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BLOQUEOS: Síntoma de las causas de nuestra pobreza

Evolución

Esta semana nos tocó sufrir nuevamente las inclemencias de un grupo de inadaptados sociales, de los tantos que hay en este país, que acostumbran a usar la violencia contra sus semejantes como método de presión para que se les conceda un privilegio o beneficio a expensas del resto, o para que se les exima de respetar una norma a la cual debe someterse el resto. Por supuesto, con la también habitual complicidad e inacción del gobierno, que con su usual permisividad alienta estas conductas ilegítimas e ilegales. Tomo el ejemplo reciente para iluminar nuestra realidad, aquella que nos tiene condenados al subdesarrollo y que nos aleja de una prosperidad sostenible.

El berrinche de los infelices de turno, en este caso personas que prestan servicios de transporte, se debe a que no quieren que se les aplique una normativa que los obliga a contratar un seguro de daños a terceros para cubrir las responsabilidades en que habrían de incurrir gracias a sus temerarias conductas sobre nuestra miserable infraestructura vial, o a su irresponsabilidad en no dar un mantenimiento adecuado a sus vehículos en cuanto a cuestiones tan elementales como los frenos, por ejemplo.  Ello, bajo el desgastado argumento de que no cuentan con los recursos para hacerlo. En realidad, todo usuario de vías, que son bienes públicos, debe internalizar el costo de las externalidades o daños que pueda ocasionar a terceros, y la contratación de un seguro es una manera eficiente de hacerlo. Pero veamos el panorama más amplio de nuestra realidad.

En parte, el argumento no deja de tener cierta razón en el sentido que, gracias a medidas populistas, las tarifas de los servicios de transporte de personas están reguladas y limitadas. Pero, para darle al consumidor la ilusión de que se le está dando un beneficio con una tarifa baja, que puede estar incluso debajo del costo real, por otro lado se le obliga a pagar un subsidio que va directo al bolsillo de aquellos privilegiados a quienes se les ha dado licencia o permiso para prestar estos servicios. Se quejan de las tarifas, pero no dicen nada de los subsidios, ni de su oligopolio. En resumen, un esquema completamente distorsionado por intervención gubernamental sin sentido, donde la solución evidente sería permitir la libre competencia en la prestación de estos servicios a precios de mercado. Pero ese no es el fin de la historia. La contratación de seguros en Guatemala es en esencia relativamente más cara. Ello se debe a que las compañías aseguradoras locales lograron para sí un mercado cautivo cuando por vía de la legislación se prohibió que aseguradoras extranjeras, así sean de reconocida reputación mundial, operen en el país, de manera que las locales quedaron protegidas de la competencia extranjera. En términos sencillos, a menor oferta, más altos los precios. Otro claro ejemplo serían los altos y múltiples impuestos a los combustibles que sólo benefician a políticos corruptos y que encarecen el costo del transporte. Y así podría seguir dando ejemplos de cómo una serie de políticas públicas absurdas provocan efectos nocivos en la economía. Volviendo al tema de los privilegios, con éste, como con otros tantos, se transfieren rentas de la población general para el beneficio de los grupos específicos favorecidos, lo cual, inequívocamente, tiene un efecto empobrecedor, lo que nos conduce de regreso al problema de una población que no puede generar riqueza suficiente para siquiera pagar el costo razonable de un servicio de transporte colectivo adecuado, con todos los costos que ello debe incorporar.

En resumen, la conducta que predomina en el país es la de buscar el privilegio o la exención del cumplimiento de normas generales y aplicables a todos. Algunos, gracias a sus medios, poder o influencia, lo hacen por la vía de incidir en los políticos para lograr legislación y regulaciones favorables a sus intereses, mientras que otros burdamente recurren a la violencia y demás fechorías para procurar sus objetivos, en ambos casos, muchas veces con la complacencia de la población que hasta llega a creer que ello es en su beneficio. En todo caso, es nuestra estructura y cultura política la que conduce e incita a la búsqueda de rentas y privilegios en favor de intereses específicos y, en todo caso, son estas actitudes y políticas una de las principales causas de nuestra pobreza y subdesarrollo.

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