los amparos exprés y a la carta presentados y otorgados en favor de falsos defensores de derechos humanos y activistas de la supuesta sociedad civil.
Por ello, la terminación del reinado de la impunidad que se implantó desde esa Corte traerá diferentes consecuencias legales. Primero, los magistrados designados deberán retomar el espíritu de su creación constitucional, y por ende someter su actuación a la Constitución y la ley. Segundo, respetar el libre funcionamiento de los organismos soberanos del Estado, evitando a toda costa entrometerse en asuntos que no son de su competencia. Tercero, apartarse de la jurisprudencia implementada en materia de derechos humanos, tomando como base que la Constitución Política, prevalece sobre cualquier ley o tratado incluso, de carácter internacional, principio conocido como de supremacía de la Constitución.
Cuarto, proyectar su actuación en defensa del orden constitucional para así, alcanzar el bien común, fomentando la industria, el comercio y la inversión, y no su limitación. Quinto, tutelar las garantías individuales, en especial la vida desde su concepción, así como la libertad individual. Sexto, agilizar la resolución de los conflictos de tierras, tomando como base el respeto absoluto por la propiedad privada, como un derecho humano inalienable, a efecto de evitar la usurpación por parte de bandas de criminales.
Séptimo, ejercer un control constitucional que implique el respeto a los valores conservadores del país, oponiéndose a todas aquellas ideologías de género, abortistas, socialistas y demás tendencias del mal llamado orden mundial, así como exigir el respeto de la soberanía nacional ante cualquier nación o funcionario de esta que ose interferir en nuestros asuntos internos.
Los magistrados electos deben recordar que la función pública implica el deber de servir y no de servirse, y que el poder es efímero y que más temprano que tarde pasa factura y con creces, pues nada queda impune.
Por último, corresponderá a la ciudadanía en especial a la Fundación Contra el Terrorismo, promover las acciones jurídicas tendientes a denunciar y procesar a los magistrados salientes, por los crímenes cometidos en el ejercicio del cargo, acusaciones que deberán enfrentar solos, ya sin aquel acompañamiento impune que en su momento les proveyeron Iván Velásquez, Thelma Aldana y Todd Robinson, quienes al igual que el PDH y los mercenarios oenegeros, únicamente los verán ingresar a prisión sin poder hacer nada por ellos.
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