La crisis salvadoreña en el contexto centroamericano

Barataria

A través del voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, el pasado sábado 1 de mayo luego de tomar posesión defenestró a los Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador.  La Sala Constitucional en El Salvador es el equivalente a la Corte de Constitucionalidad en Guatemala y el haberlos defenestrado ha provocado una crisis en ese país centroamericano.  Muchos han comparado al Presidente Bukele, con otros Presidentes centroamericanos que han decidido medidas más o menos similares como ocurrió en Honduras hace un tiempo y en Nicaragua, con la diferencia de que en El Salvador la constitución contiene un artículo que permite a la Asamblea Legislativa que con el voto de dos terceras partes, por lo que salvo discusiones legales que puedan determinarse al respecto, puede decirse que el actuar de la Asamblea Legislativa en principio se fundamentó en normas constitucionales.

Mucho se habla hoy en día de las garantías constitucionales, del actuar de los jueces y magistrados y de una especie de péndulo al cual se someten las normas jurídicas dentro de un “si se aplica” o “no se aplica” dependiendo el Magistrado o Juez que aplica la ley y sus intereses que no son la prevalencia del orden jurídico y Estado de Derecho sino más bien la oportunidad, la parcialidad y los intereses de las personas que ejercen jurisdicción. Pero en realidad el Estado de Derecho es precisamente el cumplimiento de la norma jurídica, cuando las normas promulgadas no se ajustan a las garantías constitucionales pues para ello existen los medios de impugnación.  Pero cuando se pervierte el sistema, aparecen Magistrados quienes no les importa la realidad las normas jurídicas que están llamados a aplicar correctamente y, sin duda alguna, emiten resoluciones aún contrarias a tales normas.  A lo largo del tiempo hemos sido testigos  de cómo los Magistrados se desvían dictando resoluciones que avergüenzan a cualquier Abogado, lejos de lo que fueron llamados a realizar y “estiran las normas”, especialmente los principios constitucionales hasta donde pueden cubrir a quienes por alguna razón buscan proteger.  En El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras se han dictado resoluciones que han sido una vergüenza para el mundo jurídico.  Por supuesto que habrá quienes las alaban indicando que se ha dictado una resolución “en aras de la defensa de la democracia”, “en aras de la transparencia” o  bien, “en contra de la corrupción”, pero lo que no podemos defender es que buscando combatir la corrupción, buscando la transparencia y preservación de nuestra ilusión de democracia, se permita que los jueces violen la misma ley que prometieron defender.

Esta crisis salvadoreña es un espejo para muchas naciones en donde los Magistrados, especialmente aquellos que están integrando salas constitucionales se han dado a la tarea de limitar el presidencialismo, deteniendo mediante resoluciones cuestionadas la función ejecutiva porque no les parece adecuada o bien no están de acuerdo con ella y lo que es peor porque tienen su propia agenda política en apoyo a otros aspirantes a gobernar.  De allí que en el caso de Bukele, las decisiones del Presidente salvadoreño chocaron con las resoluciones de la sala Constitucional que se dio a la tarea de bloquear confinamientos y otras medidas que son de orden público, pero que para los Magistrados les parecía que un desborde de la pandemia sería la forma en hacer ver mal al Presidente y con ello, el apoyo del Fiscal General Melara, con quien vía Twitter tuvo serias discusiones con el señor Bukele como si fueran dos particulares y no funcionarios serios.

En Guatemala ya hemos tenido un poco de lo que en El Salvador ha pasado con la Corte de Constitucionalidad anterior y quien sabe si no tendremos más con la actual Magistratura.  Los anteriores Magistrados se exacerbaron en sus resoluciones “estirando la constitución para justificar sus resoluciones”, caso lamentable porque no era esa su función, fueron dictando sus resoluciones unas con presteza, otras resoluciones se llevaron demasiado tiempo con el caso de la minera y al final nos heredaron una Corte de Constitucionalidad muy cuestionada por sus fallos “ad hoc” y complacientes con algunos sectores.  Ahora mismo tenemos una nueva Magistratura que no sabemos qué camino va a tomar pero que tampoco nos está garantizado la imparcialidad y la defensa del orden constitucional para lo que están llamados.

Mucho se habla en nombra de la transparencia, del Estado de Derecho pero en realidad no se puede seguir violando la ley en nombre de la democracia, transparencia y anticorrupción, porque de otra manera nos hacemos iguales a aquellos de quienes estamos hartos.  Esa discusión ha llevado a los miembros del Consejo Superior Universitario que eligieron a una Magistrada a la Corte de Constitucionales violando la norma legal que establece clara y concisamente que la votación dentro de ese órgano de la USAC debiera de haber sido secreta.  La votación secreta tanto en el Colegio de Abogados y Notarios como en el Consejo Superior Universitario se reguló para evitar que estos dos órganos que no son poderes del Estado pudieran elegir sin presiones y sin esperar represalias de ningún sector.  Hoy en día hay quienes defienden lo hecho en el Consejo Superior Universitario porque argumenta que, en aras de la transparencia se debía de realizar la votación a viva voz. Esto no debiera de considerarse de esta manera, porque en aras de ningún principio democrático podemos violar la ley, porque así fue como el narco presidente hondureño fue reelecto en aras del derecho humano de elegir y ser electo o lo que pasa en Nicaragua con los Ortega que en aras de la justicia social y del movimiento anti-Somoza se han eternizado en el poder constituyéndose ya una especie de monarquía.

Bajo el imperio de la ley, no podemos invocar garantías constitucionales para violarlas, si una ley no nos gusta habrá que promover su cambio, su una norma esta contra las garantías constitucionales habrá que promover la inconstitucionalidad, pero pensar en que invocando una garantía yo puedo obviar una ley estamos cayendo en las mismas formas que muchos grupos han llegado a ignorar las normas para hacer lo que quieren.  Un Estado Constitucional de Derecho se fundamenta en el principio de la supremacía de la norma jurídica sobre la función pública y judicial, pero si, en defensa de la democracia, la transparencia y la anticorrupción promovemos la violación o inobservancia de la ley en realidad nos hacemos tan iguales a aquellos que criticamos.  Como dijera San Pablo, “Si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar soy un transgresor”.

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