A propósito del “TESTIGO A” Algunas interrogantes

Evolución

A raíz de la noticia ampliamente difundida sobre las presuntas declaraciones del denominado “Testigo A” reproducidas por un medio digital extranjero, a modo de tener un mejor discernimiento de los hechos, de lo que se conoce, y lo que no se conoce, así como para contar con un criterio objetivo, planteo las siguientes observaciones e interrogantes.

El medio reporta que la declaración se grabó el 18 de mayo de 2021 en una audiencia de anticipo de prueba, como parte de una investigación de la FECI que se abrió en octubre de 2020 derivado del hallazgo de 22 maletas con Q122 millones en una casa en Antigua Guatemala que había sido arrendada al ex ministro de comunicaciones, José Luis Benito. El medio reporta que la audiencia se grabó bajo reserva en presencia de la Jueza del Juzgado de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, dos fiscales y una abogada defensora. Otro medio reportó que se trata de una abogada de la defensa pública penal. Se presume que esta diligencia se habría dado dentro del proceso judicial en el cual se conoce dicho hallazgo, y dentro del cual, no fue sino hasta el 11 de febrero de 2022 que el exministro Benito fue ligado a proceso, lo que implicaría la presencia de una defensora pública como formalismo, sin presencia de sindicados concretos. Este es un punto que, lógicamente, habrá que determinar.

Una pequeña digresión: parte del derecho de defensa de todo sindicado implica estar presente en todas las diligencias dentro de un proceso, a modo de poder hacer valer su defensa. En Guatemala se ha dado la costumbre de realizar diligencias de anticipo de prueba, sin presencia de los sindicados, las cuales con posterioridad se presentan como pruebas dentro del debate, sin la posibilidad de la examinación cruzada que requiere todo proceso acusatorio, lo cual hace cuestionar la idoneidad de estas diligencias y si en realidad su práctica cumple con el debido proceso que se debe respetar a todo ciudadano. En todo caso, el principio es que diligencias de anticipo de pruebas solo deban darse ante la imposibilidad de que se puedan producir en durante el debate y respetando siempre el derecho de defensa. La realidad es que en Guatemala el Ministerio Público, en general, así como los propios juzgados, escasamente han respetado este principio, incluidos muchos casos de impacto. Esto podría, incluso constituir la base para argumentar vicios del proceso, lo que podría hacer peligrar dichas persecuciones penales.

Volviendo al tema, según la grabación, el testigo indica que asistió a una reunión en la que el ahora presidente Giammattei y el entonces secretario del partido Vamos, Giorgio Bruni, hablaron por vía telefónica con Benito para confirmar un aporte de Q20 millones a cambio de que éste permaneciera como ministro de comunicaciones al menos un año. El medio también reporta que una segunda fuente en el equipo de campaña de Giammattei corroboró la existencia del acuerdo. Evidentemente Benito no fungió como ministro en la actual administración, por lo que no se puede argumentar que dicho quid pro quo se haya materializado en esos términos. Eso no necesariamente implica que de haber existido una red de corrupción que involucra a determinadas empresas constructoras, la misma no se haya mantenido durante la actual administración. De lo que se sabe, las preguntas que deben responderse como producto de la investigación serán, primero, si efectivamente Benito entregó alguna suma de dinero a la campaña de Giammattei. De haberse dado, cuál era el origen de esos fondos, así como si los mismos fueron incorporados a la campaña debidamente o si el presunto aporte constituye financiamiento electoral no registrado. Y si hay evidencia de prácticas corruptas en el ministerio de comunicaciones que se deriven de presuntos acuerdos con el exministro.  Ello, para tener mayor claridad en cuanto a qué delitos pudieron haberse cometido y quiénes serían los responsables en dado caso.

Estas son solo algunas de las preguntas que debemos formularnos y cuyas respuestas, incluso, quizá no lleguemos a conocer, considerando las circunstancias actuales bajo las cuales opera la FECI. Y a la vez, existen también cuestionamientos que debemos plantearnos respecto de este tema particular, y a lo largo de todo este proceso, las cuales dejo para una próxima ocasión.

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Alejandro Baldizón

Abogado y Notario, catedrático universitario y analista en las áreas de economía, política y derecho.

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