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La justicia no es ciega… Solo tiene los ojos vendados

Barataria

Este sistema de judicial hace mucho dejó de promover el Estado Constitucional de Derecho.

Desde tiempos inmemoriales en la cultura griega la diosa Temis, siempre representó el orden y las leyes, de allí que se fue relacionando con la justicia y su representación era a través de una mujer, blandiendo una espada en una mano y con una balanza en la otra y curiosamente tiene una venda en los ojos.  Para muchos la justicia es ciega, sin embargo, en realidad tiene los ojos vendados en algunas ocasiones, no siempre, pues bien valdrá considerar que no siempre mantiene esa venda en los ojos.  En los últimos días el Ministerio Público ha sido protagonista de una serie de acciones que demuestran que cuando se busca instrumentalizar el sistema judicial no se está actuando apegado a derecho ni se está persiguiendo la aplicación de la justicia.

La justicia es un valor absoluto y no acepta medias tintas, el derecho tiene su función social en la integración de la sociedad y, a través de las normas jurídicas, equilibrar aquellos aspectos de la sociedad que requieren ese equilibrio en las diversas relaciones sociales entre todas las personas.  Sin embargo, la instrumentalización de las instituciones encargadas de que el aparato judicial funcione en el país, es demasiado nefasto porque agudiza el acceso a la justicia y presupone la toma de ventaja de personas o grupos para favorecerse y buscar la coerción, coacción y con ello la acción u omisión de los sectores a quienes se les busca reprimir.

De los Tribunales de Justicia no hay mucho que hablar, ya que no contamos con Cortes legítimas, sino que los Magistrados de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones están allí usurpando los cargos por más del periodo constitucional que les ha correspondido y que al día de hoy permanecen ilegítimamente en el poder debido a un contubernio sucio, denigrante y vergonzoso con los diputados aliados en el Congreso y el actual presidente, apoyados incondicionalmente con una Corte de Constitucionalidad “ad hoc” y la Fiscal vigilante. Todas estas instituciones y sus funcionarios a cargo, están complacidos de tener magistrados eficientes al momento de resolver a su favor y revertir las resoluciones que les son molestas, por lo que este sistema de judicial hace mucho dejó de promover el Estado Constitucional de Derecho.

Pero, como dije anteriormente, la justicia no es ciega, claro que mira y mira muy bien, se levanta la venda de vez en cuando, observa por la mirilla debajo de la venda y entre la nariz, para decidir a quien perseguir y a quien procesar.   El Ministerio Público recientemente inició una persecución penal en contra de varios empleados y funcionarios del INSIVUMEH, institución que gozaba de buena administración en otro tiempo, aquellos del señor Eddy Sánchez, hasta que los políticos y funcionarios carroñeros llevaron a personas indeseables a los principales cargos de la institución para iniciar un saqueo vergonzoso de 30 millones de quetzales.  Lo sorprendente de este caso es que, entre tanto se libró una orden de captura sobre más de 18 personas, el mismo ministerio público indica que “el cabecilla del saqueo” es el Diputado Jorge García Silva y casualmente ni su esposa ni su asesora en el Congreso, también involucradas han sido capturadas (¿fuga de información?), lo peor de todo es que el Ministerio Público fiel al parcialismo que le ha caracterizado en este tiempo , no ha promovido antejuicio contra el susodicho diputado, a pesar que en la misma audiencia de primera declaración, ha argumentado a los cuatro vientos que el Diputado García Silva es parte de esta trama.  Entonces: ¿La persecución penal es para algunos o para todos? ¿Habrá que esperar hasta que terminen de utilizar al Diputado García Silva votando por la Junta Directiva, por el presupuesto, por el proyecto de carretera de peaje a puerto quetzal y otros más para que se le presente antejuicio o se esperara a que se apacigüen las aguas? La instrumentalización de la persecución penal no es justicia en ningún país del mundo y la Fiscal General, vigilante de los intereses de los grupos obscuros es la responsable de esto.

De que la justicia en Guatemala no es imparcial, no es ciega, sino que ve muy bien y no tiene los ojos vendados, es claro en Guatemala, recientemente el Ministerio Público tras un “arduo” trabajo de aproximadamente un año, “logró la importante captura” de la señora Nancy Paola Cinto, acusada de los daños ocasionados al edificio del Congreso de la República en noviembre 2019.  La señora Cinto, fue una de las personas agredidas por la Policía Nacional Civil en aquella manifestación y hay videos que lo prueban, independientemente de lo que sucedió en aquel noviembre de 2019 y el proceso que se le seguirá a la activista de derechos humanos, lo triste es la recurrencia en como el Ministerio Público, es selectivo en la persecución penal, no cambió en nada con el Ministerio Público de Thelma Aldana, sino que ahora se persigue de igual manera.

Hace poco la Corte Suprema de Justicia anunció con bombos y platillos que dio trámite a un antejuicio planteado por el Ministerio Público Vigilante, en contra el Diputado Aldo Dávila por un altercado con un Agente de la Policía Nacional Civil, los hechos de todos conocidos en realidad no dan lugar a pensar mas que este tipo de persecuciones espurias, ilegítimas y políticas tienen como común denominador limitar el accionar de aquellos, que como el Diputado Dávila ha buscado la forma de mostrar los sucios negocios en el Congreso, transmitiendo en vivo desde esas instalaciones y mostrando cómo una Junta Directiva negocia votos tardándose hasta dos horas en su fracasado intento.  Pero esta ilegítima Corte Suprema se ha negado y no le ha dado trámite a múltiples antejuicios planteados en contra de Diputados cuyas actuaciones están ligadas a actos de corrupción y saqueo de los bienes del Estado.

En un Estado de Derecho no se admite la instrumentalización de las instituciones de justicia, porque se pierde ese valor tan vital para preservar el equilibrio social.  La forma en que el sistema de justicia ha actuado desde hace años, pero especialmente desde el año 2016 en adelante, ha causado un deterioro significativo en la aplicación de la justicia, ese parcialismo para perseguir a unos, mientras que otros están tranquilos y campantes, esa forma en que delitos menos graves se presentan como grandes hechos y delitos gravísimos se dejan sin persecución, hacen que la justicia no exista en Guatemala.  Una aplicación parcial de las leyes, una persecución selectiva y las resoluciones judiciales “ad hoc” y complacientes, no ajustadas a derecho sino a los requerimientos de aquellos a quienes los jueces y magistrados se avasallan para conseguir permanecer en los cargos es una forma vergonzosa de instrumentalizar los valores más supremos a los que aspiramos todos los seres humanos, y la justicia, utilizada como medio de persecución para los opositores, como mecanismo de coerción para los diputados y como medios para permanecer y apropiarse del poder público es el peor de todos los crímenes, porque se limitan todas las demás garantías a las que aspiramos como miembros de esta sociedad guatemalteca.  Los que un día aplaudieron la instrumentalización de la justicia en pro de la lucha contra la corrupción, hoy en día no pueden más que aborrecer la parcialización de la justicia en pro de los corruptos, porque ambos lados al final solo fueron caras de la misma moneda que era hacerse con el poder político, por ello, hoy en día unos en el exilio y otros en prisión aún, están lamentando tales hechos.

Guatemala, está al borde de que la judicialización de todos los actos que conlleven la negación de todos los derechos, ha pasado en muchos países en Latinoamérica, en los que en aras de garantizar derechos se han terminado violando tales derechos y la instrumentalización de la justicia como un medio para agenciarse y mantener el poder político nada trae de bienestar al país, porque el día de mañana veremos una resolución más de la Corte Suprema, una resolución más del Tribunal Supremo Electoral y las constantes resoluciones definitivas de la Corte de Constitucionalidad estableciendo derecho que no existe, aplicando normas inexistentes, interpretando de acuerdo a los dictados de los grupos de poder y el país a la deriva al fin y al cabo, ya han quienes están considerando este país como una finca en la que pueden hacer lo que quieran porque ya tienen a todo el sector justicia a sus pies haciendo lo que ellos dicen, al final y al cabo, mientras unos continúan ilegítimamente en sus puestos  y seguirán así al final de otro periodo como los Magistrados de la Corte Suprema, otros han sido designados y electos para integrar un Tribunal Constitucional y con ello se ha secuestrado a la justicia, que no solo ve muy bien, sino que tampoco tiene vendados los ojos a ellos les interesa que se fije sobre quienes deberá aplicar la ley dura y sobre quienes deber aplicarse la ley blanda.

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