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Hipocresía y lucha por las cortes

Evolución

Reitero y sostengo que la lucha por controlar la Corte de Constitucionalidad en Guatemala no ha sido más que una sucia lucha de poder entre todos, entiéndase, todos, los sectores que buscan colocar sus piezas en una instancia que, de llegar a controlar, les permite un poder cuasi absoluto para imponer cualquier agenda política o ideológica que se pretenda, así como la defensa de los intereses de a quienes responden. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció reclamándole al Congreso de la República de Guatemala por la negativa a la juramentación de Gloria Porras para un tercer período en la CC, luego de haber sido designada por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, existiendo impugnaciones pendientes de resolverse. En concreto, la CIDH hizo “un llamado al Congreso de Guatemala a respetar el proceso de nombramiento en la Corte de Constitucionalidad conforme a la normativa interna y las obligaciones internacionales”, sumándose así a un cúmulo de pronunciamientos similares efectuados por gobiernos, intereses y grupos de presión política e ideológicamente afines. Todos quienes preferirían, desde luego, que la Corte de Constitucionalidad continuase en la línea ideológica que venía siendo conveniente y favorable a sus particulares intereses y posicionamientos ideológicos. 

En cuanto a la normativa interna, me permito recordarles a estos activistas el artículo 156 de la Ley, de rango constitucional, de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual cito textualmente: “No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley; pero mientras se resuelvan las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”. Y más claro no puede estar.

Ahora pregunto, siguiendo la “lógica” de estos activistas ideologizados ¿porqué solo reparan en cuanto a las impugnaciones que se dieron en el proceso de designación en la Universidad de San Carlos, del cual resultó electa su candidata, no así en la Asamblea del Colegio de Abogados, cuyas impugnaciones también están suspendidas debido a impugnaciones? O ¿porqué no objetaron cuando la Corte anterior admitió una impugnación, la cual retuvo por dos años, de una designación hecha por la Corte Suprema para magistrado suplente de la CC, cuando la ley de amparo claramente estipula que no es impugnable? O ¿porqué tampoco se pronunciaron cuando la anterior Corte de Constitucionalidad, en flagrante violación a la constitución, extendió el plazo constitucional y perentorio de uno de los tres poderes del estado e interfirió activamente en el proceso de designación de magistrados de Corte Suprema que constitucionalmente le compete a otra instancia? Y así podría seguir dando ejemplos. Queda evidenciada su hipocresía y que lo único que les interesa a estos grupos, como a cualesquiera otros que también interfieren en el proceso, es que las cortes queden integradas de acuerdo a sus peculiares intereses políticos, ideológicos o sectoriales; y lo que menos les interesa es una verdadera independencia judicial.

Por supuesto que no estoy defendiendo el proceso, y mucho menos el resultado. Más bien he sido el más acérrimo crítico del pésimo sistema de integración de las cortes en Guatemala, señalando que está diseñado para que las mismas queden supeditadas a los intereses y grupos de poder que dominan; así como también he formulado propuestas serias de reforma constitucional para mejorar la independencia de las cortes. 

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