Chantaje

Teorema

En noviembre de 1960, una insurrección en la Escuela Politécnica dio lugar a lo que sería la guerrilla. En 1963 empezaron las acciones armadas en contra del país y sus instituciones. Veinte años más tarde, en 1983 la guerrilla había sido diezmada. La actividad del Ejército se concentró, principalmente, en perseguir a los guerrilleros refugiados en las montañas. Los enfrentamientos armados perdieron frecuencia e intensidad. La guerrilla debía tener presencia bélica, para apoyar y dar sentido a las negociaciones de paz que culminaron con los acuerdos firmados a fines de 1996.

Dos exsoldados que prestaron servicio voluntario en la década de los 90, me contaron parte de su experiencia. El período de servicio fue de 30 meses. La rutina diaria iniciaba a las 4:45 con ejercicios. El desayuno era de 6 a 7; después había cursos antiguerrilla o hacían deporte. Entre las 12 y las 2 de la tarde tenían descanso y almuerzo. De 2 a 6 p.m. hacían vigilancia del perímetro militar o integraban el batallón de fusileros. Estos, se encargaban de mantener presencia en la zona rural aledaña. Otros grupos lo hacían por la mañana. La cena era de 6 a 7 y descansaban hasta media noche. Algunos hacían turnos de vigilancia, hasta las 6 a.m. Tenían permiso para salir un sábado y domingo por mes.

Los analfabetos tomaban clases de lectura y escritura en las tardes. Todos aprendieron a usar fusiles (M1 y Galil), morteros y granadas. También a operar la radio y enviar o recibir mensajes codificados. El Ejército proporcionaba casa, alimentación y vestuario (uniformes, gorras, botas, zapatos…), además pagaba un sueldo semejante al que tenían los peones en las fincas, unos Q. 300 o más por mes. Algunos recibieron cursos militares avanzados graduándose como “Galonista profesional” o rangos mayores como kaibil, en El Petén.

Cerca de dos tercios de la tropa lo fue de conscripción obligatoria (muchas veces utilizando prácticas inhumanas). El resto se inscribió de manera voluntaria, cumpliendo con la legislación constitucional vigente (Art 13 en la Constitución de 1956 y Art. 11 en la de 1965)

Empero, el mayor beneficio recibido por los soldados sucedió en normas de higiene, disciplina y principalmente mejoras en su autoestima y autovaloración. Al salir del Ejército, muchos no regresaron al agro sino consiguieron trabajo como guardianes, policías o en agencias de seguridad.

Quienes no fueron al Ejército trabajaron en fincas o terrenos familiares donde el trabajo era más duro. Si bien, al principio los sueldos eran iguales, después hubo menos aumentos y menor posibilidad de progresar. Además, carecían de las ventajas de vivir en una ciudad. Los exsoldados no tienen ninguna duda: al regresar, después de 30 meses en el Ejército, sus aspiraciones eran más altas que las de quienes no habían ido.

Es innegable que los soldados, expusieron su vida. Pero también la exponen los policías, los agentes de seguridad y, en menor grado, la ciudadanía en general. En Guatemala la seguridad es precaria. En mi opinión personal, las demandas por servicios prestados a la patria, al margen de ser una obligación constitucional, recibieron adecuada compensación.

El pasado martes 19 de octubre, una turba de vándalos tomó por asalto el Congreso de la República. Los energúmenos derribaron la puerta del estacionamiento, ingresaron a sus instalaciones, quemaron vehículos, destruyeron oficinas… Aterrorizado, el personal logró escapar.

Aquel acto criminal dejó varias personas heridas incluyendo agentes antimotines, periodistas, fotógrafos y transeúntes. Por encima de todo, al violentar el edificio de uno de los tres más altos organismos del Estado, causaron zozobra y un profundo sentimiento de inseguridad. Crearon terror en la población. Excepto el discurso, nada los distingue de la guerrilla de los años 70.

La ciudadanía honrada y trabajadora se encuentra inerme ante la falta de acciones contundentes por parte del Gobierno. que se muestra tan costoso como ineficaz. Hay que recordar que el Estado guatemalteco fue constituido asignándole como deber primordial garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, en ese orden de prioridad.

El Ejército Nacional tomó distancia de quienes se autodenominan exmilitares, indicando que aquellos que hubieran formado parte de esa institución fueron “dados de baja” y no guardan relación formal con esa entidad. Hace bien el Ejército al fijar esa postura de lejanía, ya que mucho le ha costado conservar un nivel de credibilidad y confianza ciudadana más alto que otras instituciones del Estado, la Iglesia, la prensa, las agrupaciones políticas…

Contrario a mostrar culpa o vergüenza por las acciones cometidas, los delincuentes profirieron nuevas amenazas. Desde muchas semanas antes, los autollamados exmilitares tomaron carreteras y bloquearon el ingreso a las ciudades. Causaron daño económico a los ciudadanos y las empresas que, a diferencia de ellos, trabajan y producen lo que la nación requiere y tributa los fondos que los forajidos quieren tomar.

Han amenazado con “desmoronar un par de puentes”. Alguno dijo: “la mayoría de nosotros andamos cargando una botella de gasolina con su mecha” Uno más aseguró que con “una puya se lleva de corbata a cualquiera”. Otro, que “le bastaba levantar la tapadera de una caja en la calle para dinamitarla”. Son pirómanos, asesinos y terroristas confesos que, además presumen de serlo.

El Congreso ha estimado en Q. 36 mil millones las demandas de los manifestantes. Aún si solo fuera un tercio o la décima parte de esa cantidad, no existe tal disponibilidad. Si se cerrara, por completo, todo un año, los ministerios de Salud, Educación, y Comunicaciones (Q 31 mil millones en 2020) no alcanzaría para pagar a los asaltantes.

Un aporte familiar de Q10 mil cada una de las 3.5 millones de familias que habitamos Guatemala, permitiría reunir esa cifra. Eso incluye a las familias más pobres del país ¿Estamos de acuerdo con pagar tal cantidad? ¿Estamos dispuestos a trasladar tal suma a estos criminales? Creo que no.

Los diputados representan a los ciudadanos que los eligieron ¿Pueden actuar tan irresponsablemente con nuestros impuestos? ¿Puede el presidente de la República disponer de los fondos públicos de manera arbitraria? Mi respuesta sigue siendo no.

Permítame resumir de la manera siguiente

Uno: Los manifestantes, posiblemente exmilitares que deshonran a la institución a la que podrían haber pertenecido alguna vez, exigen una altísima suma de dinero que solo puede provenir de la población (el gobierno no produce).

Dos: Ellos cometieron actos de vandalismo criminal. En consecuencia, son vándalos y son criminales. Las instituciones legales del país deben presentar cargos contra los vándalos y los criminales.

Tres: Quienes no participaron directamente en los hechos violentos han incurrido en violaciones a lo dispuesto en el Decreto Ley 41-95, que regula las manifestaciones.

Cuatro: Los ciudadanos no tenemos una deuda social con los exmilitares que defendieron el país de la amenaza comunista. Sus servicios a la Patria ya fueron recompensados en su oportunidad conforme la ley.

Cinco: Los ciudadanos han manifestado con absoluta claridad su repudio a los actos cometidos el pasado 19 de octubre contra las instalaciones del Congreso de la República.

Seis: La prensa independiente debe asumir su papel como analista de los actos cometidos, cesando la postura tolerante que ha asumido.

Siete: Ninguna indulgencia puede provenir de que los malhechores hayan sido manipulados o recibido paga para subvertir el orden. La ignorancia, si la hubiera, no debe justificar que actos criminales queden impunes o merezcan un trato condescendiente.

Ocho: El Congreso y el Ejecutivo deben dar por terminada cualquier negociación con los delincuentes.

Nueve: El Gobierno no debe ceder ante el chantaje de los criminales. Las consecuencias de actuar en contrario son de la mayor gravedad.

Lea más del autor: