Defensa de la madre tierra: O defensa de actividades ilegales
Kidon
Son continuas las prácticas de grupos de supuestos campesinos reclamando en contra de la presencia de elementos de seguridad en sus comunidades, a quienes reprochan de entrometerse en sus territorios e impedir la defensa de la madre tierra y los recursos naturales de estas poblaciones en su mayoría ubicadas en las fronteras del país.
Estos falsos comunitarios, manejados por verdaderos enemigos de la libertad han llegado al extremo de amenazar e intimidar a las fuerzas del orden para que desalojen los destacamentos militares y comisarias de la PNC, ubicadas en puntos estratégicos y que desde luego brindan seguridad al territorio nacional.
Bajo la falsa consigna de sentirse reprimidos por la presencia gubernamental han sido capaces de quemar destacamentos, agredir y asesinar soldados y elementos de policía, decapitar a comunitarios trabajadores, usurpar propiedades de interés y destruir inversión privada con el objeto de infundir terror, buscando al declaratoria de territorios liberados.
Los ejemplos de actos terroristas abundan, y es fácil de recordar la ejecución extrajudicial de varios elementos de las fuerzas de mar hace unos años en jurisdicción de El Estor, las usurpaciones de fincas y el hurto de fluidos llevados a cabo por grupos extremistas de CODECA y el CUC, en la franja transversal del norte, la destrucción de los bosques en regiones de El Petén, la contaminación de recursos naturales en fincas, y demás actos de violencia encaminados a infundir miedo.
El objetivo, adueñarse de gran parte de esos territorios para desde allí poder realizar todo tipo de actividades ilegales que van desde el aterrizaje de aeronaves con drogas, la venta, comercialización, procesamiento y fabricación de estupefacientes, que luego son exportados hacia nuestros vecinos del norte. El comercio y tráfico de personas, la explotación sexual de mujeres y menores de edad, así como la venta armas de fuego.
La negociación ilícita de ganado, madera, recursos naturales y energía eléctrica, las lidias de gallos, el fomento del sicariato, la venta y comercialización de licor clandestino, actividades de prostitución y esclavitud sexual, hasta la enajenación de parcelas y lotes robados a sus verdaderos propietarios, argumentando falazmente la recuperación de tierras ancestrales o el aprovechamiento de tierras ociosas.
El común denominador en todas estas actividades ilegítimas es el lucro que representan para las estructuras criminales que las desarrollan, y por ello se hace necesario que el Estado a la brevedad posible fije una política que tienda a calificar de terroristas a todos los individuos que viven de la comisión de estos delitos, para perseguirlos con toda la fuerza de la ley, a efecto de lograr erradicar estas prácticas.
Para ello, será necesario además crear por parte del Ministerio Público una fiscalía especializada en el combate de grupos criminales, la que apoyada por agentes de la Policía Nacional Civil realicen cuanta investigación sea necesaria para poner a disposición de juzgados de Mayor Riesgo previamente creados para ese propósito, a todo delincuente terrorista.
Por último, mediatizar por todas las vías posibles los crímenes cometidos por estas organizaciones delincuenciales, incluso gestionar a nivel de embajadas y de organismos internacionales para que conozcan el daño que causan al país los aportes económicos que bajo la apariencia de ayuda humanitaria les hacen llegar a estos delincuentes.
Juicio y castigo a los delincuentes terroristas.
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