Por el desarrollo de algunos la vida de muchos vale poco

Tanmi Tnam

Los politiqueros y los que controlan el poder y el dinero no aprecian la vida de la mayoría de la población que vive en las peores condiciones como impacto de la desigualdad, de la injusticia y de la acumulación de la riqueza en pocas manos.

Por cinco siglos, la experiencia de los pueblos originarios ha sido de sufrimiento, persecución y muerte por mantener un modelo económico impuesto que va en contra de la vida. Está a la vista que la riqueza de pocos se mantiene con el apoyo de los gobiernos de turno, de las fuerzas de seguridad, el silencio y el encubrimiento del liderazgo religioso con el objetivo de no cambiar las condiciones políticas y económicas actuales. La ausencia de políticos y la incapacidad de gobernar impone el estado de sitio que facilita el terror y la continuidad de saquear los recursos naturales del país y lo poco que le queda a los más olvidados. El actual gobierno no valora la vida de las personas y de la naturaleza, pero está presto para provocar más pobreza.

A los pueblos empobrecidos de Guatemala se les limita levantar la voz y presentar sus demandas cuyas respuestas deberían generar mejores condiciones de vida de estos días y el futuro. El esfuerzo de esta población se concentra en conseguir algún dinero que les sirva para vivir día tras día, no tienen posibilidades para construir una casa digna, educación para las hijas e hijos, pagar los mejores servicios de salud o la recreación familiar.

A través de los medios de comunicación se oyen discursos que hablan de la importancia del desarrollo, sin embargo, este desarrollo genera conflictos. El apoyo directo del Estado a las minerías, hidroeléctricas y monocultivos significa pobreza, enfermedades, persecución, cárcel y muerte para los pobres. El Decreto No. 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería, que está hecha a la medida de quienes viven saqueando las riquezas del territorio nacional. Esta ley en el artículo 63 establece el uno por ciento de las regalías que se debe trasladar al Estado y a las municipalidades. Este porcentaje de regalías es un verdadero insulto a todos los guatemaltecos, a los pueblos originarios, especialmente a quienes viven en los alrededores de la explotación minera que viven en miseria y en extrema pobreza, sin acceso a servicios públicos esenciales de salud, educación y conservación del medio ambiente.

En el caso de El Estor, se solicita al gobierno de Guatemala, levantar el estado de sitio y realizar la consulta de manera directa a la población Maya Q’eqchi’ afectada, a sus respectivos líderes y organizaciones propias.  A las instituciones que aspiran a construir un mejor país, a las iglesias de todos los credos, a las organizaciones locales y regionales, que exijan la realización de la consulta según las normas nacionales e internacionales y según las propias con que cuentan las comunidades locales para que den a conocer su pensamiento y su postura. Las organizaciones propias de los pueblos originarios tienen que identificar las estrategias y acciones a seguir para conservar la vida de las personas y de los elementos de la naturaleza indispensables para la existencia de todos. Sectores y pueblos de Guatemala deben detener la destrucción de la vida en nuestro país porque todos pagaremos las consecuencias en cualquier momento.

Los espacios de participación inducidas por el Estado, carecen de confianza y valor moral para representar a comunidades y personas debido a que varias de estas instancias están llenas de corrupción y se venden al que paga de cualquier forma.

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