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La criminalización del descontento popular

Barataria

Durante los años previos a la actual era democrática, iniciada apropiadamente en 1985; los que nos gobernaron eran aficionados a la limitación de las garantías constitucionales y al autoritarismo de hecho, sin decretar estados de excepción para limitar las garantías constitucionales. Así so pretexto de combatir el comunismo y otras corrientes, se dedicaron a mantener a la población guatemalteca en el temor y la zozobra que se imponía sin miramientos, el temor se apoderó de las calles.  En aquellos tiempos, las libertades eran limitadas e inexistentes y la imposición sistemática de gobiernos de corte militar hicieron que casi dos generaciones crecieran sin mayores libertades y el derecho a manifestar no se ejercía con las libertades que debieran.

A partir de la vigencia de la Constitución actual, desde 1985 se determinaron una serie de garantías que los guatemaltecos iniciamos a disfrutar, aunque existió un abuso de muchas de estas garantías, como la sindical.  La mayoría de sindicatos, especialmente de instituciones del Estado se han dedicado a consumir del presupuesto negociando con los funcionarios de turno sin mejorar la calidad del servicio público, prueba de ello son los sindicatos en el Ministerio de Salud Pública y el Magisterio, que lejos de mejorar el servicio en estas instituciones se ha degradado cada día más.

Esta claro que las garantías constitucionales en lugar de ir disminuyéndose deberían de fortalecerse y la presencia del Estado en todo el país, dentro de un marco democrático de libertades, es necesaria.  Para avanzar en la construcción de país, se necesita la fortaleza de las libertades y garantías constitucionales, no es posible que esto se pueda lograr “con base a estados de excepción”, puesto que la limitación de los derechos constitucionales no es el ideal de cualquier país democrático.  Al gobierno del señor Giammattei, al parecer le fascina volver a los años sesenta, setentas y ochentas; al inicio de su gobierno, no habiendose declarado la pandemia aún, y días después de haber asumido la presidencia, se declararon estados de excepción de manera focal, en algunas áreas del país.  Esto naturalmente no es la forma de gobernar un país, no es a través de la limitación de las garantías que otorga la constitución que un país va a ser gobernado, al menos no en pleno siglo XXI, en dónde ya se supone que quedaron atrás aquellos años en los que el gobernante en contubernio con todo el aparato estatal procedía a mantener subyugada a la población.

Recientemente se dispuso aprobar un estado de excepción en el municipio de El Estor, en el Departamento de Izabal.  Al margen de las discusiones propias y defensa oficiosa que hizo el Ministro de Energía y Minas, cuya incompetencia y descaro es descomunal, cuando habla sobre aspectos legales, en donde todos nos preguntamos si es que no comprende el tema, esta coludido con los empresarios o es un estúpido, pero nadie hoy en día puede defender una Ley de Minería hecha a la medida de las industrias extractivas, que dejan una miseria al Estado y se llevan un porcentaje altísimo.  Ya no digamos las explicaciones del precio de combustible y otras cuestiones que no son tema en este artículo.  Pues bien, el descontento popular se ha hecho presente, puede ser de un grupo, puede ser de toda la población, pero lo cierto es que nunca se va a ver con buenos ojos, que si hay manifestaciones, o bloqueos que se han permitido porque el Estado ha sido incapaz de mantener un orden sin represión, recurra a dictar Estados de Excepción para controlar una parte del país, esto simplemente es una forma de criminalizar el descontento popular.

De tal manera que, si en cada manifestación de un grupo poblacional el gobierno va a reprimir, en lugar de dialogar y encontrar soluciones, entonces el país va camino al autoritarismo peligroso.  El descontento popular no deberá ser criminalizado y su represión a través de este tipo de medidas lo único que demuestran es que el gobernante acepta que no hay presencia del Estado en muchos lugares del país y el fracaso del gobierno en atender las necesidades de la población siendo una medida mucho fácil para el gobernante, aliado con el Congreso la limitación de las garantías que plantearse una discusión seria sobre una nueva Ley de Mineria.

Resulta ser que áreas como la minería, generación de energía eléctrica, aguas y recursos naturales tienen un rezago grande en el país, los gobernantes literalmente “se han vendido”, para no tocar estos temas, en tanto las poblaciones no ven desarrollo en sus comunidades de donde se extraen los recursos, el caso del Estor no es aislado y quienes conocemos ese municipio entendemos del atraso social en el que se encuentra.  Pero esto sucede en poblaciones del Quiché, en donde las hidroeléctricas se establecen en ciertos lugares, pero las poblaciones aledañas carecen de energía eléctrica.  Lo vemos en la explotación de todos los recursos naturales y a los gobiernos lo único que les interesa es pactar con los industriales.  Pero se les olvida que Guatemala no es su finca, es un país que la población tiene el legítimo derecho de participar en cualquier discusión que afecte su territorio, por derecho propio, por derecho de tierra y porque al final un Estado deberá promover el bien común, no el bien de los industriales, porque este no es el bienestar común.

La revisión de leyes que regulan la minería, la explotación de recursos naturales, la generación y distribución de energía eléctrica y una ley de aguas, es urgente y necesaria en el país, para evitar que continúe el descontento popular, pero sobre todo el Gobierno deberá evitar la criminalización del descontento público, porque las exigencias ciudadanas son una expresión democrática y su criminalización y limitación, reprimiendo a través de Estados de Excepción, es el camino más expedito para llegar al autoritarismo.

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

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