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Juramento de fidelidad a la Constitución

Poptún

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la función pública no es delegable, y que no se podrá ejercer sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Esta promesa de fidelidad a la Constitución significa que el funcionario público debe respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que se garantizan en la Constitución, así como en su función pública asume el compromiso de cumplir y hacer cumplir sus preceptos y disposiciones.

Este juramento de fidelidad a la Constitución lo deben de realizar todos los funcionarios públicos, entre ellos, el presidente, vicepresidente, diputados, jueces, ministros.  La promesa de lealtad a la Constitución no es propia de Guatemala y está garantizada en Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Argentina, España, entre otros países. 

En Guatemala y países de América Latina, el compromiso a mantener, defender y cumplir la Constitución y observar las leyes para ejercer la función pública, es asumida como una superficialidad y un simple formalismo, pero no como un compromiso interno para cumplirlo.  En países como Estados Unidos, el juramento, posee mucha fuerza como valor cívico y constituye una manifestación auténtica de compromiso prioritario que algunos funcionarios públicos plasman en acciones que protegen la Constitución y la democracia frente a cualquier persona o poder que procure infringir sus ordenanzas. 

Así lo demostraron diversos funcionarios de gobierno de ese país durante el pasado gobierno de Donald Trump, que con valor y decisión se le enfrentaron y no accedieron a las presiones y coacciones.  El ex presidente Republicano procuraba revertir el resultado de las elecciones presidenciales, pero algunos burócratas materializaron una actitud de obediencia y sometimiento a las leyes de ese país, por encima de sus intereses personales o de su propio partido político, con el fin de mantener el estado de derecho. 

Un ejemplo claro lo representa el carácter valiente del secretario de Estado de Georgia, BrandRaffensperger. El secretario es un miembro del Partido Republicano, no obstante, al recibir la llamada de Trump pidiéndole que encontrará 11.780 votos para que éste pudiese ganar en ese Estado y mantenerse en la presidencia de ese país, se negó a ser parte de esa mentira conspirativa y como valor agregado se presume decidió evidenciar públicamente a Trump con la filtración de esa llamada telefónica en un periódico de ese país.

Otra actitud plausible fue la del 48º. vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a quien se le identificó como uno de los funcionarios más leales a Trump.  En su posición como presidente del senado, función que ejercen los vicepresidentes de esa Nación en ciertas ocasiones, no accedió a dirigir ni ser parte del movimiento de no ratificación de la certificación del voto del Colegio Electoral de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos, y en su condición de rechazo declaró: «Mi juicio razonado es que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me impide reivindicar una autoridad unilateral para determinar cuáles votos electorales deben ser contados y cuáles no«.

Vale la pena hacer una profunda reflexión: ¿Por qué tantas diferencias entre nuestros países y esas naciones? ¿Por qué en nuestro país, los funcionarios públicos no se apartan del interés personal o partidario? La respuesta podría ser que el juramento que se realiza en Guatemala es puramente declarativo y no posee mayores efectos constitucionales, legales y políticos relevantes que podrían desencadenar en la destitución del cargo del funcionario que lo incumpla o traerse a la borda el futuro político del infractor.

Los países que poseen mecanismos de democracia participativa, tales como, el plebiscito, el referéndum, juicios políticos o la revocación del mandato, poseen democracias más sanas y funcionarios de gobiernos menos corruptos, porque estos mecanismos fomentan la deliberación, la transparencia, pero especialmente la responsabilidad política y ética pública de los funcionarios de gobierno. EE.UU. posee la revocatoria de mandato (Estado de California), juicios políticos y el escarnio público que ha provocado la renuncia de burócratas por cualquier desliz en su vida pública y privada. 

La falta de medidas coercitivas en Guatemala u otros países latinoamericanos, no permite impulsar conductas éticas en los funcionarios de gobierno, únicamente consiente la desfachatez, la inmoralidad, y la falta de respeto para la Constitución y la ciudadanía. 

En Guatemala, ante la ausencia de este tipo de mecanismos que operen efectivamente para controlar los abusos de poder, se necesita de una ciudadanía despierta, que ejerza presión moral para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos.  El escarnio público puede provocar la obediencia a códigos de conducta donde la integridad e imparcialidad sea la norma rectora y el motivo suficiente para estimular que los funcionarios públicos se desenvuelvan bajo una cultura de legalidad.

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Mireya Batún Betancourt

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postgrado en Criminología, especialista en ejecución penal con estudios en Doctorados de Ciencias Penales y Derecho Constitucional Internacional.

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