Luego de ordenarse la captura de Sandoval tocará …
Kidon
Guatemala atravesó por una de las mayores crisis en el sistema de administración de Justicia e investigación penal, cuando la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad, implementó métodos y técnicas que socavaron las garantías procesales de los sindicados y que llegaron incluso a atentar en contra del Estado de Derecho.
Para lograr su propósito, se valieron de una serie de funcionarios en su mayoría reprimidos, acomplejados y con un perfil social distorsionado por sus preferencias degeneradas y psicóticas, a quienes ubicaron en puestos claves, tanto en la fiscalía como en los Tribunales de Mayor Riesgo, desde donde fueron capaces de atentar en contra de la institucionalidad y sus habitantes.
El objetivo: capturar el Estado para entregarlo a las mafias socialistas que desde siempre han pretendido ordeñar los recursos públicos y que gracias al Ejército durante la guerra y luego a la ciudadanía con el voto responsable y de castigo no ha sido posible.
Desde el inicio de esta fuerza de intervención, los guatemaltecos nos opusimos férreamente a la implantación del derecho penal del enemigo como herramienta para lograr sus fines, y rápidamente como Fundación, iniciamos una serie de diligencias jurídicas destinada a denunciar a la exfiscal Thelma Aldana, así como a los integrantes de la FECI, en especial al jefe de esa unidad, de la comisión de diferentes hechos delictivos.
Luego de luchar contra viento y marea en la Fiscalía de Asuntos Internos, logramos obtener dos ordenes de aprehensión en contra de Thelma Aldana, quien se dio a la fuga cobardemente, sin apegar su conducta a aquel adagio que con tanto ahínco acuñó en las pomposas conferencias de prensa y que rezaba así: “el que nada debe nada teme”.
Seguimos la lucha jurídica en contra de Juan Francisco Sandoval, Andrei González, Eva Sosa y otros individuos de la FECI, con el afán de obtener una orden de aprehensión en su contra, debido a diferentes actos de corrupción que van desde el caso Odebrecht, relacionado con el mayor fraude que se consumó en la historia del país, pasando por Filtraciones FECI, la Multi-Causa, hasta el robo de supuestas evidencias y su posterior incorporación ilegal a un país que carece de legitimación para investigar hechos cometidos en territorio nacional.
Como nada queda impune y en algún momento la fiscalía obtendrá la aprehensión de este delincuente, y de los que integraron su banda criminal, se hará necesario además de la extradición y la muerte civil, tomar las siguientes medidas para evitar que esto vuelva a suceder: primero, se deberá exponer el rostro del exfiscal Sandoval públicamente con el mensaje “se busca”, así como facilitar una recompensa para quien informe de su paradero.
Segundo, embargar las cuentas bancarias, salarios o emolumentos a su nombre, así como los bienes muebles e inmuebles que Juan Francisco Sandoval posea, esto, con el objeto de garantizar las resultas de juicio y lograr resarcir en parte a las víctimas o a sus herederos, derivados de los delitos que cometió en el ejercicio del cargo.
Tercero, publicar las ilegalidades cometidas por esta estructura criminal organizada en el Diario Oficial y en otros de mayor circulación, así como proyectar los casos en las facultades de derecho del país a efecto de que sean estudiadas y analizadas cada una de las ilegalidades cometidas, para que futuros abogados conozcan la época de terror que se vivió y como un disuasivo para que no vuelva a suceder.
Cuarto, edificar frente a la sede de la FECI un monumento a la memoria histórica, dedicado a las víctimas de esa organización criminal, en el que deberá incluirse los nombres de los fallecidos y de todos aquellos que fueron o serán declarados inocentes de esta cacería selectiva. Quinto, declarar el 30 de agosto de cada año, el día nacional de las víctimas de esta estructura criminal.
Sexto, solicitar a la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la cancelación de los títulos profesionales de abogado y notario de Juan Francisco Sandoval Alfaro, por haber faltado a los postulados de legalidad, ética y probidad, y hacer un punto resolutivo por parte del CANG ordenando su publicación.
Séptimo, comunicar a cada una de las embajadas iniciando por la de los Estados Unidos de América y las que incorpora el G13, y demás donantes, las ilegalidades cometidas por Juan Francisco Sandoval y la FECI, a efecto de que informen a sus contribuyentes la forma en que se utilizaron sus impuestos.
Octavo, declarar nulo todo lo actuado por esta banda criminal por haber violentado las garantías constitucionales de cientos de ciudadanos e iniciar los procedimientos nuevamente, encaminados en el respeto a los derechos procesales.
Por último, agradecer públicamente a la Fiscal General María Consuelo Porras, así como a los fiscales y auxiliares fiscales que a pesar del riesgo, y de haber soportado los enojos infundados de agentes internacionales y las calumnias y difamaciones, se atrevieron a rescatar el sistema de justicia penal del país, y que sus nombres pasen a formar parte en los libros de la historia nacional.
CICIG Y FECI, nuca más.

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