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El Estado de Derecho en el campo

Tanmi Tnam

Cuánto conoce la ciudadanía y la población en general de las leyes con que cuenta el país, especialmente aquellas leyes que tratan de la vigencia de sus derechos individuales y los derechos colectivos donde las condiciones sociales y económicas han marginado totalmente a la población de la presencia del Estado.  En la campiña, las personas viven su cotidianidad, acompañadas de la preocupación permanente de buscar algo de comida para los miembros de la familia. Cuando llegan las oportunidades para poner a prueba el uso de los servicios que el Estado debe tener a nivel de comunidades locales, entonces, es el momento de vivir la eficacia y la eficiencia del Estado de Derecho que debería tratar a todos por igual. Se dice que todos somos iguales, pero en la práctica, la mayoría vive discriminada.

Para resolver conflictos, se busca al Juzgado de Paz que generalmente se ubica en un centro urbano, lejos de las áreas rurales, poco accesible y se comunica en el idioma oficial en contextos donde el idioma de la población es uno distinto. Cuando se acude a la instancia más cercana, en muchos casos sucede que allí no se puede resolver el asunto, se traslada el caso a otra oficina, allí le dicen que pase a tal unidad, luego a tal otra, de manera que el exceso de trámites hace que el proceso es de nunca acabar. Es la justicia con contradicciones entre la tradición comunitaria y la que aplica el tribunal. Se le tiene miedo y muy pocos confían en los resultados. El Ministerio Público en más de algún municipio se caracteriza porque hay poco personal, que no tienen cómo movilizarse a las comunidades y que a pie no es posible llegar al lugar de los hechos, que es mejor no ir a las comunidades porque hay riesgos. En fin, los ciudadanos no perciben la protección del Estado.

Cuando se habla de organizaciones propias de los pueblos originarios, se les tilda de que ocasionan desequilibrios y generan problemas que alteran la paz en las comunidades respectivas. Esta situación problemática en la mayoría de casos es generada por las mismas instituciones del Estado y las organizaciones que funcionan desde la óptica de la cultura dominante debido a que entran desconociendo la presencia y el rol de las organizaciones propias de los pueblos y no creen en los resultados que logran alcanzar dichas instancias. El Estado limita el reconocimiento de las organizaciones propias de los pueblos, pero tampoco aporta las soluciones concretas.

En cuanto a los servicios de salud, el enfermo debe de trasladarse de su comunidad a la sede más cercana, pero a veces con simple observación le dicen que allí no hay medios para hacerle su chequeo y tampoco medicinas, entonces le toca buscar el hospital de la cabecera del departamento, luego a algún hospital de la región. En estos tiempos de pandemia, es posible que algunos municipios no han aplicado prueba alguna para la detección de casos y por lo mismo se mantienen sin el registro de contagios. Este estado de la situación deja a la población en desventaja y sin la atención responsable que debería de recibir.

La corrupción en algunas instancias locales de participación o en las instituciones de poder local está a la vista y sus efectos impactan en la población que por muchos años vive al margen de los beneficios que deberían generar los servicios públicos. Las expresiones para la realización del Estado de Derecho asoman poco, ese poquito con todas las dificultades de presupuesto, personal poco competente a las características socioculturales de las regiones, atiende a unos más y muy poco o nada para la mayoría.

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