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Propuesta de agenda para la Corte de Constitucionalidad

Kidon

El reto que enfrentan los magistrados electos deberá enfocarse en buscar a toda costa reconducir la actuación de esa Corte por el camino de la legalidad, a efecto de garantizar el orden constitucional.

Recientemente se llevó a cabo la elección de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes ocuparan sus cargos por cinco años, reemplazando así, a una de las peores gestiones en materia constitucional en la historia del país. 

Debido a ello, el reto que enfrentan los magistrados electos deberá enfocarse en buscar a toda costa reconducir la actuación de esa Corte por el camino de la legalidad, a efecto de garantizar el orden constitucional, respetando el principio de que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega con exclusividad en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De la misma forma, deberán atender con prontitud las diferentes gestiones que la administración anterior se encargó de esconder o resolver en contra de los postulados constitucionales. Así, deberán revocar cuanto amparo provisional se otorgó de forma ilegítima y a separarse de la nefasta jurisprudencia que pretendieron sentar. 

Podrían empezar sentando el precedente de que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y cualquier otra corte, son responsables legalmente de cualquier daño y perjuicio que cometan en el ejercicio del cargo, y que las resoluciones que emiten pueden llevarlos a la cárcel, si violentan la ley.

Luego, conocer los famosos auto amparos para revocarlos, debiendo solicitar al Congreso de la República, o a la Corte Suprema de Justicia, el inmediato traslado de las denuncias promovidas en contra Gloria Patricia Porras Escobar y Mynor Par Usen, al Ministerio Público, por no gozar ya de la prerrogativa constitucional de antejuicio.

Con posterioridad, dejar sin efecto los amparos provisionales ilegalmente otorgados en contra del Congreso de la República, por virtud de los cuales se limitó la facultad de legislar, por ejemplo, en las reformas a la Ley de ONGs, para permitir la fiscalización de los fondos de estas entidades y evitar así la comisión de hechos delictivos en contra del Estado.

Denegar el amparo provisional promovido en contra el Congreso, quien buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, para evitar el procesamiento ilegal de nuestros veteranos por parte de los vencidos en armas, para lograr su inmediata excarcelación y cierre irrevocable de todos los procesos amañados, cuya única pretensión son los cuantiosos resarcimientos en favor de los falsos defensores de derechos humanos. 

Suspender el amparo provisional otorgado a la doctora Lucrecia Hernández Mack, para tomar posesión del cargo como diputada al Congreso de la República, por carecer de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida coloquialmente como finiquito, así como de otros diputados y alcaldes impuestos por la anterior CC. 

Rechazar cuanto amparo malicioso se haya presentado en favor de los usurpadores de propiedad, a efecto de castigar con cárcel a los delincuentes que practican y fomentan este fenómeno criminal, para luego recuperar las fincas y demás propiedades tomadas por estas organizaciones delictivas y así, darle certeza jurídica al propietario consolidando este sagrado derecho constitucional.  

Defender el principio de Supremacía de la Constitución, el cual impone que la Constitución de la República, prevalece sobre cualquier ley o tratado, incluso de Derechos Humanos y demás sentencias nacionales o extranjeras que pretendan imponer prácticas o costumbres degeneradas que atentan en contra de nuestros valores, tales como la creencia en Dios, la vida desde su concepción, la familia como base fundamental de la sociedad y el matrimonio entre un hombre y una mujer con el propósito de procrear y apoyarse mutuamente.

Revocar las resoluciones que impiden al Estado la aplicación de la pena de muerte a los delincuentes de graves hechos delictivos, despejando el camino para que el Congreso de la República en uso de sus atribuciones constitucionales reglamente la forma en que se deberán llevar a cabo las ejecuciones de los criminales. 

Separarse cuanto antes de cualquier resolución de carácter internacional, ya sea relacionada con la aplicación del Convenio 169, o de cualquier otra disposición del G 13, embajadas entrometidas, incluso de la ONU y sus satélites socialistas, destinadas a violentar nuestra soberanía o a imponernos prácticas o costumbres que riñen con nuestra sociedad. 

Y, por último, ser un baluarte de control constitucional que busque el bien común a través de fomentar el trabajo, el comercio y la industria, valores que lograrán alcanzar la paz social.

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