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Los desmanes del Congreso de la República

Barataria

Después de un par de semanas que me he tomado para descansar y meditar, agradezco siempre a mis lectores el tener la oportunidad de poder ser leído y comprendido en estos artículos que trato de replantear en cada momento la realidad nacional.  Quizá muchos de ellos parecen repetitivos, pero en realidad en un país como el nuestro no debemos permanecer impávidos ante lo que muchas veces hacen funcionarios públicos sin la menor muestra de vergüenza.  El Congreso de la República es uno de los tres organismos o poderes del Estado Guatemalteco, constituido en República que tiene a su cargo una serie de funciones, aunque esencialmente deberían de ser funciones legislativas, es decir la producción de normas jurídicas para consolidar el Estado de Derecho y por ende la democracia de nuestro país.  Desafortunadamente, los constituyentes cayeron en el vicio de constituir el poder legislativo para que funcionara con una mezcla de sistema presidencialista y parlamentarista creyendo en la vocación, honorabilidad, ética y patriotismo de los futuros diputados; de esta manera, se le dio al Congreso de la República además de las funciones propiamente legislativas, funciones fiscalizadoras para que pudieran funcionar el sistema de pesos y contrapesos.  Sin embargo, el invento de los constituyentes terminó siendo la base fundamental del Congreso que tenemos y la medicina resultó peor que la enfermedad.

En efecto, la supuesta función fiscalizadora del Congreso de la República, salvo raras excepciones ha servidos para que los Diputados puedan presionar a tanto funcionario corrupto, quienes para no ser exhibidos en sus transas y actos de corrupción, literalmente “negocian” con los Diputados “fiscalizadores” desde plazas hasta contratos, así vemos una serie de plazas y contratos vinculados con Diputados y sus familiares o bien empresas vinculadas con estos.  Es por ello que una figura que parecía prometedora como la debida fiscalización resultó ser la herramienta perfecta para que muchos “dignatarios de la nación” la utilizaran para aumentar sus propios capitales.  Así vemos que la citación de funcionarios o la interpelación de Ministros ha venido a ser pervertida, incluso existió casos en legislaturas pasadas en dónde la interpelación de un Ministro de Finanzas se solicitó y promovió sin que hubiere transcurrido ni siquiera una semana de haber tomado posesión del cargo y en contubernio con el mismo partido de gobierno para entrampar la agenda legislativa por muchos meses.

El actual Congreso de la República dominado por el partido de Gobierno y sus aliados, cuya neófita pero mañosa Presidencia ha repetido en dos años, se ha caracterizado por ser un Poder Legislativo al servicio del Presidente de la República y los grupos de poder factico que tienen su propia agenda.  El Congreso ha venido a ser un aliado para el retraso del país en todos los campos.  En Producción Legislativa, que debería sede ser su función principal apenas en lo que va del año lleva tres decretos, es decir que del 14 de Enero al 10 de Abril ha aprobado únicamente un decreto por cada mes, esto es una vergüenza para un poder que tiene como función principal la aprobación de leyes que consoliden el Estado de Derecho, pero cuando es de ponerse de alfombra al Señor Presidente, han llegado a aprobado hasta tres decretos en un día, especialmente aquellos decretos en tiempo de pandemia del año pasado en el cual le dieron al presidente facultades para gastar a manos llenas y sin ningún control, porque a la fecha no sabemos cómo se gastó el dinero, ni creo que lo sabremos dado el sometimiento del Contralor General de Cuentas a los dictados del señor Giammattei.  Además de ello han retrasado la elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones que debieron haber tomado posesión el 13 de Octubre de 2019 sigue entrampada, merced a que la “honorable” Junta Directiva y sus leales aliados, consideran que deberá cumplirse “al pie de la letra” una estúpida sentencia de la Corte de Constitucionalidad y con ello al parecer podríamos esperar que se instale la siguiente comisión de postulación antes de que esta Corte Suprema de Justicia, que va muy aliada al señor Giammattei abandone el cargo.

Los desmanes del Congreso de la República han sido tales, que la ultima de sus fechorías fue la emisión del Decreto 3-2021 que dispone la juramentación de los Magistrados Electos de la Corte de Constitucionalidad en el cual se instrudujo un peligroso párrafo que le otorga facultades al Congreso de la República para que consideré a quién Magistrado juramentará y a quién no, puesto que deja la puerta abierta para que cualquier incidencia que suceda, aunque no sea relacionada con los procesos de elección del Consejo Superior Universitario y del Colegio de Abogados y Notarios, pueda ser motivo de objeción por parte del Congreso y ello llevara a la no juramentación del Magistrado que tenga incidencias o acciones pendientes.  Con esto el Congreso de la República se guarda y reserva la facultad de juramentar y con ello no solo viola la ley, porque no es el Congreso el que está eligiendo a tales magistrados a excepción de los que por designación constitucional deba ser, sino las instituciones que determina la ley.   El actual Congreso, con una Junta Directiva abusiva y contumaz esta dispuesta a tener el control de la Corte de Constitucionalidad a como de lugar ya que entiende perfectamente que el asalto a esta institución representará el control del sistema jurídico del país, lamentablemente.

Cierto es que la Magistratura saliente de la Corte de Constitucionalidad, no es un ejemplo a seguir, muchos de los casos que resolvieron lo hicieron desde el punto de vista político y a conveniencia.  De tal manera que su interpretación constitucional hecha para resolver casos, especialmente de amparos polémicos, fue tan extensiva que muchas veces rayaba en lo ridículo al resolver en forma definitiva lo que era provisional y disponer aspectos que exacerbaban sus funciones. Pero ello no es motivo para querer controlar este organismo del Estado y de la forma en que se pretende por parte de la Junta Directiva del Congreso de la República y sus aliados es una aberración jurídica además de un abuso de poder que nos está llevando a una debilidad institucional similar a la que ocurre en Nicaragua y en Honduras de tal suerte que mañana no nos va a extrañar la reelección del actual Presidente, la descalificación de candidatos a Presidente, a Diputados a Alcaldes por medio de una institución servil como es el Tribunal Supremo Electoral que vergonzosamente se ha prestado a un juego político a favor de la eterna candidata presidencia perdedora, y cuyo actual Presidente el señor Franco Custodio al dar declaraciones insulta la inteligencia del mas humilde guatemalteco diciendo que suspende asambleas partidarias porque quiere cuidar la vida de los guatemaltecos, cuando el país ya esta en plena actividad. 

La alianza perversa entre el presidente Giammattei y el Congreso de la República con una Directiva y Diputados serviles, que votan lo que se les ponga enfrente siempre y cuando sirva para aviesos propósitos, en connivencia con la ilegitima Corte Suprema de Justicia que ya no deberían de estar en el cargo desde hace ya años y otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y Contraloría de Cuentas, está llevando al país al borde de una situación inédita que traerá lamentables consecuencias, si a ello le sumamos la manipulación que se está haciendo a la juramentación de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para excluir a aquellos Magistrados incómodos que lo único que buscan es la debilidad institucional para hacer lo que se quiera en el país. Así como Nicaragua gobernada ridículamente por una pareja en donde toda decisión nacional pasa por las consultas ocultistas de la señora Murillo y en donde la institucionalidad no existe ya que el control es casi total; o bien el estado hondureño convertido en un aliado del narcotráfico en dónde el Presidente Orlando Hernández (reelecto con vicios por encima de la Constitución) y su hermano condenado por Narcotráfico, ha convertido en ese país literalmente en un Narco Estado.  ¿Qué podemos esperar de nuestro país en donde el control de las instituciones es más que evidente?  Sin duda estamos acercándonos peligrosamente a un precipicio de consecuencias insospechadas.

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