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Oenegés: Una prueba para la CC

Evolución

Recientemente la Corte de Constitucionalidad emitió sentencia denegando en definitiva varios amparos que pretendían evitar la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo.  La corte sostuvo que “los actos a los que los postulantes endilgan condición de amenazantes no encuadran en la categorización de “actos inminentes” cuyo análisis resulta posible por conducto del amparo”.  Y también que “los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al Presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el poder legislativo le envíe. En consecuencia, resulta impropio y desacertado pretender evitar, por medio del amparo, que tal autoridad cumpla una de sus funciones constitucionalmente asignadas”. En resumen, el argumento esgrimido por la corte es básicamente que el acto de haber sancionado las reformas a ley no puede considerase un acto o amenaza inminente; y que el acto de sancionar una ley se encuentra dentro de las facultades constitucionales del Presidente. 

La Ley de Amparo establece que la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo o amenaza de violación de derechos constitucionales, incluida la posibilidad que en casos concretos se declare que una ley no obliga al recurrente por contravenir derechos constitucionales. Fuera de este contexto, y considerando la inminencia de la amenaza, los criterios generalmente sostenidos por las cortes, salvo la anterior, venían en la línea que el tipo de objeciones, como las que se expresan en contra de las reformas a la ley de oenegés, deben dilucidarse por la vía de la acción de inconstitucionalidad y no del amparo.  La corte anterior, por ejemplo, otorgó amparos para evitar que el congreso siquiera discutiese ciertas iniciativas legislativas; es decir que ni siquiera llegaron a ser aprobadas para luego ser objetadas de inconstitucionalidad, evidenciando sus claros sesgos ideológicos, el abuso de sus atribuciones y la usurpación de funciones constitucionales que no le competen. Pareciera ser que la nueva corte hasta el momento solo ha dicho que el amparo no es la vía, en el sentido que lo que correspondería es una acción de inconstitucionalidad luego que el decreto legislativo cobre vigencia, como históricamente ha ocurrido. Por otro lado, preocuparía que la corte sostuviese que cualquier acto de aprobación, sanción y promulgación de una ley goce de legitimidad constitucional por el simple hecho de caer en el ejercicio de las funciones de los poderes del estado, y que, per se, no puedan constituir una amenaza inminente, pero, objetivamente, tampoco es lo que ha dicho hasta el momento.

En cuanto al fondo de la ley, ciertamente hay preocupaciones válidas en el sentido que la cancelación abrupta o arbitraria de estas organizaciones y la prohibición de integrarse a ellas pueden claramente constituir violaciones a los derechos constitucionales como la libertad de asociación y el respeto al debido proceso. Por otra parte, es importante y saludable que toda actividad que implique el uso de fondos públicos sea transparente y susceptible de fiscalización y las oenegés que reciban fondos públicos, al igual que cualquier funcionario público, no deben quedar exentas de rendir cuentas. Numerosas organizaciones, activistas políticos y burócratas internacionales se pronunciaron severamente en contra de la corte por no admitir los amparos, lanzando sus acostumbradas descalificaciones de corrupción e impunidad. Hubo también quienes celebraron la resolución pronosticando que ahora les llegará lo que consideran su merecido a todas las oenegés que se sirven de sus plataformas para desestabilizar. En ambos casos se evidencia, como siempre, que siguen enraizados en sus trincheras ideológicas. La verdadera prueba para la Corte será cuando habrá de resolver las acciones de inconstitucionalidad que seguramente seguirán, donde deberá demostrar objetividad en cuanto al respeto a la Constitución, o continuar en la línea de sus antecesoras en el sentido de plegarse a los intereses y poderes a quienes responden. Veremos.

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