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Gloria Porras, a la porra (II parte)

Kidon

Todo apunta a que la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, tendrá que permanecer fuera del país por un largo período de tiempo, pues, quedó acreditado que los miembros del Consejo Superior Universitario de la USAC tergiversaron la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad para designarla a la magistratura.

Por ello, son falsas las noticias que diferentes medios de comunicación secundados por supuestos activistas sociales pretenden vender a la población con relación a que el Congreso de la República o la propia CC, se niegan a juramentar y dar posesión a la fugitiva Magistrada.

Si de responsables se habla, tendremos que sindicar en primer lugar a la propia Gloria Porras, quien a sabiendas de su carencia docente y de haber atentado continuamente en contra del sistema institucional, decidió participar en la contienda sin contar que esta vez no sería apadrinada por el moreno del norte, y que adolece de los requisitos necesarios de idoneidad, honradez y legalidad para conformar la citada corte.

En segundo lugar, a los miembros del deshonroso Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes, desobedeciendo una ley de rango constitucional, que taxativamente ordena una votación secreta, la llevaron a cabo de forma pública, lo cual originó diferentes presiones y un claro tráfico de influencias en varios de los consejeros. 

Debido a ello, existen diferentes denuncias tanto en contra de Gloria Porras, como en contra de los miembros del CSU, las cuales se investigan en el Ministerio Público, y que no me cabe la menor duda que ante la flagrante violación constitucional serán ordenadas las aprehensiones tanto de la exmagistrada, como la de los que tergiversaron la ley para designarla. 

Esa negligencia sumada a que, ni el Congreso de la República, ni la actual CC, ni autoridad alguna nacional o extranjera obligará a llevar a cabo la juramentación o toma de posesión de la exmagistrada, nos lleva a la conclusión de que el CSU para no seguir incurriendo en ilegalidad deberá de convocar a los profesionales del derecho interesados en postularse por esa casa de estudios superiores a que presenten la documentación correspondiente con el objeto de llevar a cabo la designación.

La negativa en convocar a un nuevo proceso de designación, así como la necedad de pretender juramentar a la señora Porras como Magistrada, constituyen actos claros de abuso de autoridad, violación a la Constitución y asociación ilícita, que afectan la institucionalidad y el estado de Derecho que los consejeros en su calidad de representantes de la universidad popular están obligados a tutelar.

Mientras tanto, le corresponderá al abogado del Estado Jorge Luis Donado Vivar, que en ejercicio de las garantías que la ley le asigna como Procurador General de la Nación, promueva cuanto antes las acciones constitucionales pertinentes que tengan por objeto emplazar al Consejo Superior Universitario, para que a la brevedad posible se inicie el procedimiento para la designación de Magistrado titular por parte de ese órgano estatal. 

En caso el PGN continúe inerte, se convertirá en cómplice y por ende será solidariamente responsable de la crisis institucional y la falta de certeza jurídica que afectará al país por la desintegración de la Corte. 

El poder es efímero.

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