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Juan Francisco Sandoval Alfaro: violador de derechos humanos

Kidon

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad fue creada a requerimiento de la finada CICIG, bajo el supuesto de investigar y desarticular las estructuras criminales incrustadas en el Estado, y digo supuestas pues, a la fecha esa unidad fiscal no ha sido capaz de individualizar tan solo un cuerpo ilegal o aparato clandestino de seguridad, mucho menos de llevarlos a juicio y obtener una condena.

Lo qué si ha hecho por demás, es violentar los derechos constitucionales de los sujetos a quienes investiga, utilizando para ello métodos y practicas ilegales perfectamente estructuradas para logar su perverso objetivo. De esa cuenta, los fiscales de esa unidad, asociados ilícitamente con jueces conocidos por sus desatinos legales, casi todos agrupados en la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad – AGJI- autorizan cuanto planteamiento ilegal se les ocurra.

Así, rápidamente conectan nuevos hechos a una causa judicial anterior, sin importar si el sindicado goza de la prerrogativa de antejuicio, las conductas son punibles, no estaban tipificadas al momento de la supuesta comisión, o no tienen relación alguna con la causa principal.

Luego, se emiten las ordenes de coerción en contra del investigado, las que van desde su aprehensión, arraigo, allanamiento y secuestro de sus bienes, y desde luego el escarnio público que generan las conferencias de prensa que se viralizan en las redes sociales y medios de comunicación, incluso antes de que la persona haya rendido su primera declaración. 

De esa forma, se logra el impacto mediático deseado logrando preparar a la opinión pública que se ve bombardeada por las imágenes del sindicado esposado, en pijama y con su familia encañonada, mientras un agente de la PNC lo empuja hacia la palangana de una patrulla que con sirena abierta como si transportaran a Hannibal Lecter, lo conduce a la carceleta donde permanecerá enjaulado y sin servicios sanitarios mientras es ubicado en un centro de detención provisional.

Cuarenta y cinco días después, es citado para rendir su primera declaración ante uno de los jueces antes relacionados, los que debidamente influenciados, procederán a indagar al cuasi condenado impidiéndole ejercer a este y su abogado una defensa técnica que les permita demostrar su inocencia. Al final, resolverán la internación preventiva, la cual oscilará de cuatro a seis años, llegando incluso a superar el máximo de prisión regulado en la ley. 

Posteriormente, iniciará la ofensiva psicóloga en contra del sindicado y su familia a quienes perfilarán y darán seguimiento para buscar así la confesión que les permita convertirlo en colaborador falaz, para luego ampliar la investigación en contra de otra víctima que les genere un nuevo circo, así como las correspondientes dádivas, premios y galardones que generosamente les entregan algunos entrometidos de la comunidad internacional. 

Siendo aún inocente por no haber sido vencido en juicio, es notificado de la pérdida de su visa y la de toda su familia, así como de la cancelación de las tarjetas de crédito, el despido de los lugares de trabajo, la exclusión de los grupos sociales, el embargo de sus cuentas, y la negativa para obtener un préstamo que ayude a la familia a sufragar los gastos de manutención. 

Después de seis años, si no se suicidó, lo ejecutaron en el centro de detención, falleció por falta de atención médica, o su esposa o hija no se fugó con uno de los que lo investigó, llega a debate ante el tribunal de sentencia que lo absuelve de todo cargo y lo deja en libertad, argumentado falencias en la investigaciónprácticas ilegales o retractación de un colaborador o testigo.

Ya en libertad y sin haber recibido una disculpa por el daño cometido, deberá buscar por sus pistolas su reincorporación social, familiar y laboral, lo cual seguramente se complicará, por lo cual se verá obligado a migrar en busca de olvidar y construir un nuevo futuro.  

Debido a estas graves violaciones a la integridad personal, es que gran parte de la población exige a la Fiscal General, la inmediata destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval y su posterior procesamiento, para que page con cárcel los crímenes cometidos.

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