Carta a la Fiscal General
Teorema
Señora María Consuelo Porras Argueta, décimo segunda Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de Guatemala, por mandato constitucional contenido en el artículo 251 de la CPRG, “cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”. Agrega el mismo artículo que al titular de ese cargo “corresponde el ejercicio de la acción penal pública”.
Entiendo, señora Fiscal General, que la persecución de delitos públicos corresponde al Estado y éste, al delegarlo en usted, lo hace con exclusividad. La presentación de cargos ante otras instancias, son remitidas a usted. Nadie puede iniciar persecución penal por ese tipo de delitos, cometidos en el territorio nacional, contra un ciudadano guatemalteco. Esa es prerrogativa y obligación suya y de la Fiscalía a su cargo.
¿Qué sucede, entonces, cuando quien presenta cargos e impone sanciones es una persona o entidad extranjera? ¿Y si se trata de un país dizque “amigo”? ¿Cómo debe reaccionar el Ministerio Público y la Fiscal General ante un hecho así? ¿Puede guardar silencio o está obligada a levantar pública protesta internacional?
El lunes 26 de abril anterior, Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones por corrupción a los guatemaltecos Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Felipe Alejos Lorenzana.
Ambos pasaron de acusados a convictos. Sobre ellos pesa sentencia y condena librada en otro país. En lo que considero imperdonable abuso, los juzgaron en ausencia, los declararon culpables y los sentenciaron.
Esto, al margen de la gravedad de los crímenes que ellos pudieron haber cometido. La contundencia de las pruebas o lo perverso que puedan ser. Entiendo, señora Fiscal General, que toda persona tiene derecho a un juicio desarrollado dentro del debido proceso judicial establecido por las leyes del país donde se ha cometido tal crimen. En Guatemala, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Felipe Alejos Lorenzana han sido objeto de demanda judicial.
El gran público supo de Alejos Cámbara durante el gobierno de Álvaro Colom (2008 a 2012). En 2009 resultó asociado a Sandra Torres y Álvaro Colom, la pareja presidencial, como autores intelectuales del asesinato de Rodrigo Rosemberg. Carlos Castresana, entonces comisionado de la CICIG desarrolló una versión novelesca que concluía afirmando que el propio Rosemberg planificó su asesinato. Tal versión liberó a los tres implicados, quienes habían sido acusados por Rosemberg.
En años posteriores, durante la inconclusa presidencia de Pérez Molina (2012 a 2016), Gustavo Alejos Cámbara se le acusó de participar en ventas sobrevaloradas de medicamentos al gobierno, principalmente al IGSS. Se le sindicó de haber sido el enlace entre funcionarios públicos e importadores de medicamentos. Se dijo que había acumulado una fortuna que roza los US$20 millones, cuyo origen no consiguió esclarecer. A finales de 2015 se le declaró prófugo, después fue detenido y puesto en prisión preventiva.
Sus contactos y recursos económicos podrían haberle permitido contribuir a corromper el sistema judicial. La mayor parte del tiempo ha estado recluido en hospitales argumentando padecimientos de salud. Desde allí también se le acusa de haber intervenido en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2019, un grave crimen contra la población guatemalteca.
Felipe Alejos Lorenzana (octubre 1984), actualmente diputado al Congreso de la República de Guatemala, estudió en Texas, Estados Unidos de donde regresó graduado en 2006, a la edad de 22 años. Se incorporó al partido UNE donde desarrolló amistad con Sandra Torres, entonces “dueña” de ese partido. Indudablemente se trata de un joven a quien resulta fácil relacionarse con otros, es inteligente y debe tener carisma (no lo conozco personalmente).
En 2008, Álvaro Colom lo nombró Cónsul General de Guatemala en Miami. Al término de su mandato, en 2011, regresó y fue nombrado secretario adjunto de la UNE y posteriormente candidato a diputado por el listado nacional de ese partido y ganó la elección. Tenía 27 años. Un año después junto a otros diputados de la UNE, renunció a ese partido para formar uno nuevo al que llamaron TODOS. En la legislatura anterior ocupó la Vicepresidencia de ese Organismo. Hoy, Alejos Lorenzana ocupa una curul por tercera vez.
A mediados de septiembre de 2018, Jimmy Morales, siendo Presidente de la República de Guatemala, prohibió la entrada al país de Iván Velásquez Gómez, Comisionado a Cargo de la CICIG. Varios grupos de izquierda política, afines a esa entidad creada por la ONU años atrás, organizaron protestas callejeras y llevaron el caso a la Corte de Constitucionalidad. Ésta falló a favor de esos grupos y ordenó a Morales permitir el ingreso de Velásquez. Morales desatendió esa orden y quienes protestaban intentaron despojarlo del derecho de antejuicio inherente a su cargo.
Se dijo que Alejos Lorenzana había mediado ante los diputados para evitar que el Presidente fuera llevado a juicio. Los quejosos insinuaron que en tal arreglo había mediado soborno y que era Alejos quien lo había hecho efectivo. Sin embargo, nunca aportaron pruebas que apoyaran tal afirmación. Fue entonces cuando nació el mote “Pacto de corruptos” mismo que viralizó en los medios de prensa escritos y televisados. Aparentemente muchas personas, aún hoy, creen que existió un pacto físico, escrito y firmado por los participantes.
La Superintendencia de Administración Tributaria frecuentemente ha incumplido su obligación de devolver en tiempo las retenciones y otros créditos fiscales que debe pagar a las empresas contribuyentes. Juan Francisco Sandoval, Jefe de la FECI, perseguidor implacable de Alejos Lorenzana, lo acusa de mediar, utilizando su influencia como diputado, ante la SAT para que efectúe esos pagos, cobrando por ello una comisión. Heredero del hábito de la CICIG de bautizar los casos, a este le ha llamado “Tráfico de Influencias”. La Corte Suprema de Justicia, encontró que las pruebas presentadas por el fiscal Sandoval carecen de sustento y en cuatro ocasiones ha rehusado retirar la inmunidad al congresista.
Sé que lo anteriormente expuesto, señora Fiscal General nada agrega a la extensa documentación que obra en su poder sobre estas personas. La documentación en el MP contiene más, muchísimo más que lo publicado en la Internet, de donde obtuve los datos referidos. Mi propósito no era informar a usted sino orientar a los lectores de este documento.
Ambos ciudadanos han generado mucho ruido en las instituciones de justicia y bien dice un refrán popular, que “cuando el río suena es porque piedras lleva”. Sin embargo, señora Fiscal General, el sistema de Justicia de Guatemala no puede sustentarse en dichos populares. Mientras ambas personas no sean condenadas por un juzgado guatemalteco, siguiendo el debido proceso, ellos gozan de presunción de inocencia.
Mientras eso sea así, y aún después, ningún país por poderoso que sea tiene el derecho de interferir en la justicia nacional. El señor Alejos Cámbara lleva casi 6 años de estar en prisión preventiva, lo que es una vergüenza. Él, como otros, han sufrido alargados procesos sin llegar a sentencia. Esa situación, que se repite en otros procesos, debe terminar. Nada debiera evitar que la justicia sea pronta y cumplida, como aprendieron a decir ustedes, los abogados, en las escuelas de Derecho. De esos retrasos, tanto el Ministerio Público como los jueces a cargo de los casos, son grandes culpables.
Sin importar la enorme culpa que pesa sobre las instituciones a cargo de impartir justicia en Guatemala. Sin importar tampoco las inculpaciones que pueda hacerse a los implicados (actuales o en el futuro), ningún país como Estados Unidos o la Gran Bretaña, tiene derecho de juzgar a los guatemaltecos por crímenes cometidos en Guatemala y que no los afectan directamente.
El tema central que busco señalar en este artículo, señora Fiscal General, es que la soberanía de Guatemala y la independencia de su sistema judicial se ven profundamente vulneradas por acciones de hecho, unilaterales, inconsultas, abusivas, irrespetuosas… de potencias económicas y militares como Estados Unidos y Gran Bretaña.
Creo, señora Fiscal General, que los guatemaltecos, todos, tenemos derecho a aspirar que algún día podamos convivir, entre nosotros, bajo un Estado de Derecho pleno, construido por nuestras propias autoridades. Creo también, que es parte de su deber denunciar ante organizaciones legales internacionales y públicamente, ante la prensa mundial, la intromisión de esos dos países en asuntos que competen exclusivamente a nosotros.
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