Dos fiscales manipuladores de la ley
Kidon
La Fiscalía Contra la Corrupción, tiene competencia para investigar los hechos delictivos cometidos por los empleados y funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, y así garantizar la probidad, transparencia y buena gestión en beneficio y desarrollo del país.
Como Fiscalía de Sección, está a cargo de un agente fiscal quien además de reunir los requisitos generales, debe contar con especialización en administración pública, compras y contrataciones, procedimientos administrativos y temas relacionados con justicia constitucional, civil, mercantil, laboral e internacional.
Por sus corredores han pasado diferentes fiscales, dentro de los cuales recuerdo a Rubén Herrera, Karen Fischer, Selvin Manolo Galindo y recientemente Stuardo Ernesto Campo Aguilar, quien fue trasladado de la Fiscalía de Asuntos Internos, días antes de que la fugitiva de la justicia Thelma Aldana, se retirara del MP.
El cambio obedeció seguramente, para garantizar la impunidad de dona Thelma, quien perfectamente sabía que las denuncias de corrupción en contra de ella y su secretaria Mayra Véliz, serían asignadas a esta unidad fiscal, y que no habría mejor aliado que un fiscal afín a sus intereses, capaz de generar impunidad y con una clara amistad con Ricardo Guzmán Loyo, Juan Francisco Sandoval Alfaro, Sara Sandoval y Rootman Pérez, entre otros.
Es por ello, que la denuncia que la Fundación Contra el Terrorismo presentó en contra de la señora Aldana, por haber recibido doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América en su cuenta personal siendo Fiscal General, duerme el sueño eterno en esa fiscalía desde hace más de un año, a pesar de que los informes bancarios y los dictámenes rendidos por la Contraloría General de Cuentas, la responsabilizan no solo del pago ilegal recibido, sino que además, de no haber modificado su declaración patrimonial por el aumento de su peculio.
Duerme también, el proceso promovido por la FCT hace más de dos años, en contra de la exministra de salud Lucrecia María Hernández Mack, por la contratación fraudulenta de más de mil digitadores sin computadora ni acceso a internet, pero que mes a mes recibieron su cheque por la prestación de un servicio que no efectuaron, constituyéndose así, en una de las estructuras criminales que más defraudaron al citado ministerio, recursos que bien se hubieran podido invertir en el combate a la pandemia.
Y que decir de los casos presentados en contra de los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco y Jairo Flores, responsables de haber sustraído de FONAPAZ en el año 2015, miles de quetzales para supuestos proyectos sociales de construcción de vivienda, proyectos de agua potable y crianza de ganado y aves, los cuales nunca fueron investigados a pesar de haberse efectuado los desembolsos millonarios.
Así como las denuncias promovidas por el Programa Nacional de Resarcimiento, en contra de diferentes empleados de Álvaro Colom, sindicados de haber entregado miles de quetzales a supuestas víctimas del enfrenamiento armado interno, muchos de los que se identificaron con documentación falsa para obtener los cuantiosos resarcimientos, que seguramente fueron depositados en las cuentas bancarias de quienes manejaron esa dependencia.
Por ello, sorprende que casos recientes y con un claro interés político, rápidamente sean operativizados y expuestos en los medios de comunicación por parte de esa fiscalía, montando operativos de capturas, allanamientos, secuestros, embargos y cuanta medida de coerción se permita en contra de sujetos específicos.
Uno de los responsables de esa fiscalía en proveer impunidad a Thelma Aldana, a los diputados de la UNE y a la exministra de salud, así como de retrasar los casos en favor de los sindicados afines, es el auxiliar fiscal Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes, un moraceño que navega solapadamente como alfil contra la corrupción, pero que esconde un obscuro secreto que lo vincula directamente con la Fundación Myrna Mack, de donde salen directamente las instrucciones que ejecuta.
Esconde también un claro resentimiento en contra de la Fiscal General Consuelo Porras y su esposo, al punto de filtrar información confidencial que pone en riesgo la vida e integridad de la Fiscal y su familia, a quienes además ataca continuamente desde un perfil falso en twitter. Su descontento radica en la persecución penal que se emprendió en contra de la ex jefa del MP, así como por la amistad íntima que lo une con diferentes funcionarios de la FECI, con quienes conspira para delinquir.
Las prácticas ilegales y maliciosas implementadas por estos dos fiscales tuvieron como consecuencia la degradación de Stuardo Campo, como jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción y su asignación a la Fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, donde de ahora en adelante en vez de procurar impunidad, deberá investigar a coyotes, polleros y demás contrabandistas de artículos de primera necesidad.
El poder es efímero.
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