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Gloria Porras: a la porra

Kidon

El catorce de abril del año en curso, es la fecha en que los magistrados titulares y suplentes designados por parte de los cinco órganos postulantes, asumirán sus cargos en la Corte de Constitucionalidad por un período de cinco años. 

De esa cuenta, el Congreso de la República espera realizar la juramentación de cuatro titulares y los respectivos suplentes, para con posterioridad llevar a cabo la toma de posesión en la propia corte y así comenzar a resolver los asuntos de interés nacional con objetividad e imparcialidad.

Hago relación a cuatro de los cinco magistrados titulares, pues, sobre la designación de la abogada Gloria Patricia Porras Escobar, pesan diversas impugnaciones, la más reciente presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, las que impiden asumir el cargo hasta que no sean resueltas en todas sus instancias, tal y como lo establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

El citado impedimento tendrá como consecuencia, por un lado, la postergación en el cargo del magistrado José Francisco de Mata Vela, quien fue designado por le Consejo Superior Universitario en el período anterior, y por el otro, que las denuncias y antejuicios promovidos en contra de la magistrada, se tramiten de acuerdo con el procedimiento común u ordinario que establece el Código Procesal Penal para cualquiera que no goce de la prerrogativa de antejuicio. 

Así, el Ministerio Público deberá llevar a cabo una investigación completa en contra de la abogada Porras, por los diferentes hechos delictivos cometidos en el ejercicio del cargo, denuncias que van desde abuso de autoridad, prevaricato y violación a la Constitución, pasando por encubrimiento, tráfico de influencias y asociación ilícita, hasta llegar a los tipos penales de cohecho y peculado por sustracción.

Dichas imputaciones deberán resolverse ante los órganos jurisdiccionales, los que tomando en cuenta las ilegalidades cometidas y las evidencias que las soportan, no tendrán otro camino más, que girar las ordenes de aprehensión, allanamiento y embargo de bienes en contra de la magistrada saliente, quien, sabiendo los años de cárcel que le esperan, seguramente se dará a la fuga, tal y como lo hizo la ex fiscal Thelma Aldana.

Desde luego, que los guatemaltecos no permitiremos la intromisión de ningún embajador, demócrata o integrante de Oenges, que de alguna forma pretenda imponer la toma de posesión de la exmagistrada, por lo cual, se hace un atento llamado a los organismos del Estado y en especial al Poder Judicial, para que actúen con valor y en defensa de la soberanía nacional.

Ya con la exmagistrada encarcelada o huyendo del país, la nueva Corte de Constitucionalidad deberá dictar las medidas necesarias para enmendar todas las ilegalidades cometidas durante su gestión, a efecto de lograr recuperar la institucionalidad y certeza jurídica, pilares necesarios para lograr el crecimiento económico y consecuentemente el bien común.

Y así, una vez más quedará demostrado lo que con tanta vehemencia hemos repetido, con relación a que el poder es efímero y que más temprano que tarde pasa factura y con creces, y que en esas instituciones que un día cooptaron a base de ilegalidades serán juzgados, con la única diferencia que hoy la ex magistrada, deberá enfrentar los cargos penales, sola sin la ayuda o el acompañamiento de aquellos que se beneficiaron de sus delitos, tales como el non grato, el PDH, los activistas de la supuesta sociedad civil y uno que otro embajador entrometido, quienes de seguro la verán ingresar a prisión o esconderse en otro país, sin mover un solo dedo por ella. Piénsenlo.

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