Indígenas y petición de renuncia

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Pedir la renuncia del Presidente de la República, Alejandro Giammattei, y de la Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, Consuelo Porras, es, indiscutiblemente, un derecho de cualquier guatemalteco, o de cualquier grupo de guatemaltecos. Empero, ese derecho no confiere representatividad popular. Es decir, ejercerlo no implica representar a todo el pueblo de Guatemala, o por lo menos a la mayoría de él.

Los guatemaltecos que piden la renuncia de ambos funcionarios públicos pueden ser indígenas mayas: pero ser indígena maya no agrega al derecho de pedir tal renuncia, el privilegio de la representatividad. Esos indígenas mayas pueden ser autoridades ancestrales, y los ancestros pudieron haber vivido hace miles o cientos de miles de años; pero ser autoridad indígena ancestral tampoco agrega al derecho de pedir aquella misma renuncia, el privilegio de la representatividad.

Los guatemaltecos que piden la renuncia de ambos funcionarios públicos pueden ser indígenas mayas; pero ser indígena maya no confiere el privilegio de obstruir vías públicas e impedir que cualquier ciudadano pueda ejercer el derecho al libre tránsito. Y si las obstruye, delinque y tendría que ser sometido a proceso judicial penal.

La mayoría de ciudadanos puede exigir la renuncia del presidente Giammattei, y aún de la Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, Consuelo Porras, por medio, por ejemplo, de un plebiscito, solicitado por una determinada proporción de ciudadanos empadronados. Esa mayoría tendría, por definición, calidad representativa, la cual no puede tenerla un grupo de indígenas mayas, solo por ser indígenas mayas, o un grupo de autoridades indígenas ancestrales, solo por ser autoridades tales.

Los ciudadanos que constituyeran aquella mayoría podrían ser o no ser mayas, o ser o no ser autoridades ancestrales. O los ciudadanos mayas indígenas o las autoridades indígenas ancestrales podrían una parte de esa mayoría, tan importante como cualquier otra. El atributo jurídico de cada ciudadano miembro de aquella mayoría sería necesariamente ser ciudadano; pero no el atributo de ser indígena maya o el de ser autoridad indígena ancestral.

Los indígenas mayas o las autoridades indígenas ancestrales que piden la renuncia de ambos funcionarios no solamente delinquen, por obstruir las vías públicas y aniquilar el derecho de cualquier ciudadano al libre tránsito. También tienen una garantizada impunidad, porque la conveniencia política de quienes gobiernan recomienda renunciar a la punidad,

Y no tienen el privilegio de representar a la mayoría de ciudadanos guatemaltecos; pero podría no importarles tener ese privilegio. O podría no importarles que renuncien ambos funcionarios. Podría importarles una subversiva finalidad política e ideológica, que lograrían con la oculta pero diligente colaboración de agentes extranjeros, algunos de los cuales serían miembros de misiones diplomáticas, o de agencias internacionales. Esa finalidad podría ser invadir los poderes del Estado e instituir el socialismo. O podría ser abolir el régimen legal, crear un Estado multinacional e instituir el socialismo en cada nación.

Post scriptum.  Podemos no actuar para detener a las fuerzas nacionales, internacionales o extranjeras que pugnan por invadir los poderes del Estado, instituir el socialismo y dividir el Estado de Guatemala en varias naciones; pero por lo menos debemos saber cuál es el abismo hacia el cual nos dirigimos, y cuál es su profundidad, y en qué parte caeremos.

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