El poder que tenía el jefe de la CICIG

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El 3 de septiembre del presente año, o año 2021, se cumplen dos años de haber finalizado el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Fue un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, que debía estar vigente durante dos años; pero fue prorrogado varias veces y estuvo vigente durante doce años.

Mediante ese acuerdo el Gobierno de Guatemala autorizó a la Organización de las Naciones Unidas, conferirle al jefe de esa comisión un poder que no tenía el presidente del Organismo Ejecutivo, ni el presidente del Organismo Legislativo ni el presidente del Organismo Judicial. Tal jefe ejerció una inaudita dictadura, aprobada por los Estados Unidos de América y por la Unión Europea.

He aquí algunos ejemplos del poder que tenía el Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Primero. Podía actuar “con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato.” Adviértase que esa independencia era “absoluta”. No era “relativa”, como la que tiene el presidente del Organismo Ejecutivo, o el presidente del Organismo Legislativo, o el presidente del Organismo Judicial.

Segundo. Podía “promover la persecución penal por medio de denuncia penal ante las autoridades correspondientes”, y podía ser “querellante adhesivo”. Sin embargo, ningún presidente de Organismo del Estado tiene tal poder. Quiero decir que la Constitución Política no le adjudica la función de “promover la persecución penal”, ni le otorga la facultad de ser “querellante adhesivo”.

Tercero. Podía “solicitar a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, declaraciones, documentos, informes y colaboración en general”; y esos organismos o esas entidades debían satisfacer “sin demora aquello que les sea requerido.” Ningún presidente de Organismo del Estado tiene el poder de tal solicitud.

Cuarto. Podía celebrar contratos; adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles; e iniciar procedimientos judiciales; y para ello estaba dotado de “personalidad jurídica y capacidad legal”. Ningún presidente de Organismo del Estado posee semejante personalidad y capacidad.

Quinto. Podía “concertar acuerdos con otros Estados y organizaciones internacionales.” Ningún presidente de Organismo del Estado tiene el poder de concertar tales acuerdos. Tampoco lo tienen los organismos mismos del Estado. Ciertamente, el Organismo Ejecutivo puede “concertar” tales acuerdos; pero puede ratificarlos solo si los aprueba el Organismo Legislativo. Los acuerdos que podía “concertar” el jefe de la comisión no tenían que estar sujetos a la aprobación de alguno de los organismos del Estado.

Sexto. Podía libremente tener “acceso sin restricción alguna a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares y a todos los establecimientos penitenciarios y de detención, sin previo aviso”. Ningún presidente de Organismo del Estado tiene tal poder. El jefe de la comisión podía, por ejemplo, ingresar libremente, y sin previo aviso, a la oficina o a la casa del presidente de la República. Nadie podía impedirlo.

Séptimo. Podía, en el proceso de investigación y persecución penal, libremente tener “acceso a.… los archivos oficiales, las bases de datos y los registros públicos y cualquier informe semejante, archivo, documento o información en posesión de las personas o entidades estatales pertinentes, ya sean civiles o militares.” Ningún presidente de Organismo del Estado tiene tal poder.

Octavo. Podía delinquir y no ser sujeto de acción penal pública, ni ser acusado, ni juzgado, ni sentenciado. Efectivamente, tenía “inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa”. Y sus bienes inmuebles, sus recursos financieros y sus “activos” no podían ser objeto de “registro, allanamiento, confiscación, secuestro, requisición y expropiación.” Ningún presidente de Organismo del Estado tiene la inmunidad de “jurisdicción penal, civil y administrativa” que fue conferida al jefe de la comisión.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala era incompatible con la Constitución Política. Por ejemplo, la constitución crea tres organismos del Estado; pero la comisión era un cuarto organismo, poseedor de un poder superior. La comisión tuvo éxito en algunos casos. Tal éxito le confirió utilidad, pero nunca le otorgó legalidad.

La comisión provocó un perjuicioso relajamiento de las instituciones del Estado a las cuales compete la seguridad pública, la investigación criminal, la acción penal pública y la administración oficial de justicia. Y amparada en una permitida y hasta autorizada ilegalidad, exigió a los jueces que la complacieran; y si no la complacían, podían ser acusados de ser cómplices de agentes criminales. Los magistrados y los jueces tenían que ser servidores de la comisión.

Post scriptum. La comisión persiguió a militares que habían derrotado a la guerrilla, y a algunos empresarios; pero nunca persiguió a algún exguerrillero autor de espantoso terrorismo, o ávido destructor de bienes públicos y privados, o asesino, extorsionista y secuestrador. Era explicable: la comisión era un agente criminal cuyo propósito era político o ideológico.

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