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Justicia

Antropos

En Guatemala, de manera particular, desde hace años, está presente el problema de la administración de la justicia, puntualmente por la falta de voluntad de no cumplir con los preceptos básicos del Estado Democrático de Derecho, principalmente, por no atender adecuadamente, el complejo y profundo problema de la violencia que se ha incrustado de forma dramática en el seno de la sociedad y al cual, el Estado no ha logrado detener a pesar de contar con aparatos legales, de coacción y fuerza policial.

Por otro lado, también es importante destacar de cómo el Estado Democrático de Derecho se debilita, porque no se le da el justo y objetivo valor de independencia al poder judicial. Contrariamente, este es penetrado de manera directa o indirecta por los otros poderes del Estado. Debemos recordar que la justicia, según la reflexión del filósofo Carlos Molina, es el rasgo básico, necesario y suficiente que debe presentar una relación humana o un régimen social para resultar satisfactorio a sus participantes, dado que ésta constituye el requisito primero de una coexistencia pacífica, puesto que, si hay justicia, cada cual verá sus intereses apropiadamente tratados y obtendrá lo que le corresponde de acuerdo con sus actos, aporte y situación.

Significa en términos prácticos que en toda sociedad existen normas que organizan la vida social y quienes las quebrantan deben de ser sancionados. El Estado debe impartir justicia cuando se vulneran los derechos y legalidad, particularmente, en una sociedad donde la criminalidad se manifiesta de forma brutal, violenta y siniestra.

Obviamente, en el caso de nuestro país, tal y como lo explica el Informe Nacional de Desarrollo Humano, se han hecho múltiples esfuerzos en torno al fortalecimiento de la justicia, entre lo que se destaca, la búsqueda de la independencia del poder judicial, el nombramiento con criterios de honorabilidad, compromiso con la objetividad de la justicia, competencias específicas de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, creación de la carrera judicial, el fortalecimiento institucional y una mayor inversión presupuestaria.

Ante estos procesos significativos no hay duda de que es necesario el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, con el propósito de superar los problemas que aquejan al sistema de justicia, así como avanzar en lo que respecta a la seguridad y derechos ciudadanos.

Otros temas en los que se destaca la ausencia del Estado en torno al tema tratado, es lo referente al acceso de la justicia, a pesar de que es un derecho tipificado por la Constitución de la República. Hasta hoy día, es insuficiente para atender de manera eficaz y pronta a la población nacional. Por ejemplo, el Informe de la Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos señaló hace algunos años, que “si bien las instituciones de justicia han expandido su cobertura geográfica, sobre todo el poder judicial y el ministerio público, la inaccesibilidad geográfica constituye una barrera que impide a muchos usuarios ejercer sus derechos”.

Esta afirmación se evidencia aún más, cuando se refiere al tema del acceso a la justicia con pertinencia lingüística y cultural, que tiene por las limitaciones de los idiomas, las garantías de ser informado de los cargos para que los mismos sean comprendidos a cabalidad para establecer también sus derechos, o sea, que “el pluralismo jurídico, tal y como lo indica el Relator Especial, a pesar de sus avances, aún está lejos de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo”. Significa qué en nuestro país, es necesario que la justicia sea pronta, eficaz, cumplida y gratuita, porque es un hecho que hay un retraso en la capacidad de otorgar justicia. Habrá que hacer nuestro, lo que señala el PNUD, “que la justicia es un valor social superior a la seguridad”.

Otro de los grandes flagelos de nuestro sistema de justicia, se refiere al contundente hecho de la penetración de las organizaciones criminales y la corrupciónque abarca a su vez, a las mismas entrañas del Estado. Necesitamos como sociedad organizada, un combate frontal a la impunidad en donde se da la transgresión de las normas morales y jurídicas. Lo más grave de este problema, se manifiesta en el hecho que los individuos que obran con la dinámica de los vicios sociales, terminan saliéndose con la suya, dado que se benefician de la impunidad y a su vez, dan un golpe duro de desmoralización a la población. Todo parece ser, que hoy día, hemos llegado a tal nivel, que ni siquiera existe censura social contra la corrupción, porque, quienes se benefician de estas acciones, gozan con tranquilidad los frutos de sus inequidades.

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