La Seguridad Jurídica: Pilar fundamental en el estado de derecho
Barataria
El Estado de Derecho se concibe desde la óptica del equilibrio de dos aspectos básicos para su desarrollo: El sistema jurídico compuesto por toda la producción normativa dentro del marco constitucional y la institucionalidad que tiene como misión fundamental el cumplimiento de la ley, fundado en los principios de juridicidad y legalidad que sujetan a todos los funcionarios públicos a que todo su actuar debería estar de acuerdo a las normas propias de cada institución y dicho en otras palabras, el funcionario público no debe hacer más allá que lo que la misma ley institucional le atribuye como funciones.
Guatemala ha entrado en un campo muy peligroso minado diría yo. Un campo en dónde hay muchas trampas, abismos profundos y pozos peligrosos de sortear. Recientemente el señor Giammattei en Concejo de Ministros, dispuso decretar un Estado de Calamidad Pública en razón del desborde de la situación sanitaria causada por la pandemia, aunque ya todos sabemos del gusto que tiene el gobernante por los Estados de Excepción, que ha utilizado antes de la pandemia y durante la pandemia; comprendemos que este último Estado de Calamidad decretado en realidad no contiene disposiciones que pudieran contener el avance de la pandemia, sin embargo si es fácilmente utilizable para evadir disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y permitir no solo al Ministerio de Salud Pública, sino a otras instituciones gubernamentales hacer los gastos que luego nunca darán cuenta. En efecto, durante este gobierno del señor Giammattei, lo que menos ha existido es transparencia, se han gastado millones de quetzales que nunca vamos a saber en qué se fueron, cómo se gastaron. Se crearon fondos para diferentes segmentos de la sociedad, para muestra un botón, se creó un fondo para los trabajadores de la economía informal, que nunca sabemos como se ejecutó, un fondo de préstamos para profesionales que manejó el Crédito Hipotecario Nacional que nunca sabemos cómo se ejecutó y así podríamos añadir una larga lista de fondos y dineros públicos que no se ha sabido cómo se han ejecutado hasta terminar con el famoso contrato de las vacunas rusas Sputnik V, negociado y renegociado sin que hasta el día de hoy se nos indique con claridad lo que ha sucedido.
Como sabemos, la Junta Directiva y los aliados oficialistas en el Congreso de la República pese al bochorno que se realizó en la sesión en dónde se debía de conocer el Estado de Calamidad, no lograron la ratificación de la normativa gubernativa. Lo leyeron a la fuerza, sin darle la palabra a los diputados que la pidieron a gritos. Al final la falta de ratificación e improbación de parte del Congreso de la República fue evidente. Sin embargo, el Ejecutivo, se apresuró a indicar a través sus voceros que el Estado de Calamidad Pública continúa vigente y esto fue refrendado por el Ministro de Gobernación que anunció capturas para los que violen la limitación de movilidad después de las 10 de la noche. Es evidente que el señor Giammattei tiene asesores legales con interese propios y que le dicen todo lo que el quiere oír, y si el Presidente quiere oír que el Estado de Calamidad esta vigente así le dicen y que puede aplicarlo. No tiene sentido alguno que el Congreso de la República sea convocado a conocer, ratificar o improbar un Estado de Calamidad, si al no hacerlo continúa vigente, tal actitud presidencial constituye un abuso de poder y en definitiva no es viable.
Pero lo peligroso aquí es la falta de respeto a la ley, crear limbos y vacíos legales innecesarios por el capricho del gobernante que ha perdido tanta legitimidad que quienes eran sus achichincles en el Congreso y votaban en línea a favor de sus decisiones ahora ya se detienen un poco, porque el desgaste del mandatario los va a llevar a la ruina electoral y ahora, dignos ellos dirán, se oponen al presidente votando en contra o no acudiendo a las sesiones. Todos estos diputados de esos partidos políticos que un día fueron aliados del mandatario, eligiendo juntas directivas y aprobando una serie de decretos a la medida, pese a la oposición de otros diputados, que le han dado oportunidad al gobernante de hacer cuanto quiere con los dineros públicos, ahora ha resultado que no le siguen. Pero el Gobernante se aferra a continuar con su Estado de Calamidad Pública, no porque le interese la salud de los guatemaltecos, porque si al señor Giammattei le hubiere interesado la salud de los guatemaltecos, no se hubiera decantado por negociar con los rusos un contrato de compra de vacunas que al día de hoy ni siquiera llega la mitad de las dosis compradas, pero como al día de hoy no sabemos si las motivaciones del gobernante van más allá de tener una mejor vida, muchos guatemaltecos se ha muerto, otros tantos están deseando una cama de hospitales y muchos contagios habrán porque la crisis sanitaria no es prioridad del gobernante sino la crisis económica de la cual quieren salir muchos funcionarios.
Guatemala tiene crisis en la certeza jurídica y legal, hay muchos actos de funcionarios públicos que dejan mucho que desear, porque ahora en Guatemala es muy fácil para los que ejercen la función pública apartarse de la ley y haber “todo aquello que la ley no regule”. Al gobernante y los funcionarios guatemaltecos les suena en el oído aquello que “ Si bien es cierto la ley no lo indica, tampoco lo prohíbe” y entonces pueden hacer lo que les da la gana minando la institucionalidad. Así, en Guatemala tenemos un Poder Judicial ilegítimo, puesto que van para dos años de no elegir Magistrados y que probablemente se llegue al final del periodo de este gobierno sin la elección, porque cínicamente este gobierno se “siente cómodo” con estos jueces; tenemos una Corte de Constitucionalidad, que no ha completado la juramentación de todos sus magistrados porque falta una Magistrada a la que no se le da posesión y que quizá nunca tomará posesión, porque este gobierno “se siente cómodo” con una Corte de Constitucionalidad integrada de esta forma; tenemos una Fiscal General que hace lo que quiere, nombrando, trasladando y despidiendo fiscales sin respetar a la ley, pero sigue “vigilante”, y así podríamos nombrar una serie de instituciones que literalmente hacen lo que les da la gana sin sujetarse a la ley, esto es pan de cada día, incluso por allí se oye de un Concejo Municipal que defenestró a un Alcalde y con ello se tira por la borda la certeza jurídica. Con las actitudes del gobernante, queriendo imponer un Estado de Calamidad que no se perfeccionó porque el Congreso no llegó a discutirlo, pero que a él le interesa puesto que representa una oportunidad más para “hacer negocios”, se entra al peligroso camino de la falta de certeza jurídica que es el cancer por medio del cual se destruye sigilosamente el Estado de Derecho, veamos a Haíti, Nicaragua, Venezuela, Honduras y otros países que han tomado este camino.

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