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Acceso al Sistema de Justicia en Guatemala

Petardo

Hablar del al acceso a la justicia, es referimos a un derecho fundamental que permite a los seres humanos hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley sin prejuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión.

El Sistema Integrado de Justicia (SIJ) está orientado a identificar mecanismos y ajustes institucionales idóneos que permitan reducir los niveles de impunidad en el país a través de la medición de la eficiencia y eficacia de la justicia, enfocada inicialmente al área penal. La justicia es, en cierta medida, una distribución equitativa de los bienes y de los males que a cada uno le corresponden: “es dar a cada cual aquello que se le debe”.  La esencia de la justicia es la idea de bien y la repartición equitativa de aquellas cosas que se consideran un bien común. En ese sentido, el acceso a la justicia es un derecho humano que garantiza, con determinados requisitos, que toda persona pueda acceder a tribunales independientes e imparciales, a fin de que se respeten y hagan valer sus derechos y para que los propios órganos encargados de impartir justicia resuelvan sin obstáculos. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática, participativa e igualitaria. Es el derecho que tienen todas las personas a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos.

El Organismo Judicial (OJ) de Guatemala es uno de los organismos de la República de Guatemala, el cual ejerce el poder judicial. En ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República de Guatemala y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país.  La justicia se imparte de conformidad con la Constitución de la República y las leyes nacionales. Por ello, corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deben prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes.

A quienes atenten contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Con el resumen antes expuesto debemos comprender que la justicia no es responsabilidad de una sola persona. Y para que todos confiemos en la justicia debe existir Independencia, credibilidad y legitimidad del sistema de justicia en su conjunto.

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