Denuncia ciudadana: arma contra la corrupción
Poptun
La finalización del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), representó el fin del modelo de lucha contra la corrupción que impulsó Guatemala, y que permitió la persecución penal de personajes que jamás antes hubiera sido posible verlos rindiendo cuentas ante la justicia guatemalteca, tal es el caso de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros funcionarios públicos de alto nivel y empresarios.
Razonable era pensar que la finalización del mandato de la CICIG, resucitaría una nueva degradación moral entre amplios sectores de nuestras élites políticas y económicas que incorporaría una sombra de cinismo y desprecio a la legalidad, acciones que sólo debilitan las instituciones del Estado y el sistema democrático de la nación.
La partida inesperada de la CICIG de nuestro país, extendió un obscuro panorama para la lucha contra la corrupción y desencantó a miles de guatemaltecos que exigían una lucha frontal contra este problema, pero a la vez comprendían que Guatemala al carecer de un modelo fiable, coherente y con liderazgo para combatir la corrupción, el manto de la impunidad se extendería con más fuerza.
Notamos como efecto dominó y de reacción inmediata, como diversos perseguidos advirtieron la necesidad de crear un tipo de asociacionismo para procurarse ilegalidad, recomponiéndose para atacar de nuevo y utilizando las mismas instituciones públicas para lograrlo. Observamos como las pocas Instituciones públicas que eran rescatables se fueron alineando al poder estatal, por lo que poco a poco se fue expandiendo un sentimiento de desanimo entre toda aquella población que manifestó en la plaza demandando trasparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos en nuestro país.
Sin embargo, la victoria de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos, por la gran influencia que posee esa nación sobre países como Guatemala, rompió parte de la pesadilla y generó nuevas expectativas y esperanza, por la promesa de éste de realizar un drástico giro en la política de Estados Unidos hacia los estados del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras, muy inversa a la política complaciente que Donald Trump mostró durante su mandato.
Ahora una nueva oleada de esperanza se difunde con un paquete de leyes que EE.UU. está impulsando abiertamente, entre ellas, la Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte, la Ley de Recompensas de Recuperación de Activos de Cleptocracia, Ley Magnitsky, que, entre otras cosas, incorporan tácticas y estrategias para contrarrestar la migración irregular hacia ese país, pero a la vez para combatir la corrupción en los países del triangulo norte.
Esa esperanza se robustece con el anuncio de la Casa Blanca que refiere que la vicepresidente de ese país -Kamala Harris- conversó con el presidente guatemalteco acordando promover la transparencia y la lucha contra el crimen en Guatemala.
Y es que no es un secreto que la corrupción naturalizada a alto nivel, es perniciosa para el desarrollo de los países al socavar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, y fabricar un mayor grado de desigualdad e injusticia en la sociedad. La corrupción posee un vínculo determinante en los flujos migratorios que proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras y se dirigen hacia EE.UU. Los actos de corrupción provocan afectación a derechos humanos de millones de personas que prefieren huir del hambre, la violencia, el desempleo y la injusticia social que impera en las naciones del Triángulo Norte.
Sin embargo, si queremos que este plan de EE.UU. funcione, es necesario empezar desde casa a condenar todos aquellos actos de corrupción y de abuso de poder que cometen varias autoridades de gobierno en beneficio propio. Es forzoso que la sociedad civil continúe asumiendo ese papel de denuncia pública. Nada harán los diputados, los ministros, el presidente de la República, sin presión ciudadana y sin exigencia social. Es imprescindible recordar que no hay democracia sin ciudadanía. Es importante que la ciudadanía nuevamente despierte y forme parte de la bandera contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción es un proceso que no se gana de la noche a la mañana, sino que es un proceso que debe ser sostenible a corto, mediano y largo plazo, lo cual es factible exclusivamente de la mano de la ciudadanía.
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