Subsidio al gas: Populismo no solución
Evolución
A inicios de este mes el incremento en los precios del gas propano fue un tema noticioso ampliamente difundido.
Basado en los precios de referencia publicados, el precio por libra llegó a Q5.68, mientras que en septiembre era de Q4.80, lo cual implica un incremento de alrededor del 18%. Como buenos politiqueros populistas que son, los diputados al Congreso de la República no demoraron en aplicar la medida económica menos sensata, como siempre lo hacen los malos gobiernos, para apaciguar el clamor de la población que no tiene noción de las consecuencias económicas negativas de estas medidas populistas, y cuyo razonamiento se limita a pensar que “el gobierno ha hecho algo para reducir el precio de un bien de consumo masivo”, sin conocer las causas del incremento, las consecuencias contraproducentes de la medida, ni las soluciones más adecuadas, así sean políticamente incorrectas. Esa medida consiste en un subsidio por un monto que asciende a Q150 millones, que se gastarán en tres meses, es decir, de aquí a febrero del próximo año, el cual será entregado a las empresas que envasan el gas, bajo el supuesto que dichas empresas tendrán la obligación de trasladar esa subvención hasta el consumidor con una reducción en el precio. Se reporta que el subsidio será de ochenta centavos de quetzal por libra, lo que equivale a casi un 17% del precio de septiembre. Eso equivale a que con ese monto se pueden subsidiar 187.5 millones de libras, lo que equivale a alrededor 5.35 millones de cilindros de 35 libras, para que se haga una idea.
Empecemos por lo obvio, que para muchos no es tan obvio. ¿De dónde salen esos Q150 millones? Pues no pueden salir de otro lugar que no sean los impuestos que paga la población. En ese sentido, la medida equivale a decirle a la población: “denme Q150 millones y con eso, que es su propio dinero, yo les voy a pagar parte del costo del gas”. En ese sentido, no hay un centavo de ahorro para la población, puesto que, aún aquellos que formalmente no tributan, pagan impuestos al consumir. Luego está el problema de la efectivad. El dinero presuntamente se entregará a las empresas que comercializan el producto, supuestamente bajo el compromiso que reducirán el precio al consumidor en el monto subsidiado. Surgen las preguntas ¿Qué garantías existen para que esto se cumpla? ¿Qué certeza se puede tener que el subsidio será aplicado en su totalidad, que no se diluya parte del mismo en los costos de las empresas y la reducción del precio sea menor? ¿Qué mecanismos de control existen para que el gobierno no haga una piñata de estos fondos, sobre todo en un país como éste donde la corrupción es rampante? Y así podríamos seguir haciendo cuestionamientos que develan lo absurdo de esta medida politiquera. En un contexto más amplio, ¿por qué habría de privilegiarse a empresas que comercializan gas propano, a costa de incrementarle el costo de vida a una parte de la población que tiene que absorber el costo del subsidio con los impuestos que paga? Para las decisiones económicas, quizá el costo más importante es el costo de oportunidad, es decir, se considera qué usos alternos se le puede dar a un recurso para tomar la decisión en cuanto a cuál es el mejor uso que pueda dársele, tomando en cuenta que los recursos siempre son limitados. ¿Cuál sería el efecto económico, por ejemplo, en lugar de que tuviésemos que pagar Q150 millones en impuestos para dárselos al gobierno para que se los de a las empresas que comercializan gas, esos recursos se hubieran quedado en nuestros bolsillos y fuésemos nosotros quienes decidiésemos cómo utilizarlos de forma más eficiente y en nuestro propio beneficio, en lugar de beneficiar a empresas específicas y a políticos corruptos? El efecto neto de todo subsidio siempre es una pérdida social neta y en éste, como en cualquier otro caso, una buena solución hubiera sido reducir o eliminar los impuestos que gravan la importación del producto para verdaderamente provocar una disminución generalizada de los precios en beneficio de la población, a diferencia de mantener impuestos que sólo benefician a políticos corruptos y a los intereses que éstos privilegian.
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