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La Fiscalía pro-corrupción

Kidon

La semana pasada por fin, se dignó en atenderme el Fiscal Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes, de la Fiscalía Contra la Corrupción, para establecer los avances en los procesos de investigación que tramita, pues, no obstante que algunas denuncias se han presentado hace más de diez años, al día de hoy por alguna razón que me causa mucha suspicacia, no se han operado. 

Para evitar malentendidos, solicité que en la reunión estuviera presente la fiscal de sección licenciada Aura Marina López, de quien previamente me habían informado tener una relación de amistad con la ex fiscal Thelma Aldana, quien la ascendió en múltiples oportunidades por lo que quise salir de la duda si actuaría con objetividad e imparcialidad.

Así, reunidos con estos dos fiscales inicié por preguntarle a la licenciada Aura Marina López, sobre la denuncia que la Fundación Contra el Terrorismo, promovió hace más de un año en contra de la exfiscal Thelma Esperanza Aldana Hernández, relacionada con un premio de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América que recibió de una organización internacional con serios señalamientos de corrupción y cuyo destino fue su cuenta personal. 

La respuesta que recibí de parte de la fiscal López, por poco me bota de la silla, pues la misma me indicó que para ella y la Fiscalía Contra la Corrupción a su cargo, no existe delito si un funcionario público recibe una dádiva por ejercer su trabajo y que además dicha conducta no estaba tipificada en ninguna norma como delictiva. 

De verdad que por un momento vi a mi alrededor, solo para asegurarme si me encontraba en el Ministerio Público, y en especial en la fiscalía encargada de perseguir los delitos relacionados con corrupción. Suspiré profundo y creo que me pellizqué para verificar si estaba soñando. Lastimosamente era real la conversación. 

Ante esa respuesta, le indiqué que los funcionarios públicos de acuerdo a la Constitución, están al servicio del Estado y que únicamente pueden recibir dinero producto del ejercicio de su función pública, le hice ver que la Ley de Probidad, establece en el artículo 18 literal “c”, que  tienen prohibido solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores. 

Le expliqué también que dicho pago efectuado a la ex fiscal, no fue incluido en su declaración patrimonial a pesar de que la Ley de Probidad en su artículo 26, obliga a realizar su ampliación si la cantidad que se recibe sobrepasa los cincuenta mil quetzales, y que derivado del pago que recibió y su no declaración, se tipifican los delitos de abuso de autoridad, omisión de declaración jurada patrimonial y lavado de dinero u otros activos, pues la entidad ROLACC que otorgó el regalo monetario, está sindicada de graves hechos de corrupción.

En ese momento, el fiscal Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes, me indicó que el caso estaba bajo reserva, lo que implicaba no darme más información pero que en unos dos meses posiblemente lo desestimarían, pues la investigación había llegado a la conclusión de que es lícito regalar dinero a los fiscales por hacer su trabajo.

Luego, el fiscal Eduardo Pantaleón abusando se su cargo me increpó sobre una columna de opinión que escribí en el mes de abril de este año, pretendiendo incluso coaccionarme para que no continuara denunciando las ilegalidades que se comenten en esa fiscalía, violentando así el artículo 35 de la Constitución Política de la República, el cual establece que no constituyen delito las denuncias o criticas que se hagan en contra de los funcionarios públicos.

Desde luego, que al salir de esa fiscalía me dirigí a presentar las denuncias correspondientes, para que estos dos fiscales sean procesados penalmente, solicité además el apartamiento de estos para que todos los casos de la FCT que se tramitan en esta cuna de la corrupción sean remitidos a otra fiscalía que garantice objetividad e imparcialidad.

Quiero finalizar haciendo un llamado a la Fiscal General Consuelo Porras, para que utilice el poder del cual está investida y proceda a limpiar el Ministerio Público de estos malos servidores que, disfrazados de fiscales utilizan la institución no solo para fomentar impunidad sino que también para perseguir a blancos determinados, recuerde que usted es solidariamente responsable de las ilegalidades que sus fiscales comentan. 

El poder es efímero y pasa factura cuando se abusa de el.

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