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¿A quién sirven los bloqueos?

Evolución

Digamos que es cierto que si bien durante la administración actual ha habido sospechas e indicios de actos de corrupción, aún no se han presentado evidencias concretas y contundentes, resultado de investigaciones penales, que hagan que la población se levante con la misma ira y encono con que lo hizo hace seis años. Ahora bien, primero, en nada debería sorprendernos que exista corrupción rampante en este gobierno, porque la corrupción es intrínseca a éste, a cualquiera y a todos los gobiernos; la corrupción es innata a la actividad estatal per se. Y no es que eso sea consuelo, sólo significa que simplemente no entendemos la lección, papá gobierno y políticos corruptos son homólogos. Segundo, aparte de ser un mal endémico dentro de la esfera estatal, sobradas razones tenemos para sospechar, puesto que hemos visto los presupuestos sobredimensionados, un endeudamiento descarado y más que irresponsable, pero lo que no hemos visto ha sido resultados tangibles ni el fruto del sacrificio de nuestros recursos en impuestos y deuda. Vemos una situación caótica, una desorganización total, una precariedad en los servicios públicos que, francamente, ofende. Ello sumado a algunos cuantos señalamientos que a la fecha sólo se han quedado en delaciones o reportajes, pero que no se han traducido y materializado en acusaciones penales. Y, tercero, buenos motivos tenemos para cuestionar la inacción del ministerio público en ese sentido, sobre todo cuando vemos los cambios repentinos en la fiscalía que medianamente llevaba esta labor, y a la cual sí se le deben reconocer sus logros, de la misma manera que tampoco se le puede atribuir ciegamente una presunta infalibilidad, puesto que también es cierto que en alguna medida actuó en forma sesgada, selectiva y se extralimitó.

¿Qué legitimidad tienen entonces las recientes manifestaciones violentas y bloqueos? Y, sí, son violentas. Desde el momento en que se amenaza o coacciona a cualquier persona impidiéndole movilizarse en el ejercicio de su libertad, se está ejerciendo violencia sobre dicha persona y se están vulnerando sus derechos. Así que bajo ningún punto de vista se pueden calificar dichas manifestaciones y bloqueos como pacíficos o legales. Pero la pregunta va más allá. La cuestión es a quién sirven esas expresiones violentas y en qué medida se convierten, si acaso, en mecanismos de presión legítimos para enviar un mensaje rotundo al gobierno para que corrija el rumbo. Por un lado, los grupos más vociferantes que actúan de forma ilegal y con total impunidad han dejado claro que su intención es sustituir la constitución actual por una acorde a su ideología destructiva, cuyos resultados desastrosos han sido más que evidenciados en otros países en América Latina. Desde luego que habrá tontos útiles que caigan en su juego y sirvan a sus mezquinos intereses, que es, al final, lo único que persiguen, pero es claro que buena parte de la población honrada y trabajadora no desea eso para el país. Se ha reportado que las pérdidas provocadas por estas acciones ilegales suman alrededor de doscientos setenta millones de quetzales diarios. Y también queda claro que los más severamente afectados son trabajadores y micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, difícilmente se pueda sostener que estos antisociales ganen más adeptos a su causa con estas actitudes que rayan en lo delincuencial, a pesar de que existe un amplio descontento y repudio a la administración actual. Al final, resulta siendo hasta irónico que, si bien un pretexto ha sido protestar en contra de la corrupción, terminan por alienar a la población, lo cual, en lugar de suscitar un mensaje contundente contra la corrupción en el actual gobierno, estas expresiones violentas le resultan, incluso, hasta siendo un alivio.

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