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Una corte suprema legítima, que se acentúa en el cargo

Barataria

El retraso en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones lleva más de dos años. Lo que al principio parecía un entuerto que se resolvería con voluntad política en el Congreso de la República, resulto ser la excusa perfecta para que el organismo legislativo relegara una y otra vez la pretendida elección y con ello, al parecer la alianza entre el ejecutivo, legislativo mantiene una Corte Suprema ad hoc, complaciente y aliada cuya independencia en realidad es puesta en duda una y otra vez.  Esas alianzas insanas que se han orquestado entre el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema, es decir los poderes del Estado en los que debería de existir una separación real y un sistema de pesos y contrapesos que mantenga la organización del Estado de tal manera que no se abuse del poder, se ha convertido en un cartel destinado a saquear al país en completa impunidad y a socavar los cimientos que una vez fueron de esta república.

Al parecer, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya les han asegurado que ilegítimamente como hasta del día de hoy estarán en el poder el resto del periodo para el cual nunca han sido elegidos y que permanecen en virtud de una serie de componendas que se habían fraguado desde antes del propio inicio del proceso de postulación, el cual encontró obstáculos que fueron sumándose unos tras otros, incluyendo las argucias y artimañas, so pretexto de “purificar el proceso”, que impidieron la elección por un congreso anterior, para que viniera un parlamento más viciado que el anterior y socavará los cimientos de la democracia, extendiendo ilegítimamente un periodo constitucional, dejando a los actuales magistrados cómodos en todo el sentido de la palabra y con visos a concluir este segundo periodo, dictando resoluciones “Á la carte”, y tal parede que tendremos a una Corte Suprema ilegítima y apegada los caprichos de quienes gobiernan para resolver toda la judicialización de la política que se avecina.

Así, la Corte Suprema de Justicia, ya segura en el cargo, por los siguientes años, porque al parecer esto es parte también de la orquesta que se está dando en alinear a los poderes del Estado para terminar de minar la poca democracia que queda en el país, ya se ha “envalentonado” decidiendo de primera mano mantener el poder de traslado de jueces, retirando de esta disposición al Consejo de la Carrera Judicial, quien por mandato legal mantenía esta facultad.  Lo que ha sucedido, claro está es que ya se tiene control sobre las instituciones que podrían mantener la legalidad en el país y con ello, la Corte Suprema dispuso emitir una disposición para que el Departamento de Recursos Humanos del Organismo Judicial no acatara las disposiciones del Consejo de la Carrera Judicial.   Cierto es que el Consejo de la Carrera Judicial no es un órgano que se digne de ser eficiente, contrario a todo esto, ha resultado ser un órgano corrupto, contumaz e ineficiente tanto así, que existiendo un proceso de postulación, ni siquiera habían emitido reglamento para evaluación de desempeño, retrasando conformación de los listados y evaluando “a la carrera” a los aspirantes.  Esto es el resultado de emitir leyes casuísticas,  como la Ley de la Carrera Judicial vigente, que fue producto de una serie de fallidas reformas al sector justicia y lo único que se logró fue crear un órgano ineficiente, pero esto es lo que hay y la Corte Suprema de Justicia bien haría en apegarse a la ley.  Querer controlar el estatuto del juez, por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es un atentado a la independencia judicial, no solo porque esto limita el accionar de los jueces con absoluta independencia, sino que es sabido que la influencia que algunos magistrados, de esta y anteriores legislaturas en las decisiones judiciales son pan de cada día, así como mantener a algunos jueces en algunas judicaturas en dónde cómodamente hacen de las suyas. Para muestra un botón, en las elecciones pasadas una jueza del Juzgado de Instancia Civil de Santa Lucía Cotzumalguapa, otorgó una serie de amparos a candidatos para que pudieran inscribirse, estos no fueron dos o tres amparos, fueron más de 31 amparos resueltos, de hecho muchos candidatos iban en “romería” a plantear los amparos ante una juez que resolvía todos otorgándolos provisionalmente, la jueza sigue allí y probablemente en estas elecciones habrá otros amparos que resolverá otorgándolos provisionalmente para que los candidatos puedan inscribirse.  ¿Será casualidad? O ¿ a lo mejor la jueza, eficiente ella no quiere que se vulneren las garantías de constitucionales de ninguna persona?  Así, los Magistrados se garantizan tener sus alfiles en dónde más los necesiten.

Como colofón a este asunto, los “honorables” Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, previendo su futuro recientemente emitieron un acuerdo el numero 30-2020 en dónde reglamentan el servicio de protección de los ex magistrados de ese tribunal.  Este servicio que pretenden implementar incluye piloto y guardias de seguridad para los honorables y sufridos magistrados que, por sus resoluciones judiciales, dictadas con total independencia puedan temer por sus vidas, razón por la cual se les otorga un servicio de seguridad en los siguientes cinco años. A este servicio de seguridad, se une la contratación de un seguro de vida y otras decisiones similares.  De tal manera que la ilegitima Corte Suprema de Justicia, al parecer ya le aseguraron su estancia por los próximos años así que, sin mayor pena han decidido que sus servicios serán valiosos para mantener el estado de impunidad por los próximos años.  Así las cosas, tenemos una Corte Suprema ilegitima y que así mantiene un poder judicial sometido al poder gobernante y un Congreso complaciente que sigue ciegamente los dictados del poder gobernante. Si a ello le sumamos una Corte de Constitucionalidad cuya garantía no es la defensa del orden constitucional, sino la defensa de los intereses del poder gobernante y el Tribunal Supremo Electoral cuya Presidenta se desvive en halagos hacia el presidente del país, lo que nos espera en las próximas elecciones es más de lo mismo, este país ya no es una república, este país ha llegado a ser la finca de un grupo que habiendo “secuestrado” tantas instituciones como ha podido lo único que desean en mantenerse en el poder y continuar con los jugosos negocios que surgen del Estado.

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

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