Legalidad selectiva

Políticamente Incorrecta

La Ley dice que toda persona es inocente hasta prueba contraria. El debido proceso establece que el Ministerio Público debe presentar pruebas contundentes contra el imputado que demuestre su culpabilidad. 

La gente y algunos «abogados» parecen no entender esto. Esta semana vimos la captura de Solorzano Foppa sindicado de poner firmas falsas en su listado de inscripción de un partido, inclusive de gente ya fallecida. Tiene acusaciones de corrupción y hasta de pegarle a su pareja.

Santo, no es. Pero igual y el MP debería derrotarlo en juicio respetando el debido proceso.  A diferencia de los perseguidos políticos de la última década, no lo sacaron en paños menores, ni lo esposaron delante de su familia. Podría decirse que lo trataron con pinzas.

Seguramente ya empezó a victimizarse con la Embajada gringa para que le den asilo en Washington DC, al igual que a Porras y Aldana.

La izquierda se mostró ofendida por las críticas a una de sus vacas sagradas. En sus comentarios dejan claro su desconocimiento de la Ley. 

A un ex funcionario que haya manejado fondos del Estado y abusado su poder en cualquier forma se le puede perseguir penalmente durante los subsiguientes 20 años luego de dejar el cargo. No se debiera perseguir a un funcionario sin pruebas, sólo porque les cae mal. A mi este personaje me parece nefasto y que merece estar preso, pero si uno defiende legalidad debe aplicarla para todos.

Salió la lista Engels que debiera llamarse Lista Torres y pareciera que Norma Torres no sólo tiene malos asesores, la informan mal y la hacen quedar como una inepta, sino que también pareciera que la sacó por sacarla. 

Incluye a Acisclo Valladares que ya está en Miami como testigo protegido, así que lo de la visa es absurdo. A otros 3 que ya están presos, y a Felipe Alejos a quien sindican de prácticamente ser dueño del Congreso.  

Ridícula la lista, por donde la miren. Hubiera esperado que nombrará gente nueva, obvio con pruebas en mano.

Salió también una lista kilométrica que incluía gente de izquierda pro cicig y algunos oportunistas mercantilistas que se auto definen de «derecha» sólo porque no son comunistas.

Esa lista se quedó corta, a mi criterio, porque no incluye gente de poder en cargos públicos que dirigen la famosa Línea en puertos y aeropuertos. 

Pero independientemente de quienes son nombrados en que listas, la gente no parece entender algo básico: para ser incluido en listados anti corrupción la persona debe haber ejercido un cargo público de poder, debe haber manejado fondos públicos y ser responsable de decisiones públicas de relevancia. Es decir, no salen nombrados los que no hayan quebrantado la ley, por más antipáticos que les resulten.

Eso es vivir en un Estado de Derecho.  La gente que rompe la ley debe afrontar las consecuencias de sus actos, punto. 

No importa de que grupo sea la persona, es inocente hasta prueba contraria y debe ser vencida en juicio. Eso es vivir en un régimen Republicano.

Si viviéramos en una dictadura, Solorzano Foppa, por ejemplo, hubiera desaparecido y ya.  Criticar o aplaudir su arresto es prerrogativa de cada quien. Pero es evidente que existe un enorme desconocimiento de cómo funcionan las leyes y de lo que significa vivir en un régimen de legalidad. No se trata de inventar cargos contra un enemigo político. Se trata de que si hay pruebas fehacientes, sea imputado y enfrente un debido proceso hasta ser vindicado o vencido en juicio. 

Los que vociferan patanadas en redes dicen querer ver a los corruptos presos, pero se refieren solo a quienes les son antipáticos sean o no imputables. Si se trata de gente afín a ellos ideologicamente, entonces la corrupción de esa gente no es castigable. O sea, justicia selectiva. Esto es Lawfare.

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