Con ojos de pueblo

Tanmi Tnam

Los pueblos se valen de sus organizaciones e instituciones para velar por la vida en común lo que supone alcanzar el desarrollo, la justicia y la paz para todos.

Las instituciones públicas están creadas para concretar los fines del Estado en todas las regiones tratando de usar con transparencia los recursos disponibles en ofrecer servicios públicos de calidad y pertinencia cultural.

Al observar las acciones del Estado en aldeas, caseríos, cantones y lugares alejados de los centros urbanos, es fácil identificar pocas acciones con efectos palpables en el bienestar de las personas en estos contextos. El Estado debe tener presencia a través de los servicios públicos del gobierno de turno que está obligado a planificar y ejecutar acciones con resultados medibles para las necesidades y aspiraciones de los pueblos de Guatemala.

Cuando se cuestiona el quehacer del Estado acerca del orden y el bienestar del pueblo, se observa que para los pueblos originarios, el poder y las decisiones en manos de los gobiernos de turno y a la luz de los hechos que se viven, el poder se vuelve, en muchos casos, en contra de esta población, por ejemplo, en el caso de la persecución que viven las personas que defienden los derechos a la vida, al territorio, al bienestar y a la libertad de decir y actuar. Se les señala de alterar el orden y de desobedecer las leyes que defienden otros intereses. Por demandar el cumplimiento de los derechos a la vida, al territorio, a la tierra y a mejores condiciones de vida, muchos líderes y lideresas sufren efectos de acciones violentas de entidades del Estado. Para el gobierno de turno lo aceptable es no hablar, no denunciar, no señalar, no organizarse.

Cuando se trata de conservar y defender los pedacitos de tierras que quedan en manos de familias empobrecidas, las instituciones de control, seguridad y orden del Estado se vuelven en contra de esta población, se aprueba el despojo sin misericordia de lo poco que queda como tierras comunales y las tierras que utilizan las familias para su sobrevivencia. El despojo que sufren muchas familias y comunidades tiene consecuencias lamentables debido al daño a la vida de ancianos, adultos, niños y niñas. En esta realidad no se puede invocar el derecho a la alimentación, al derecho a vivir en paz y al derecho a la justicia. 

Las acciones lamentables de instituciones específicas del Estado bajo orden o silencio del gobierno de turno, se concretan a favor de la operación de compañías internacionales sin ofrecer ninguna confianza ni esperanza a la población que siendo de Guatemala recibe acciones de miedo y terror para atender intereses del gran capital.

La mayoría de las instituciones del Estado no permite que los pueblos originarios pidan la palabra para exigir respuestas concretas a los derechos individuales y colectivos. A los pueblos se les señala de dividir y bloquear el desarrollo del país. Mantenerlos marginados de todo beneficio del Estado es lo que más se observa.

El pensamiento y práctica que orientan la planificación y ejecución de los servicios públicos de salud, educación y medio ambiente, no reconocen a los pueblos originarios y las pocas acciones que llegan a la localidad están cargadas de racismo, discriminación y desprecio. La cobertura es muy baja y la calidad no asoma. Es deber de los pueblos evaluar de manera conjunta el funcionamiento de las instituciones públicas y con los procedimientos legales y legítimos al alcance solicitar las modificaciones, eliminarlas o crear nuevas instituciones que respondan a las aspiraciones democráticas y de desarrollo de todos.

Lea más del autor:

La necesaria educación política