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No a la ley de competencia, sí a la libre competencia

Evolución

Recientemente se reanudó en el congreso la discusión para la aprobación de la iniciativa conocida como ley de competencia. La idea de aprobar una ley de competencia en buena medida obedece a compromisos adquiridos en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. En resumen, la iniciativa plantea la creación de una nueva entidad burocrática, en este caso una Superintendencia de Competencia que tendrá a su cargo perseguir y sancionar a empresas que incurran en prácticas anticompetitivas conforme dichas prácticas se definen en la propia ley, tanto en términos absolutos como relativos.

Sin entrar en lo obvio, relacionado con lo que implica crear otra instancia burocrática ineficiente, corruptible y que innecesariamente consuma más recursos que no tenemos, ofrezco algunas consideraciones. Hay amplia evidencia de los países donde existen agencias similares, incluso en los Estados Unidos donde la persecución de las prácticas anticompetencia se lleva a cabo dentro de un modelo diferente y en buena medida con control judicial, que demuestra que estos reguladores operan en función de intereses. Por ejemplo, se puede producir una captura del regulador en el sentido que empresas con mucho poder puedan presionar o influir en el regulador o políticos que los nombran para que no los toquen o para que ataquen a sus rivales. Otras veces estos reguladores y fiscales anticompetencia entablan persecuciones para promover su imagen en función de ambiciones políticas o persiguen injusta y sistemáticamente a blancos fáciles para dar la impresión de resultados abultados en su gestión. Repito, hay muchos estudios e investigaciones académicas serias en las cuales se han documentado estos tipos de casos, y otros, en los que se evidencian los abusos que rutinariamente se cometen desde estas agencias. Considerando el contexto y la idiosincrasia guatemalteca, lo descabellado sería pensar que una agencia burocrática con el poder de perseguir y sancionar empresas so cualquier pretexto, no va a abusar de dicho poder o utilizarlo para favorecer a determinados intereses.

En realidad, en Guatemala no se necesita ley alguna, ni mucho menos nueva burocracia. Nuestra Constitución, en su artículo 130 claramente estipula que se prohíben los monopolios y privilegios y que el estado deberá proteger la economía de mercado. Ahora bien, lo que sí existe en nuestro país es una infinidad de privilegios y proteccionismos que favorecen a sectores específicos y que son los que realmente crean condiciones de poca o nula competencia, así como una serie de regulaciones y obstáculos que impiden que en realidad funcione una verdadera economía de mercado. Si de verdad se quiere fomentar la competencia, entonces se debe, por ejemplo, eliminar aranceles y barreras no arancelarias que implican protecciones especiales para sectores que mantienen mercados cautivos. Se debe también derogar leyes y regulaciones mediante las cuales subrepticia o abiertamente se ha beneficiado a industrias específicas para que otros competidores no puedan entrar al mercado. Eliminar esas regulaciones a su vez serviría para acabar con las mafias que existen en determinados ministerios, como el de Agricultura o el de Salud, por ejemplo, donde se favorecen y facilitan los intereses de determinadas empresas y se recurre a cualquier artimaña legalista para impedir a potenciales competidores entrar al mercado. En Guatemala es hasta común y sabido que determinados sectores abiertamente quitan y ponen a dedo funcionarios en muchas dependencias burocráticas para que esas agencias sirvan a sus intereses y perjudiquen a sus potenciales competidores. Como también es común que dichas agencias burocráticas sean focos de corrupción descarada en los cuales sus funcionarios amasan fortunas facilitándole el camino para obtener registros, licencias y permisos a quienes los patrocinan, a la vez que le hacen la vida imposible a quienes no caen en el juego de la corrupción o no tienen tanto poder como las industrias rivales que los quieren mantener al margen. Por lo tanto, el único oficio que le compete al congreso, para promover la competencia, no es crear más burocracia para que se siga manipulando los mercados al antojo de alguien, sino eliminar las leyes que constituyen tantos privilegios, protecciones a sectores y limitaciones a la competencia, así como las regulaciones innecesarias que obstaculizan el surgimiento de mercados competitivos.

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