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Aifán y Sandoval: Excarcelan a sancionado con la Ley Magnitsky

Kidon

El viernes recién pasado se conoció la noticia de que la juez de la impunidad Erika Aifán Dávila, otorgó la clausura provisional y consecuentemente la libertad del señor Gustavo Alejos Cámbara, sindicado de graves casos de corrupción que se investigan en la FECI y quien encabezó la lista demócrata Engel.

La noticia causó una convulsión en las redes sociales y rápidamente los net-center lazaron la farsa de que la liberación obedecía a que Alejos, se habría convertido en colaborador eficaz y que su testimonio podría socavar la institucionalidad del país debido al supuesto conocimiento que él tiene de como se eligieron diferentes magistraturas de las cortes del país. 

Así, la izquierda preparó su ofensiva mediática destinada primero a encubrir a la juez que otorgó el citado beneficio procesal y segundo a omitir que la misma obedeció a que los fiscales Juan Francisco Sandoval Alfaro y Carlos Vides, de la FECI, incumplieron su obligación de diligenciar diferentes medios de investigación presentados por la defensa del procesado.

Aifán, al establecer documentalmente la negativa de la FECI en realizar las pruebas de descargo no tuvo otra salida más que clausurar el proceso, lo cual significa que el Ministerio Público no cuenta con el sustento probatorio necesario para llevar a una persona a juicio y por ende que continúe encarcelada. Lujo de investigadores. 

Difícil de imaginar si recordamos que uno de los motivos por los cuales se instauró la finada CICIG en el país, fue para implementar y “trasladar capacidades de investigación profesionales” a la FECI, y que fueron mediatizadas hasta la saciedad en aquellas conferencias de prensa en donde se proyectaban los rostros de los sindicados y las conductas delictivas supuestamente cometidas por estos. 

Hoy, vemos como uno a uno empiezan a caer los casos, pues, los mismos fueron fabricados con pruebas falsas, adulteradas y con la declaración de colaboradores falaces de la talla de los Pasaco, quienes con tal de obtener su libertad declaraban el guion previamente redactado por el non grato para así, causar sensación de justicia, aunque muchos sabíamos de antemano los montajes que llevaban a cabo. 

El problema es, que de la misma forma a base de chantajes y pruebas contaminadas fueron investigadas y procesadas tantas personas que hoy guardan prisión en diferentes centros carcelarios del país, y que muy pronto de la misma forma deberán ser liberados ante la ineficacia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de sustentar sus argumentos con pruebas válidas.

Es más, a base de esas mismas investigaciones y confundiendo a la población lograron deponer a un gobierno legítimamente electo, lo que intentaron con el siguiente y con el actual en busca de llegar al poder por esa vía, lo cual, de lograrse acreditar sentaría el precedente de las violaciones más graves al sistema democrático del país y de los derechos humanos de los procesados.

Debido a ello, la Fiscal General en uso de sus atribuciones constitucionales para no convertirse en cómplice de estas aberraciones, debe destituir de inmediato a Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides, por haber cometido una falta grave en el ejercicio del cargo, y que culminó con la liberación de Alejos, además, deberá procesarlos penalmente por obstaculizar maliciosamente la investigación generando impunidad. 

De la misma forma, deberá promover un antejuicio en contra de la juez Erika Lorena Aifán Dávila, pues, la misma en su calidad de contralor de la investigación omitió realizar actos propios de su cargo, como lo son tutelar el debido proceso no solo del sindicado, sino que también del Estado, el que hoy con esta resolución quedó afectado.

Por último, esperamos que en la siguiente lista Engel o como le quieran denominar los demócratas, se incluya a los fiscales Juan Francisco Sandoval Alfaro y Carlos Vides, así como a la juez Erika Aifán, quienes usaron su cargo para generar corrupción y liberar a uno de los supuestos personajes más corruptos del país que incluso, fue designado en la Orden Ejecutiva 13818 del Departamento de Estado, como sujeto de aplicación de la Ley Magnitsky.

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