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Justicia: El problema de fondo

Evolución

El Presidente de la República se elige para un período de cuatro años. La totalidad de los diputados del Congreso de la República se eligen también para un período de cuatro años, en el mismo momento de la elección presidencial, todos, bajo el mismo sistema de listas conformadas a conveniencia de los partidos y no uninominalmente como debería ser. Y, a pesar que hay dos criterios, diputados por lista nacional y diputados distritales (pseudo bicameralismo a la chapina), todos se eligen para el mismo congreso, en el mismo momento, con el mismo método, dentro de los mismos partidos, para el mismo período y sus votos cuentan todos por igual para las mismas decisiones.

Por si eso fuera poco, considere que las alianzas que se producen dentro de ese congreso disfuncional que acabo de describir son las que eligen a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, dentro de listados que les son provistos por comisiones de postulación cooptadas por intereses oscuros que han penetrado desde la Universidad de San Carlos hasta algunas privadas, con facultades ad hoc para tener un pie, o más bien dicho las manos, metidas en las comisiones. Luego, esos tres poderes, Presidencia, Congreso y Corte Suprema, designan a tres de cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo los otros dos designados por la USAC y el Colegio de Abogados, donde dichos intereses oscuros tienen bien consolidadas las planillas que generalmente resultan ganadoras. A ello súmele que el Fiscal General del Ministerio Público es escogido por el Presidente de una terna de seis candidatos que le presenta el Congreso. 

En resumen, los constituyentes se ingeniaron un sistema pseudo republicano que francamente no tiene ningún sentido y tiene muy poca o nula funcionalidad en términos de dispersión del poder, lo cual es base fundamental para un efectivo sistema de frenos y contrapesos

Ahora pregúntese cómo diablos no sería posible dentro de ese sistema que los principales funcionarios y actores a cargo de la administración de justicia, en todas las dependencias que la integran, no estén supeditados a los intereses de los grupos, personajes y facciones que los llevan a esos puestos. 

Como lo he dicho en tantas otras oportunidades, en Guatemala lo que hay es una sucia lucha por el poder. Y la única forma de minimizar sus efectos y consecuencias desastrosas es implementando un verdadero sistema de frenos y contrapesos que sea funcional y efectivo, y ello sólo se logra con un diseño constitucional sensato y prudente, y no con este sistema diseñado intencionalmente para que diversos intereses políticos de turno tengan control de las instituciones de justicia para su conveniencia, razón por la cual libran una lucha campal y sucia por el poder. Así que, como habrá podido comprender, a los ciudadanos honrados que no nos plegamos a los intereses de los diversos grupos en conflicto, es una magna tarea la que nos queda si queremos rescatar a Guatemala.

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