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No al pasaporte de vacunación

Poptun

Covid-19 es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.  El virus durante más de un año ha recorrido todo el planeta y a su paso ha inmerso de miedo, tristeza y dolor a miles de personas que han sufrido la enfermedad o han perdido a un ser querido. Simultáneamente, el virus ha intensificado la pobreza, el hambre y la muerte en distintos países, especialmente los más pobres, por el cierre de las fronteras o de la economía, entre otras cosas. 

Los expertos han coincidido que la única esperanza real para acabar con la pandemia y reactivar la economía, es la vacunación masiva de la población. Esa necesidad despertó la carrera para crear la vacuna y alcanzar la inmunidad colectiva. 

A partir de la aprobación de las primeras vacunas contra el Covid-19, algunos países han extendido la vacunación a la mayoría de la población, especialmente en aquellos países ricos que han liberado la vacunación para mayores de 16 años. En la Unión Europea, el 18.3 % de la población, al menos ha recibido una dosis de la vacuna, y a nivel mundial se cree que ese porcentaje es del 5 %. 

De forma contraria al proceso de vacunación que se observa en países del primer mundo, se evidencia que los países pobres han quedado rezagados en los procesos de vacunación por no contar con suficientes vacunas. Se verifica una marcada desigualdad en el acceso a la vacuna entre los países más ricos respecto a los países pobres. En los países ricos se ha vacunado a personas que poseen bajo riesgo y en los países pobres aún no se ha vacunado a personas con mayor riesgo ante el Covid-19. Esa inequidad ha dificultado los procesos de vacunación e inmunización de la población más vulnerable en los países pobres. 

No obstante, de este panorama adverso respecto al lento proceso de vacunación en los países pobres, algunos países ricos o aerolíneas promueven la iniciativa de requerir a sus ciudadanos o viajeros la constancia de haber sido vacunados contra la Covid-19.  A esta iniciativa se le ha denominado “pasaporte de vacunación o pasaporte de inmunidad” lo que permitirá a las personas que acrediten estar vacunados, acceder a ciertos lugares o efectuar determinadas actividades de ocio, como asistir al teatro, a bares, viajar, entre otras cosas.

Esa propuesta tiene antagonistas, entre ellos, la comunidad científica y organismos sanitarios internaciones como la Organización Mundial de la Salud, que lo rechazan por razones éticas al manifestar que sólo promueven discriminación, y exhortan a que no se exija a los viajeros internacionales, una prueba de vacunación como condición de entrada a un país “dadas las pruebas limitadas sobre la eficacia de las vacunas para frenar la transmisión (del virus) y la desigualdad persistente en la distribución mundial de vacunas”.

La autorización de un pasaporte Covid-19, sin lugar a dudas, discriminará a toda aquella población que por diversas razones necesite viajar, pero que proviene de un país pobre. Esa persona no podrá demostrar que ya está vacunado por el proceso lento de vacunación derivado del exiguo suministro de vacunas dentro de su país.

Los guatemaltecos, por ejemplo, ante esta iniciativa quedarían en verdadera desventaja, no por decisión propia, sino por vivir en un país pobre que posee una cantidad reducida de vacunas y del cual se colige que el proceso de vacunación durará varios años. Según datos registrados al 19 de abril de 2021 por el Ministerio de Salud y Asistencia Social, se han vacunado a 156,917 personas.  En fuentes no oficiales, se refiere que, al 17 de abril de 2021, las personas que han recibido la primera dosis de la vacuna ascienden a 155,973 y sólo 1,826 se encuentran totalmente vacunadas. 

Para la viabilidad de esta iniciativa, sería forzoso que se proporcionara a los países pobres “un suministro suficiente de vacunas del COVID-19 a precios asequibles para que las personas de los grupos prioritarios en los países en desarrollo puedan estar protegidas en esta pandemia; esto puede significar posponer las entregas a los países ricos para ponerse al día en la protección de las personas en mayor riesgo que viven en los países en desarrollo.”

La igualdad es un derecho humano, por lo que conceder a los países pobres la oportunidad de combatir la crisis sanitaria en igualdad de condiciones respectos a países con economías fuertes, a través de una equitativa distribución de las vacunas, es una demostración de voluntad por parte de las grandes potencias para reducir las desigualdades y asegurar que ningún país se quede atrás en la erradicación del virus. 

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