Press "Enter" to skip to content

La lucha por la corte es la lucha por el poder

Evolución

Reitero mi argumento que el precedente más importante que ha sentado la Corte de Constitucionalidad saliente es que las fuerzas políticas que la controlan tienen asegurado un poder cuasi absoluto en el país. De ello que diferentes sectores e intereses políticos se han enfrascado en una lucha sin cuartel por mantener el control de la corte o agenciarse de él. Esta semana en el Congreso se juramentó, y posteriormente se dio posesión, a los magistrados titulares y suplentes designados por el Ejecutivo, Congreso y Corte Suprema, así como el magistrado suplente designado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos; no así a la magistrada titular designada por esta instancia, ni a los magistrados titular y suplente electos en asamblea del Colegio de Abogados y Notarios, en virtud que existen impugnaciones pendientes de resolver.

En el caso del Colegio de Abogados, recordemos que quedó en suspenso la designación de quien habría de suplir la vacante que dejó el difunto magistrado Mejía, por razones por todos conocidas. Posteriormente se llevó a cabo la elección por esta instancia de los magistrados para el nuevo período, habiendo participado en la segunda vuelta los candidatos que habían obtenido el segundo y tercer lugar en la primera, debido a las acciones penales interpuestas en contra del ex rector de la USAC, Estuardo Gálvez, pero acciones legales interpuestas por diversos intereses políticos dejaron en suspenso dichas designaciones.

En el caso de la USAC, se designó como magistrada titular a Gloria Porras, para el que sería su tercer período, habiendo sido designada por primera vez por el entonces presidente Álvaro Colom en el año 2011 y por el Congreso de la República en el año 2016, Congreso entonces presidido por Mario Taracena del partido Unidad Nacional de la Esperanza, partido que tenía el control del congreso en esa época. En el proceso actual se presentó una impugnación en contra de su designación, la cual el Consejo Superior Universitario no conoció, por lo que se recurrió de amparo, de manera que la Sala de lo Contenciosos Administrativo que conoció el amparo decretó el amparo provisional, ordenando que se conociera la impugnación y dejando en suspenso dicha designación. El Congreso había emitido el decreto correspondiente, con base en el cual habría de juramentar a los magistrados designados para el nuevo período de la Corte de Constitucionalidad, dejando una disposición que se exceptuarían casos en que existieren impugnaciones pendientes. Al ser notificados del amparo, la junta directiva del congreso tomó la determinación de excluir de la juramentación a la magistrada Porras. Será eventualmente la misma Corte de Constitucionalidad quien emitirá la decisión final sobre si ello se hizo en apego a la ley o si se violó el procedimiento, debiendo haber sido el pleno del Congreso quien habría de tomar la decisión de dejar fuera de la juramentación a Porras, en tanto se resuelva dicha impugnación.

Por supuesto que los partidos políticos, activistas y operadores mediáticos ideológicamente afines a Porras no demoraron en pegar el grito en el cielo y hacer algarabía de que a su juicio se ha dado un golpe al estado de derecho y se ha provocado una crisis constitucional. Con la hipocresía y cinismo característico de estos grupos ideológicos, convenientemente olvidan que mientras sus operadores, entiéndase Porras y sus aliados, dominaron la Corte, sistemáticamente sabotearon procesos de designación de magistrados de la Corte. Impidieron la designación del Licenciado Reyes como reemplazo de Consuelo Porras y retuvieron el proceso por dos años para que no se nombrase uno nuevo. Extendieron más allá del período constitucional a la Corte Suprema pensando que lograrían una mejor posición en el Congreso en la última elección, para dar lugar a que un congreso afín eligiese a la nueva corte. Sin embargo el resultado electoral les fue adverso, el nuevo congreso, dominado por otras fuerzas políticas, aprovechó tal circunstancia para demorar la elección de la Corte Suprema, esperar que saliera esa Corte de Constitucionalidad, cambiar la relación de poder en dicha corte y así tener un camino más fácil para conformar las cortes según sus intereses, lo cual se hará evidente en un futuro próximo. En ese contexto de lucha por el poder, otras fuerzas lograron avanzar candidaturas de impresentables como Moto o Galvez con el objetivo de arrebatarles el poder, pero, gracias a acciones penales, si bien entendibles, oportunamente calculadas por la FECI, lograron impedirlas, aunque la balanza ya se empezaba a inclinar en su contra y el tiempo se les acababa. Por cierto, hablando de la FECI, pregúntese amable lector cuál es el único partido político relevante en Guatemala cuyos funcionarios jamás han sido tocados por dicha instancia perseguidora de justicia, incluso, con la venia de la Corte.

Por supuesto que en cualquiera otra de las esquinas de este polígono de múltiples segmentos, el objetivo por agenciarse del poder y de que la Corte sirva a los intereses a los cuales obedece es exactamente el mismo. Ello se evidencia en las designaciones hechas por los tres poderes del estado, particularmente en el ejecutivo. No es de extrañarse que ahora la balanza se incline a favor de otros intereses y que la nueva corte responderá acorde. Quienes hoy denuncian tales circunstancias, son los mismos que se aprovecharon del poder hasta la saciedad cuando eran ellos quienes lo ostentaban.  Esto nunca ha sido de “los buenos” contra “los malos”, como algunos falazmente lo quieren presentar desde sus trincheras ideológicas. Como he dicho anteriormente, esto no es más que una lucha por el poder y, también como he dicho, lo único que nos salva de esto es una reforma sustancial que garantice la independencia de las cortes del poder e intereses políticos y que a la vez estén sujetas a un contrapeso constitucional para evitar abusos.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: