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Juan Francisco Sandoval y el fraude de mayor relevancia en la historia del país

Kidon

Como usted sabrá estimado lector, el caso Odebrecht causó un sisma a nivel latinoamericano luego de que se destapara el entramado de corrupción que utilizó la entidad brasileña, la que a base de sobornos gubernamentales obtenía la asignación de obras de interés nacional a precios sobre valorados. 

Guatemala no fue la excepción, pues en el año 2,013 a la citada entidad le fue adjudicada la ampliación de cuatro carriles y la remodelación del tramo carretero que de Cocales conduce hacia la frontera con México, una obra de aproximadamente cien kilómetros valorada en trescientos ochenta y cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América, dinero que se obtuvo de diferentes prestamos realizados.

Al detonar el escandalo, los personeros de la entidad salieron huyendo del país dejando la obra abandonada. Para llevar a cabo la investigación, por algún motivo que deberá investigarse la ex fiscal Thelma Aldana y el ex comisionado Iván Velásquez Gómez, designaron al peón de la impunidad y su asistente Eva Sosa, para que realizaran las pesquisas en contra de la entidad y los agentes del Estado involucrados.

El primer acto de investigación del fugado fiscal fue no acudir a la invitación que la entidad carioca realizó a todas las fiscalías de los países perjudicados, para llevar a cabo la devolución del dinero por el incumplimiento del contrato, lo cual impidió que Guatemala pudiera hacer el reclamo y consecuentemente obtener el pago multimillonario.

Luego, el flamante fiscal ordenó el secuestro de todos los documentos relacionados con la citada entidad sin percatarse que, dentro de ellos, se encontraban las fianzas que garantizaban el cumplimiento de la obligación y que por disposición legal debió entregarlas a la PGN para que esta hiciera los reclamos judiciales ante las afianzadoras, con lo cual se hubiera asegurado el patrimonio del Estado, lo cual ya no es posible debido a que prescribieron las garantías por el transcurso del tiempo. 

El tercer acto de investigación fue, tomar su pasaporte, bikini y bloqueador y viajar en calidad de simple turista a la ciudad de Sao Pablo, y digo en calidad de turista pues, los funcionarios públicos únicamente pueden ejercer sus funciones en el país en donde prestan sus servicios y más al tratarse de un agente fiscal quien debe someterse al principio de territorialidad de la ley penal.

Cuarto, arrojándose las facultades de la PGN, llega a la casa de los responsables del fraude, donde concede a sus anfitriones lo siguiente: abstenerse de ejercer la persecución penal en su contra beneficiándolos con un criterio de oportunidad, el pago de quinientos mil quetzales a cada uno de ellos en forma personal en concepto de multa y la ridícula indemnización de tan solo dieciséis millones de dólares para la entidad, condonando o perdonando así los trescientos ochenta y cuatro millones de dólares.  

Quinto, ignorante de la forma técnica de incorporar documentos provenientes del extranjero los adjunta a un proceso legal donde su amiga Erika Aifán, sorprendentemente los valora los admite como prueba, logrando capturar y procesar únicamente a un pequeño grupo de exfuncionarios públicos y unos que otros constructores, dejando desprotegido el interés del Estado.

Debido a la negligencia del ex fiscal Sandoval, el Estado de Guatemala deberá no solo pagar los créditos bancarios que a la fecha continúan generando intereses mensuales, sino que volver a invertir una suma mayor, tomando en cuenta el aumento en el costo de material y mano de obra para finalizar el proyecto, lo cual es casi imposible.

La única forma viable jurídicamente es que la Fiscal General remueva del cargo al jefe de la fiscalía de Asuntos Internos Marlon Pacheco Rodríguez, piedra de tropiezo en las investigaciones que se siguen contra Sandoval, y asigne a un fiscal valiente y objetivo que realice las gestiones encaminadas primero a solicitar la orden de aprehensión en contra de Sandoval, Eva Sosa, Thelma Aldana y Erika Aifán, y con posterioridad junto a la PGN buscar la nulidad absoluta de los tres convenios de colaborador eficaz.

El efecto de la nulidad será volver las cosas al estado anterior y consecuentemente por la naturaleza de los delitos extraditar a los personeros de la entidad para vincularlos, embargar los bienes de todos los responsables, y gestionar la devolución completa del dinero más intereses y costas procesales, será difícil pero no imposible, y el fiscal y PGN que lo hagan pasarán a formar parte de la historia de este bello país. 

Imagínese usted, cuantos hospitales, escuelas, centros de atención de niños y ancianos, se hubieran podido edificar y sostener con esos trescientos ochenta y cuatro millones de dólares.

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