Foppa y el inicio de la rendición de cuentas
Kidon
En los tiempos en lo que el ex comisionado Iván Velásquez y la fugitiva de la justicia Thelma Aldana, ofrecían sendas conferencias de prensa en las que realizaban los suntuosos operativos en busca de empresarios, exmilitares y funcionarios públicos que eran proyectados en los medios de comunicación esposados y encañonados.
Recuerdo diferentes allanamientos a los que como abogado asistí a prestar auxilio profesional, en diferentes tipos de procesos que no obstante ser de naturaleza civil o administrativa, más no penal, fueron sacados de contexto por la estructura criminal liderada por Juan Francisco Solórzano Foppa, para montar los espectáculos mediáticos de difamación.
En cuantos casos se me impidió por parte de los investigadores de la finada comisión el ejercicio de la defensa técnica, prohibiéndome ingresar a la residencia allanada, o en su caso, comunicarme con el sindicado o su familia, a quienes se les amenazaba, extorsionaba, fotografiaba, cantineaba y muchas veces robaban sus pertenencias.
Otros, eran ejecutados en su propia morada, a plena luz de día y frente a sus familias, mientras que otros conducidos a la carceleta y de allí lanzados a una prisión provisional, que los recluiría perpetuamente, si no es que fallecían por suicidio, enfermedad o asesinados.
Por más que levantáramos la voz y exigiéramos respeto al debido proceso, los leguleyos encargados de administrar justicia desde la finada CICIG, la FECI y los juzgados de mayor riesgo, se hacían de la vista gorda, pidiendo incluso la muerte civil para el sindicado, aunque este, ni siquiera hubiera sido citado, oído y vencido en proceso penal.
Uno de los que más violentó el sistema jurídico fue precisamente Juan Francisco Solórzano Foppa, primero desde el Ministerio Público interceptando ilegalmente llamadas telefónicas, implantando evidencias y ordenando encarcelar a cuanto enemigo ideológico le incomodara. Luego desde la SAT, pues a pesar de haber obtenido la calificación más baja en la historia del país, fue impuesto por el entonces embajador Todd Robinson, para iniciar una cacería ilegal de empresarios en su afán por destruir el sistema económico del país.
Hoy, que el Ministerio Público devela la estructura criminal a la que pertenece, saltan activistas de la mal llamada sociedad civil, oenegeros y falsos defensores de derechos humanos, Jordán Rodas incluido, a lloriquear alegando persecución política o venganza, omitiendo indicar que los indicios por los que se le ordenó su detención cuentan con el soporte jurídico documental que acreditó que el sindicado Solórzano Foppa junto a otras personas se asociaron ilícitamente con el objeto de crear documentos públicos falsos para inducir a error al Tribunal Supremo Electoral y obtener así maliciosamente la inscripción de un partido político.
En vez de andar victimizando al sindicado o promoviendo recursos de exhibición personal sin fundamento, deberían analizar y discutir mejor la conducta típica, antijurídica y culpable del ex Súper Intendente, y las evidencias presentadas, con miras a destruir la imputación, y no a los agentes que lo capturaron, ni al sistema penitenciario por recluirlo, como tampoco al MP quien únicamente cumplió con su deber de accionar ante un hecho delictivo de acción pública.
No le deseo mal a nadie, pero si es importante recalcar que el ejercicio de la función pública apareja la obediencia debida a la ley, y su incumplimiento trae consecuencias muy lamentables. Al final, el poder es efímero y más temprano que tarde pasa factura y con creces, tal y como podrán atestiguar el declarado non grato, la fugitiva de la justicia y Gloria Porras, quienes, desterrados del país, vieron ingresar a Foppa a la cárcel sin poder hacer nada por el.
De lo qué si estoy más que seguro, es que igualmente Juan Francisco Sandoval Alfaro, muy pronto terminará encarcelado o huyendo del país por los crímenes que cometió, abusando del cargo, es solo cuestión de tiempo, ya verán.
Recuerden: las instituciones permanecen y las personas pasan.
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