Las vacunas garantizan la salud y la vida

Poptun

En época de pandemia numerosas personas han perdido la vida como consecuencia del contagio del virus que causa COVID-19. La economía ha sido fuertemente afectada por los cierres temporales que han decretado los gobiernos para contener la propagación del virus. Los expertos han coincidido que la única esperanza para acabar con la pandemia y reactivar la economía, es alcanzar la inmunidad colectiva. 

Según Mayo Clinic, la inmunidad colectiva ocurre cuando una gran parte de la comunidad se vuelve inmune a una enfermedad, haciendo poco probable la trasmisión de la enfermedad de persona a persona. Como resultado de esa circunstancia, toda la comunidad tiene protección y no solo los que sean inmunes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), determina que se alcanza la inmunidad colectiva, cuando el 60% o 70% de la población es inmune a una enfermedad.

La inmunidad colectiva puede alcanzarse de dos maneras: En primer lugar, de forma natural, que equivale a que la mayoría de la población se infecte de una enfermedad y desarrolle anticuerpos, por lo que el contagio se ralentiza ya que no tiene a más personas a quien infectar, y en segundo lugar, a través de la inmunización masiva, lo que representa que la mayoría de la población se vacune contra una enfermedad que le permita desarrollar anticuerpos hacia el futuro y haga más lento la transmisión de la enfermedad y esto induzca a que se extinga. 

Sin embargo, a través de la experiencia vivida en estos meses de pandemia generada por el virus que causa el COVID-19, se puede deducir que pretender alcanzar la inmunidad colectiva de forma natural, es cruel e inhumano, porque es un proceso lento y simboliza dejar que las personas simplemente se infecten.  Al ser un proceso que se extiende por largo plazo, se destina a producir la muerte de millones de personas. 

La vacunación contra el virus SARS-CoV-2, concluyentemente forma parte de las medidas que dignifican al ser humano en la contención de la pandemia.  A la fecha, diferentes tipos de vacunas contra el COVID-19 han sido autorizadas para su uso de emergencia por la OMS con el fin de alcanzar la inmunidad colectiva y vencer la enfermedad COVID-19, entre otras, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jansen.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Resolución 1/2021, ha referido que “…De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a ninguna vacuna contra el COVID-19 en el año 2021” y para ello ha citado a la OMS que ha establecido que “…las vacunas para prevenir este virus deben ser un bien público mundial y regional, y estar al alcance de todas las personas, con equidad y sin discriminación.”

La CIDH, relata que la aprobación, adquisición, distribución y acceso que adopten todos los Estados de las Américas deben estar informadas y regidas por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, según corresponda, bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, deben estar regidas desde un enfoque de salud pública y basadas en la mejor evidencia científica disponible.

Guatemala forma parte de esos países de bajos ingresos y que a nivel internacional no sale favorecido en el acceso a las vacunas.  A esa circunstancia hay que sumarle las denuncias ciudadanas sobre las supuestas anomalías en la compra de la vacuna Sputnik V, al no cumplirse con el requisito de transparencia y plenitud de información procesable, comprensible, útil, veraz y fidedigna. Aunado a esta situación, la vacuna Sputnik V, no posee la validación por parte de la OMS para uso de emergencia.

La compra opaca retarda la campaña de vacunación nacional por el incumplimiento en las entregas y con ello se deja de inmunizar a cuantiosos guatemaltecos. El plan nacional de vacunación básicamente se ha activado y desarrollado por medio de donaciones de vacunas que han efectuado otros países, especialmente la realizada recientemente por Estados Unidos. 

En ese sentido, impresiona la tolerancia que la entidad encargada de la persecución penal demuestra ante las acusaciones.  Sorprende que, al ser la adquisición de vacunas un tema de interés público no se evidencien acciones urgentes en contra de los supuestos responsables con el fin de encauzar la actividad estatal hacia el bien común.  No investigar ni promover la persecución penal, es proveer una bandera blanca a los corruptos. A falta de vacunas, se condena a muerte a miles de personas y se castiga a otros a sufrir distintas secuelas de por vida.  

El Ministerio Público, seguramente no comprende que las vacunas salvan vidas y por ello tiene la obligación de investigar toda acción que revista carácter de ilicitud en la distribución y aplicación de las vacunas con el fin que se sancione a los responsables. La inactividad lamentablemente consiente la vulneración a los derechos a la vida y a la salud, así como da margen al incumplimiento de los deberes sociales del Estado. La Constitución garantiza la salud, sin discriminación alguna, y obliga a todas las personas e instituciones a velar por su conservación y restablecimiento.

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