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La importancia de mantener una institucionalidad

Barataria

Para el connotado sociólogo alemán, Emile Durkeim la importancia de las instituciones era tal, que una sociedad no podría estructurarse sin la existencia de ellas, esto debido a que es a través de las instituciones como se construye una sociedad.  Este concepto fue desarrollado posteriormente por Luhman con su importancia sobre la existencia de una institucionalidad fuerte que permita que los derechos y las obligaciones no solamente sean textos o declaraciones contenidos en el papel, sino que sean una realidad aplicada en la sociedad, de tal manera que, es a través de las instituciones en que el Estado pueda garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y exigir el cumplimiento de las obligaciones a que están sujetos todos los actores sociales.

Resulta importante claro está, que las instituciones son dirigidas por personas, miembros de la sociedad, electos o nombrados mediante procedimientos que establecen las normas jurídicas de cada Estado y las instituciones mismas como tal se encuentran reguladas en la ley; sus funcionarios se encuentran sujetos a la ley y sus actuaciones determinadas en ley bajo los principios de juridicidad y legalidad, ningún funcionario puede hacer lo que no está regulado en ley. Así, la combinación básica entre una institucionalidad regulada y la función pública sujeta, hacen que el Estado vaya caminando hacia su objetivo principal que es el bien común de todos los que conforman la sociedad.

En Guatemala, hemos visto como esta institucionalidad ha sido totalmente minada, poco a poco, desde los anteriores gobiernos hasta el actual.  Anteriormente la cooptación, las influencias traficadas de ciertos sectores y la pasividad de la función pública eran imperceptibles debido a que se quería dar apariencia de legalidad a todos los actos ilegales. Sin embargo, resulta muy asombroso cómo ahora, la forma en que se ha cooptado las instituciones es tan descarada que se ha destruido la institucionalidad del país, de tal suerte que todas las instituciones del Estado, están respondiendo a interese aviesos que sirven a unos pocos en detrimento de la población. Asi, Guatemala nuestro país, ha entrado en una senda muy peligrosa de perdida de valores democráticos del cual probablemente no haya retorno si no se empieza a entender que esta cooptación del Estado, este “secuestro del Estado”, a las claras y sin límites no va ha llevarnos sino por el camino de Nicaragua, Haití o Venezuela.

Poco a poco, se ha ido perdiendo el respeto a la ley y con ello, de manera descarada y pública, se mantiene un sistema de control de las instituciones en dónde ya no hay ni siquiera República en este país: con un Organismo Judicial, cuyos Magistrados debieron de haber sido electos hace más de dos años y sin visos de que se renueven las cortes en los próximos dos años siguientes y lo peor; el Organismo Legislativo, eligiendo una Junta Directiva afin y con la influencia más que descarada del señor Giammattei, no podemos más que pensar en que la República murió hace ya algún tiempo.

En todas las instituciones del Estado vemos cómo se está manteniendo un control afín y todas mantienen un debilitamiento exagerado. Así, encontramos un Tribunal Supremo Electoral que no genera confianza para las próximas elecciones puesto que emite resoluciones favoreciendo a una ex candidata presidencial en detrimento de todo un partido político, porque el gobernante necesita el apoyo de sus diputados en el Congreso para favorecer la elección de la Junta Directiva y luego aparece una Magistrada de dicha institución en un acto publico junto al Presidente de la República solicitando públicamente que se le apoye, poniendo entre dicho su imparcialidad.  No hay una Contraloría de Cuentas eficiente, ya que de todos los fondos públicos que se han utilizado para la pandemia, no ha sido capaz de auditar, como tampoco lo ha hecho con el contrato de las vacunas rusas cuya opacidad es más oscura que una noche sin luna. La Corte de Constitucionalidad sigue desintegrada puesto que aún falta por definir la toma de posesión de uno de los magistrados titulares cuya elección está en controversia por la forma en que el Consejo Superior Universitario no transparentó la misma y al día de hoy esto está en el limbo y se mantiene este tribunal constitucional con la deficiencia debida, además de haber sido cooptado completamente con la elección y designación de los otros magistrados las cuales fueron evidentemente cuestionadas puesto que no hubo transparencia en las mismas y respondieron a intereses del Gobierno de turno, incluyendo entre los magistrados nombrados a su secretaria general de la presidencia. Con esta integración de la Corte de Constitucionalidad, nada bueno se avecina para el país, especialmente cuando entre al periodo electoral.

Recientemente ocurrió un hecho lamentable, en el momento en que no se le quiso dar posesión a los representantes electos por el Colegio de Médicos a la Junta Directiva del IGSS, aunque para muchos esto pasó desapercibido, al fin de cuentas el IGSS resultó ser al momento la ultima de las instituciones cooptadas por el actual gobernante y con ello mantienen un control inusitado sobre la mayoría de instituciones, debilitando las mismas y manteniendo una influencia insana sobre ellas.

Con esto, no queda más que claro que, no podemos seguir con un Estado en el cual las instituciones se vayan debilitando, sean secuestradas, sean cooptadas y su fortaleza sea minada.  El daño al Estado es grave, aunque ahora no parece perceptible y muchos pensarán que esto es parte de lo que es “hacer gobierno”, la factura que habrá que pagar para los próximos años es altísima, el costo es muchísimo más grave que lo que pensamos porque la cooptación de las instituciones atenta seriamente contra la pobre e incipiente democracia que tiene nuestro país.

Ojalá, quienes están ahora en las posiciones de poder, quienes están ahora como funcionarios aliados al actual régimen, quienes estén ejerciendo la función pública en tales instituciones, puedan recapacitar que su actuar en beneficio del actual gobernante, haciendo literalmente lo que él desea, no solo va a acarrear problemas institucionales y funcionales contra la democracia y contra el Estado, sino que estos mismos hechos se les va a revertir para sus propias familias.  De esto es claro que países como Nicaragua, cuyo gobierno actual, dirigido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo creció cooptando las instituciones, poco a poco, hasta que llegó a un control total de las mismas, todo esto a ciencia y paciencia y con el silencio cómplice del Consejo Superior de la Empresa Privada -COSEP-, que aglutina a las empresas más importantes de ese país (equivalente al CACIF en Guatemala).  Estos empresarios nicaragüenses no les importó el debilitamiento de la institucionalidad en Nicaragua, en tanto que ellos continuaban con sus actividades “libres”, sin embargo ahora mismo están siendo blancos de ataques del Presidente que ellos mismos permitieron que se fortaleciera, porque cuando Ortega empezó a gestar toda la cooptación de las instituciones a ellos no les importó en tanto podían continuar “haciendo dinero” ahora sus principales dirigentes presos, ponen el grito en el cielo, ahora para los empresarios nicaragüenses ya es tarde. Lo mismo pasó en Venezuela, bajo el régimen chavista y ahora la empresa privada en ese país es un chiste.

En Guatemala, vamos camino a lo mismo, incluso el presidente Giammattei, no se animó a condenar al régimen nicaragüense por la persecución política electoral que esta haciendo, promoviendo que nuestro país, Guatemala “se abstuviera” de votar en contra de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, para solicitar la liberación de los candidatos de oposición entre otros en ese país.  Mientras el CACIF no le exige al presidente, que sea más congruente con los derechos humanos, muy complaciente con todo lo que el gobierno hace sin pronunciarse, quizá para mañana sea tarde su reacción cuando encontremos a este país como un Nicaragua o Venezuela. 

En fin, el peligro de la cooptación de las instituciones es que las mismas ya no responden a la ley, ni a la constitución, sino que responden a los intereses del gobierno de turno y con ello, ya no hay institucionalidad ni respeto a los derechos y garantías de los guatemaltecos.  Hay tiempo de corregir el rumbo, ojalá quienes están ejerciendo la función pública entiendan de que esta no es la finca de un grupo, que este debe ser el país de todos.

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