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¡Amenazados!

Teorema

La Constitución Política de la República de Guatemala, en la parte conducente de su artículo 140 dice: Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Posiblemente la gran mayoría de ciudadanos, creemos y refrendemos esa definición. Pero no todos. En el programa Razón de Estado, del miércoles 7, se llamó trasnochados discursos de soberanía a los argumentos sobre esa base. Pudo ser solo una ligereza de quienes redactaron el texto. Pero, hacerlo es tan despectivo como cuando el diputado de Retalhuleu irrespetó a quienes comemos frijoles.

Quiero, sin merecer el calificativo de trasnochado, someter a discusión lo siguiente: nuestra soberanía enfrenta tres serias amenazas. La congresista norteamericana nacida en Escuintla declaró que la migración es producto de la corrupción que existe en El Salvador, Guatemala y Honduras. Norma Torres agregó: En Honduras tenemos un gobierno unido al narcotráfico y en los otros dos países Guatemala y El Salvador― tenemos a dos presidentes que están involucrados en actos de corrupción”.

No se trata de discutir la veracidad de tal declaración. Cuando un funcionario público ofrece un testimonio así, lo hace en nombre de la institución a que pertenece. Por lo tanto, las declaraciones de la señora Torres difieren de la opinión de un ciudadano común. Lo dicho por ella debe tomarse como proveniente del Congreso de EUA y constituye, además de ofensa a los tres países, una intromisión en asuntos que solo competen a sus habitantes e instituciones.

Los mandatarios de Guatemala y Honduras mantuvieron silencio. Empero, en El Salvador, el presidente Bukele, dentro de su peculiar estilo, no se vistió de santidad ni trató de explicarse. Por lo contario: ¡atacó! Pidió a los hondureños, guatemaltecos, mexicanos, y salvadoreños que viven en California, que en la elección del 8 de noviembre de 2022 no voten por la señora Torres. El golpe debió doler a la congresista, haciéndola perder belicosidad.

Recordatorio: En 1950-56 Joseph McCarthy, basado en denuncias espurias, acusaciones sin fundamento, interrogatorios irregulares, declaraciones interesadas… llevó a proceso a una lista de personas que acusaba de ser comunistas. Tal proceso constituye una de las páginas más negras de la historia de lo legal en Estados Unidos. Se le asocia con la “cacería de brujas” en Europa (siglos XV a XVII) y a los juicios de Salem de 1692 en Nueva Inglaterra.


Un señor con un traje de color negro

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Hoy, 65 años después de concluido el macartismo, renace una nueva versión, ahora contra la región norte de Centro América. El congresista por Nueva York, Eliot Engel, propuso una ley que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, presidido por Nancy Pelosi. Ambos pertenecen al Partido Demócrata. Engel, pide una lista de “guatemaltecos, hondureños y salvadoreños involucrados en una corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas”.

La ley, además, ordena que “durante 5 años el Departamento de Estado y USAID promuevan la prosperidad, mejoren la seguridad civil, combatan la corrupción, fortalezcan la gobernabilidad democrática y frenen la migración irregular en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador)”.

Suena tan seductor y hermoso… Solo faltó decir que todos seremos inteligentes, ricos y felices.

En realidad, se trata de un aberrante abuso político contra la subregión latinoamericana de menor desarrollo. Contiene varias perversiones: Dice que la lista la hará el gobierno de EUA. ¿Enviará agentes de FBI a investigar? ¿O se basará en una lista ya elaborada por Norma Torres y sus amigos? El listado debió publicarse el 30 de marzo, pero se pospuso a última hora. Esto sugiere que ya había sido elaborado y que no provenía de ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos.

Permite pensar, por ejemplo, que Jimmy Morales, Mynor Moto, y algunos empresarios estarán incluidos en la lista, no así Alfonso Portillo, Yassmin Barrios ni dirigentes sindicales. Da lugar a sospechar que la selección será arbitraria, sin lugar para la presunción de inocencia. La Lista de Engelpodría ser como el historial del proceso de los imputados, que incluirá los cargos, el juicio y la condena.

También es perverso, porque quienes temen perder su honra y la de su familia, sin causa plenamente justificada ―recordar a Max Quirín o Flavio Montenegro―, en vez de mostrar justo enfado evitan dar la cara. Se pervierten buscando la amistad del opresor. La postura del CACIF, y sus declaraciones respetuosas al listado fueron lamentables. Quienes lo dirigieron el siglo pasado habrán de sentir vergüenza. La honra y prestigio de muchas personas, incluso de sus agremiados de nuevo podría destruirse, como sucedió antes con la CICIG.

El gobierno de EUA puede negar la visa a quien le plazca sin dar explicaciones, eso forma parte de su soberanía. Pero no tiene porqué publicarlo. No, a menos que se trate de una venganza personal o gremial –quizá solo de resentimiento— que su propósito sea robar el prestigio del señalado. La lista puede incluir el nombre de muchos culpables, pero basta que contenga el de un solo inocente para que deba ser proscrita y declarada enemiga del Estado. 

Si se quiere fortalecer el Estado de Derecho en los países afectados, La Embajada debiera llevar su lista al Ministerio Público ―en silencio, sin alardes ni aspavientos públicos― y aportar las pruebas con que cuente. Si se sienten con derecho a ejercer presión, esta debiera ser sobre los respectivos fiscales generales.

Hablan de mejorar la seguridad civil. Para hacerlo tendrían que enviar a un contingente de agentes de seguridad, investigadores, fiscales y jueces, quienes se encargarían de lograr lo que nosotros no hemos conseguido hacer. Es obvio que algo así no forma parte de su programa.

Si los gobiernos del triángulo norte de Centroamérica lo permiten tendremos a la USAID interviniendo en asuntos internos nuestros. Ellos se justificarán diciendo que se trata de acciones necesarias para “fortalecer la gobernabilidad democrática”. Pero no habrá tal fortalecimiento. La intromisión, contrario a fortalecerla, complicará la gobernabilidad.

 Las leyes, todas y cualquiera de ellas que emita el Congreso de EUA, no tienen vigencia en Guatemala. Absolutamente nada nos obliga a respetarlas.


Sería tremendo que nosotros, los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, que hemos aprendido a admirar al pueblo norteamericano, su generosidad, honradez y emprendimiento, (no así a sus gobiernos), podríamos terminar haciendo carteles diciendo:

Yankee go home”

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